Viernes, febrero 14, 2025

Complicidad entre clase política fortalece corrupción e impunidad

Complicidad entre clase política hace que la corrupción e impunidad en lugar de disminuir aumente, ya que la alternancia en los gobiernos municipales, locales y federales ha llevado a que este cáncer en lugar de ser atacado, sea promovido como una forma de vida entre quienes han arribado al poder con la transición a la democracia.

Una de las constantes es que a pesar de los discursos en contra de la corrupción, las medidas que realizan organismos internacionales muestran que la corrupción en México en lugar de disminuir aumenta, y ello como producto de la complicidad entre la clase política y de ésta con los empresarios que se convierten en proveedores y contratistas en los cuatro niveles de gobierno.

Quienes representan a los diversos grupos de intereses que se cuelan por la vía de la representación popular en los congresos locales y en el Congreso de la Unión buscan por todas las vías “descafeinar” cualquier iniciativa que obligue a los funcionarios a transparentar su actuación y rendir cuentas.

Dado el nivel de molestia que registra la población, durante las campañas políticas los candidatos declaran en contra de la corrupción y la impunidad, y proponen una y mil formas para combatirla, pero son los primeros que no cumplen, en campaña, ni siquiera sus promesas.

Esto es fácilmente detectable entre las y los ocho candidatos al gobierno de Tlaxcala: compiten tres senadoras, un diputado local, un ex diputado federal, un ex secretario de Gobierno y ex diputado federal y dos funcionarios del sector educativo y ¡ninguno! hizo declaración  3de3 mientras estuvo en funciones y como candidatos sólo dos de ellos ha cumplido a la fecha.

Amparo Casar lo dice con todas sus letras: “La única explicación a esta realidad es que los nuevos jugadores de la política han encontrado en la corrupción y la impunidad un modo de vida y que les resulta más rentable no llamar a cuentas a los adversarios si estos tampoco los llaman a cuenta a ellos” (2015).

Corrupción e impunidad se extienden con la alternancia

En México: anatomía de la corrupción, María Amparo Casar (CIDE–IMCO, México, 2015) expresa que “los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los pocos o muchos intentos para reducirlos han sido un fracaso.” Y anticipa que una explicación puede ser la complicidad entre la clase política.

A nivel internacional se han desarrollado indicadores para medir la corrupción, entre otros: Índice de Percepción de la Corrupción, Barómetro Global de Corrupción, Índice de Fuentes de Soborno de Transparencia Internacional, Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Latinbarómetro, Reporte de Integridad Global de Global Integrity, Indicadores Globales de Competitividad del Banco Mundial e Índice de Estado de Derecho de World Justice Project

México es reprobado por el Banco Mundial “con una calificación de 39 (sobre 100) en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, o sea, uno de los países más corruptos. La situación no es alentadora para México ni cuando se le compara con países miembros de Organismos Internacionales a los que pertenece ni tampoco cuando se le compara con países de características similares…” (Casar, 2015).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también percibe a México “como el país más corrupto de la” OCDE y “el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (2014) ubica a México entre los 20 países donde los servidores públicos son más corruptos” (Casar, 2015:12).

“Lo que sorprende –destaca Casar– en el caso mexicano es que la corrupción y su inseparable compañera la impunidad, lejos de haber disminuido con el fortalecimiento de la pluralidad y la introducción de pesos y contrapesos se hayan extendido o, en el mejor de los casos, mantenido”, con lo que se confirma la complicidad entre la clase política.

Casar se imagina que: “Si la ciudadanía observa que las autoridades están siendo las primeras en cumplir la ley, que en caso de no hacerlo existe la posibilidad de hacer una denuncia, que en caso de ser encontrado culpable el funcionario va a ser sancionado y que la ley no hace distingos, entonces los ciudadanos comenzarán a tener respeto por la ley.”

La iniciativa ciudadana 3de3

Para enfrentar la complicidad entre la clase política, varios organismos de la sociedad civil empujaron a inicios de 2015 una iniciativa llamada 3de3 con lo que se busca ser un primer paso, demandando a los candidatos a diputados federales a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, que después se amplía a todos los funcionarios públicos y representantes populares, pero que ha tenido poca respuesta.

