Los primeros 20 días de la LXIII Legislatura de Tlaxcala han transcurrido con más pena que gloria, debido a la falta de oficio político de la mayoría de las personas que cobran como diputados.
Los integrantes de la Legislatura tuvieron casi tres meses para preparar el trabajo de inicio de su mandato constitucional y no dejar pasar los días sin dar resultados a la ciudadanía, pero de lo poco que han realizado es condenable que no se apegue al marco legal.
La parálisis en ese poder sigue la inercia con la que se desempeñaron sus antecesores y, desde luego, las violaciones legales han sido el talante de los representantes populares que llegaron a la curul gracias al arrastre de sus candidaturas por la imagen de Andrés Manuel López Obrador.
La declaración del presidente del Comité de Administración del Congreso, Rafael Ortega, de que los diputados no disminuirán su salario en lo que resta de 2018 va en sentido contrario a lo que impulsa el presidente electo de México, pues aquél argumenta que el presupuesto del Congreso ya está autorizado.
Como no se trata de un beneficio para los diputados, es fácil decir que ya está etiquetado el presupuesto, pero como ejemplo de la ambición que invade a quienes llegan al Palacio Legislativo está el caso de sus antecesores que reformaron la ley para que pudieran disfrutar de los excedentes de los recursos federales que lleguen a Tlaxcala.
Los diputados tienen la facultad de reformar el gasto del Congreso para disminuir sus dietas, pero por lo anunciado por el diputado la cosa no va por ahí. Primer incumplimiento a una promesa de AMLO a los ciudadanos, a través de terceras personas.
Otros pendientes son la designación de titulares de áreas en el Congreso, ya que a la fecha solo lo han hecho en la Secretaría Administrativa, medida que se apresuró para tener el control en el manejo de los recursos.
Hasta este martes solo tres iniciativas de reforma se han presentado, pero ninguna ha sido aprobada. Recuerden que viene la carga de trabajo de fin de año.