Como en el cuento famoso, existe una gran diferencia entre cómo las autoridades perciben los contextos de nuestro estado, y los niveles a los que han llegado las problemáticas locales y nacionales. Pretender que la falta de conocimiento profundo sobre estas problemáticas sea la justificación para negarse a atenderlas como realmente se necesita y no contemplar otras miradas para comprender en su totalidad los delitos cometidos contra las mujeres, parece más una irresponsabilidad y capricho, pues por décadas no han sido sólo las instituciones quienes atienden o acompañan a las mujeres y familias que son víctimas de delitos de género, lo que lleva a mirar solo de forma parcial esta realidad.
Confundir “menor número de casos de violencia feminicida” con “el estado más seguro”, ha sido uno de los errores que nos ha costado la vida todos los días de mujeres y hombres en Tlaxcala, de todas las edades. Sentir orgullo de estas estadísticas, aleja a las instituciones del esfuerzo e interés por erradicar todo tipo de violencia, por ofrecer una atención especializada y el acceso a la verdad y la justicia por los delitos ocurridos. Durante muchos gobiernos se ha alterado su realidad al centrarse únicamente en ser el “menos peor”, en un país que se ubica en los primeros lugares del mundo en delitos como la trata de personas, el abuso sexual infantil o el feminicidio, como si esto nos libra de los riesgos de vivir cualquiera tipo de violencia.
Sin embargo, el negar y querer ocultar esta realidad por querer crear una imagen que no existe, demuestra una total falta de ética y principios ciudadanos y políticos, pues las instituciones deben garantizar el acceso a todos los derechos desde la igualdad y con el fin de contar con un desarrollo pleno, no sólo para unos cuantos.
Los instrumentos que existen para medir los niveles de violencia o que muestran el número de delitos cometidos en el país, están diseñados para conocer los contextos específicos y construir política pública estratégica para su prevención, atención, sanción y erradicación; pero, además, para construir un sistema de justicia de acuerdo con las necesidades que se plantean a través de cada situación en específico, encaminadas a la reparación integral del daño y la garantía de no repetición; no para minimizar los riesgos que vivimos de ser víctimas de cualquier delito, de encontrarnos en medio de la delincuencia organizada, de la misoginia vigente en la estructura de la gran mayoría de los hombres, que violentan, asesinan, amenazan, violan, desaparecen a las mujeres y niñas o explotan sus cuerpos y su sexualidad.
Por ejemplo, la información más reciente de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2021) informó que en Tlaxcala siete de cada 10 mujeres de 15 años y más han vivido una o varias formas de violencia a lo largo de su vida; sin embargo, no siempre denuncian debido a la falta de confianza en las instituciones, a la falta de información sobre cómo actuar o ante la falta de acceso a estas instituciones por diversas razones. Esta encuesta ha sido un instrumento que ha permitido conocer cada cinco años la prevalencia de la violencia, la cual no ha disminuido y que no ha sido atendida de forma integral y especializada. Cualquier modalidad de violencia debe denunciarse, atenderse y sancionarse, no es normal, no es menor, no se puede medir en grados; no tendría por qué aceptarse, y mucho menos, cuando éstas ocurren, dejarlas en la impunidad, pues precisamente esto es parte de la violencia feminicida que culmina en feminicidios.
Desafortunadamente, los gobiernos, tanto a nivel estatal como federal, han utilizado algunos datos para pretender que no existe un problema grave, con informes a modo para manejar narrativas que minimicen la gravedad y para continuar designando presupuestos en otros intereses y no en atender las deudas históricas para las mujeres, lo que ha llevado a que el problema de violencia feminicida se recrudezca cada vez más, pues los contextos de desigualdad también han llevado a que las autoridades no estén dispuestas a poner atención a los verdaderos problemas.
Creer que las cifras salidas de instituciones gubernamentales reflejan la verdad, solo demuestra falta de criterio, así como de compromiso por profundizar en las realidades, además de que les resulta cómodo para el actuar institucional, de simulación y de color naranja, pues esta información se genera a través de las carpetas de investigación iniciadas en las instituciones de justicia; un sistema que ha practicado por muchos años la corrupción, la clasificación inadecuada de los delitos y la falta de acceso a la justicia. Pero, además, el no contar con instrumentos adecuados como protocolos especializados para lograr encuadrar los delitos en su justa dimensión, ha llevado a que algunos de los delitos ni siquiera logren judicializarse, existiendo una gran diferencia entre los delitos denunciados y los que llevan un proceso con alcance a la justicia; ese es otro contexto que lleva a una cifra negra bastante amplia que no permite informar de manera adecuada sobre la gravedad de estos problemas.
La violencia feminicida no es sólo estadística, es el resultado de una serie de omisiones, incompetencias y falta de disposición para modificar el contexto, pues sobre las vidas que se han perdido como resultado de esta violencia estructural, sistemática e institucional, ni siquiera se está hablando, ni si quiera se contiene a las familias que han perdido a una mujer por la falta de atención institucional que no cuenta con ninguna estrategia profunda.
Así como se esfuerzan en difundir sus “cifras bajas en violencia feminicida”, no dedican el mismo esfuerzo en atender de forma pronta los juicios de las carpetas de investigación iniciadas, aún con la información difundida de forma “oficial”, existen niveles de impunidad hasta del 98 por ciento, lo que ha demostrado que la disposición por atender la violencia feminicida con el mismo interés que el que tienen por disfrazar el contexto de riesgo para las mujeres por un lugar seguro. Pues seguimos con sentencias insuficientes por estos delitos, más aún, no existen acciones contundentes por garantizar a las mujeres y sus familias la reparación integral del daño.
El nivel de tolerancia y permisibilidad gubernamental ha llevado a un intento por querer hacernos parte de su país de ilusión, un mundo de su propia creación.
*Colectivo Mujer y Utopía A.C.