La 3de3 aprovecha la coyuntura del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se constituyen en parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del que deberán derivarse dos leyes generales, una de ellas referida a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que la 3de3 adquiere el sentido de la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esta iniciativa destaca que “todo servidor público está obligado a respetar los principios constitucionales de legalidad, honradez, imparcialidad, lealtad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y objetividad en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Asimismo, todos los sujetos obligados por esta ley deben mantener los más altos estándares de ética y responsabilidad a fin de resguardar la función pública que le es inherente al Estado. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas tienen la obligación de evitar y denunciar la comisión de cualquier falta administrativa a la que se refiere esta ley, aportando los elementos de prueba a su disposición.”

La complicidad entre clase política tlaxcalteca

A pesar de la convocatoria, ninguna de las tres senadoras que hoy compiten como candidatas al gobierno del estado respondió al llamado y los únicos que lo ha hecho como candidatos son Marco Antonio Mena del PRI y Adriana Dávila del PAN, los dirigentes del PRD, por ejemplo, han estado más atentos en cuestionar el patrimonio de esta candidata que en cumplir con este compromiso.

De los aspirantes a la diputación federal en 2015, los que cumplieron con este compromiso ciudadano fueron sólo los candidatos del PRI, que a la postre resultaron ganadores y hoy se desempeñan como legisladores en el Cámara de Diputados: Edith Anabel Alvarado Varela, Ricardo David García Portilla y Rosalinda Muñoz Sánchez.

La complicidad entre la clase política puede observarse en quienes han hecho caso omiso de esta demanda ciudadana: la ex senadora, ex diputada y ex candidata al gobierno del estado por el PRD y actual diputada federal del PAN, Minerva Hernández no presenta la 3de3, y su correligionario el diputado Juan Corral Mier ni siquiera se ha dado cuenta de que existe esta posibilidad.

Las ex integrantes de la LII Legislatura federal también denotan esta complicidad entre la clase política: la ahora panista y en ese entonces diputada priista, María Guadalupe Sánchez Santiago y las ex diputadas panistas: Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez y Leonor Romero Sevilla no presentaron su 3de3, ni el perredista Edilberto Algredo Jaramillo, actual candidato al gobierno del estado.

De los legisladores locales, los presidentes municipales y el gobernador no hay ni que hablar en razón de que ninguno de los 32 diputados, ni uno solo de los 60 presidentes municipales y el Ejecutivo local, todos por terminar su periodo, fueron capaces de mostrar cierta disposición a hacer públicas sus declaraciones.

Pero la complicidad entre clase política se repite, cuando una de las candidatas al gobierno del estado declara: “lo único que pueden procesar es por empobrecimiento inexplicable. Estoy dispuesta, por supuesto, pero no se debe declarar solamente lo que tenemos, sino que también debiera decirse de dónde procede el patrimonio, cómo se hizo, porque yo conozco por ahí algunas personas que ya hasta se van a jubilar y nunca han trabajado. Sí le han tundido duro a 70 años de poder en Tlaxcala, por generaciones”.

Otra de las candidatas a gobernadora asegura que “en breve lo estemos haciendo… porque queremos ser muy precisos en la información”, pero han pasado 20 días y no ha cumplido aunque promete crear una fiscalía anticorrupción para “denunciar a los malos servidores públicos y no habrá impunidad para ellos. Con la fiscalía vamos a atacar la impunidad que tanto daño le ha hecho a Tlaxcala… no más mordidas, no más mochadas para la agilización de cualquier trámite público, porque un buen gobierno, sin pretextos, no puede conducirse de manera deshonesta”.

Lo que confirma que “la única explicación a esta realidad es que los nuevos jugadores de la política han encontrado en la corrupción y la impunidad un modo de vida y que les resulta más rentable no llamar a cuentas a los adversarios si éstos tampoco los llaman a cuenta a ellos” (Casar 2015).

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