La tramitación que el gobierno de la 4T hizo en torno al pasado, sus víctimas y sobrevivientes de las atrocidades de los años 70 y 80, se dio a través de una orden presidencial: abrir al público los espacios en los que se cometieron detenciones clandestinas, tortura y desaparición forzada de personas, esta respuesta había sido ya implementada por el PAN durante su segundo sexenio en el poder.
Con la inauguración del Circular de Morelia 8 en la colonia Roma norte, comenzó la política gubernamental de memoria. El Circular de Morelia fue el primer intento de tramitación que el gobierno del cambio implementó en relación con la denominada guerra sucia.
Optar por la medida memorística sin ningún tipo de justicia simbólica o restaurativa se convierte en una práctica política hueca, vacía de todo contenido. Así sucedió después de la primera transición o alternancia, ante las omisiones de Justicia Transicional, se optó por establecer el Museo Memorial 68 y, paralelamente, la apertura para la consulta pública de los archivos que por décadas estuvieron en las galeras secretas del Estado.
La Iniciativa Política de Verdad y Memoria continuó su curso, la Secretaría de Gobernación instituyó una página oficial llamada “Sitios de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”. En esta página fue colocado el primer informe de actividades del Circular de Memoria 8, videos conmemorativos del Circular de Morelia con testimonios de sobrevivientes e hijos de desaparecidos, testimonios sobre la represión del Estado en el jueves de corpus o Halconazo, un documental intitulado “La herencia más dolorosa” en el cual se compilan testimonios de sobrevivientes de la guerra sucia, así como notificaciones sobre el derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, reparación y a la no repetición.
La 4T y sus nuevos burócratas y especialistas han olvidado, o no saben que el fenómeno tiene más de tres décadas de ser abordado y, que uno de los dilemas más importantes en la agenda política de estos estudios, no es la revisión o la validación, sino responderse tres cuestionamientos ya anteriormente señalados: ¿qué recordar, para qué recordar y cómo recordar?
Ante la violencia perpetrada en el presente, el régimen de la 4T lanzó una convocatoria para que la ciudadanía participe en el fortalecimiento del proyecto llamado “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas”. El objetivo de este proyecto consistió en involucrar las voces de la sociedad civil y la ciudadanía en la construcción de instrumentos, políticas públicas y procedimientos para la búsqueda, identificación y localización de personas desaparecidas y no localizadas, para que colaboren con la Comisión en la elaboración del Protocolo. Las autoridades sostuvieron que era una buena oportunidad para generar espacios de diálogo y retroalimentación. Aunque este proyecto se echó a andar y se convocaron reuniones nacionales con representantes institucionales y de la sociedad, los tiempos burocráticos, el ritmo de las instituciones encomendadas para afinar la metodología y el aparato legal, así como las demandas de los colectivos y familiares de víctimas no se empalmaron, los tiempos fueron disímbolos y pocos los avances en esa materia.
En esta segunda alternancia o transición política seguimos manteniendo el mismo dilema de hace dos décadas, la misma encrucijada en torno al pasado, al pasado presente y el presente: ¿Qué se debe hacer con una historia reciente repleta de víctimas, perpetradores, cuerpos enterrados en secreto, miedo penetrante y negación oficial? ¿Acaso ese pasado debe de ser exhumado, preservado, reconocido y objeto de disculpas? ¿Cómo puede una nación de enemigos volver a reunirse y reconciliar a antiguos adversarios en el contexto de una historia violenta que muestra heridas con frecuencia terribles y aún sangrantes? ¿Qué hay que hacer con los cientos de miles de asesinos que siguen en libertad? ¿Cómo puede un nuevo gobierno evitar que esas atrocidades se repitan en el futuro? y ¿puede una sociedad construir un futuro democrático sobre la base de una historia cegada, negada u olvidada?
Hipotéticamente, se puede contestar nuevamente no. No lograremos responder estos cuestionamientos ni establecer un sistema de justicia adecuado a la nueva realidad mexicana, no a través de las disposiciones que el gobierno de la 4T ha implementado para enfrentar los legados de violencia, horror y dolor del regímenes del pasado y que siguen vigentes en lo que va de su gestión.
Vivimos en un presente en el que el proceso transicional se abrió nuevamente con la llegada de la 4T, pero se percibe en el horizonte una lejana posibilidad de concretar una transición acompañada de una justicia prolongada o definitiva. Los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado y en el presente parecen ser minúsculos ante el incremento del conflicto y la ascendente violencia que ha vulnerado sistemáticamente el Estado de derecho de los mexicanos ante una justicia siempre ausente. La justicia ha sido y es una asignatura pendiente ante la impunidad y las violencias como que persisten con pocas variaciones.
Tanto en el pasado como en el presente se ha pretendido tramitar el pasado desde una perspectiva monetarista de la justicia basada en el reparto equitativo de los recursos económicos.
La apuesta de los gobiernos transicionales o postransicionales en México han apostado por conformar un corporativismo del olvido, una forzada organización o unidad, como si se tratara de un sindicato de dolientes, se anhela democratizar su dolor y ejercer una justicia monetaria y corporativa.
Estas estrategias han romantizado también el camino a la verdad, se le aleja de todo interés político y jurídico, la experiencia de la ausencia se negocia y disemina como demanda en los espacios públicos, se descolectivizan las demandas, se individualiza a través de una excesiva monetarización.
Las tramitaciones del pasado siguen siendo un lastre para la justicia transicional y postransicional, los debates se han cerrado una y otra vez, mientras se conmina la creación de organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles para consolidar mediadores del dolor, en la que la fórmula para solucionar las demandas prioriza el papel del Estado, los mediadores civiles o no gubernamentales y el recurso económico otorgado a los familiares de las víctimas.
Esta medida económica de resarcimiento eliminará a mediano y largo plazo la categoría de desaparecido, ponderará la categoría de víctima y forjará la ilusión de una justicia a través del corporativismo del olvido. Así se va preparando el camino para consolidar un perdón sufragado, no habrá, por ahora, justicia y resarcimiento.