Comité de Atención a Personas Adultas Mayores es una propuesta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Para lograr su propósito tiene que resolver algunos desafíos.
El primero: los niveles de actuación de los organismos. La Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores determina que el organismo rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores es el Inapam.
El Sistema Estatal DIF está a cargo de la coordinación, planeación, programación, presupuestación y, en su caso, ejecución de los programas y acciones de asistencia social. Según la Ley de Asistencia Social del Estado de Tlaxcala.
El Comité debe decidir cómo conjugar y conjuntar a los sujetos de derechos humanos versus los sujetos de asistencia social. Tiene que resolver cómo armonizar la normativa que regula la actuación del Inapam y DIF estatal.
El segundo es la articulación del diseño institucional–organizacional, porque casi todas las dependencias de los tres niveles de gobierno tienen responsabilidades para con los problemas y necesidades de las personas mayores. Pero en su mayoría las obvian.
El tercero tiene que ver con el diseño programático. Por la estructura sectorial del gobierno, las dependencias realizan las mismas acciones duplicando o multiplicando con gran desperdicio de recursos humanos y financieros.
El cuarto es el financiero. Hasta ahora la prioridad la tiene la pensión del bienestar, y en esa lógica la atención de las personas mayores es fundamentalmente responsabilidad del gobierno federal. Lo que hace que el DIF se concentre en lo asistencial.
Quizá, lo mas urgente que debe hacer el Comité, para actuar de manera racional, es conceptualizar y cuantificar el problema público de las personas mayores. Porque hasta ahora, éste se presenta “heterogéneo, disociado, desactualizado y disperso”.
Esto es un eco de lo reflexionado en el 8º. Congreso Internacional Envejecimiento en América Latina.