Aunque sin precisar el número, la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, María Guillermina Loaiza Cortero reconoció que diversos ayuntamientos están interesados en adquirir acudir a la banca de desarrollo para adquirir préstamos para concretar proyectos para sus municipalidades.
En entrevista, la diputada de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reconoció que luego de que el Congreso local autorizó a las autoridades de los municipios de Apizaco y Apetatitlán de Antonio Carvajal, la adquisición de deuda pública, otras Comunas ya han solicitado información al respecto.
“Son varios los alcaldes, síndicos e integrantes de cabildos que han solicitado información para conocer el trámite y los alcances, así como requisitos para la adquisición de empréstitos y nosotros, con gusto les hemos dado la información a fin de que, si están en sus condiciones e interés, puedan tramitar su petición”, refirió.
Abundó que la deuda que adquieran los municipios debe ser para obras y acciones de beneficio social, no para gasto corriente o pago de deudas anteriores, por lo que, cualquier solicitud al respecto, deberá contar con el proyecto para el que se destinarían los recursos provenientes de crédito.
De acuerdo con la Constitución Política local, en el caso de los ingresos que se obtengan por contratación de obligaciones o empréstitos por el Estado y los municipios, deberán destinarse a inversiones públicas productivas y se sujetarán a las prescripciones establecidas en la propia legislación.
Además, prevé que toda contratación de obligaciones o empréstitos deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura local, en los términos siguientes: Para el gobierno del estado no podrán ser mayores al 20 por ciento del equivalente al presupuesto anual del estado durante el ejercicio fiscal respectivo.
Y en el caso de los municipios, la adquisición de deuda será en un porcentaje no mayor al 15 por ciento en relación a su presupuesto correspondiente, con la salvedad de que no podrán contratar nuevos créditos si existen adeudos derivados de este concepto.
Aunado a ello, los municipios deberán establecer que la fuente de financiamiento para el pago de dicho empréstito será con recursos del Fondo General de Participaciones federales, mismo que no deberá exceder el 15 por ciento del presupuesto de egresos del municipio correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, dependiendo el año de contratación del crédito y éste deberá inscribirse en el Registro Único Público de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Tlaxcala a cargo de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala y ante el Registro Público único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En todos los casos, en caso de que contraten las deudas, deberá liquidarlos en un plazo no mayor de dos años, por lo que, es decir, antes el 28 de agosto de 2024.