Una vez más, locatarios del mercado municipal de Tlaxcala, “Emilio Sánchez Piedras”, solicitaron una audiencia con el alcalde de la capital del estado, Alfonso Sánchez García, a fin de regularizar sus pagos de las concesiones de los espacios que ocupan en dicho espacio comercial.
A través de un documento que enviaron al Poder Legislativo y que está firmado por Antonio Mendieta Cuapio, Pablo Osorno Flores, Carolina González Aguilar y Neri Mendieta Muñoz, entre otros, los locatarios nuevamente mostraron su disponibilidad para pagar lo correspondiente a este ejercicio fiscal.
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Además, solicitan a la autoridad municipal “simplifique y agilice los trámites, sin que se cometa abuzo en lo general, especialmente en los montos económicos, para una pronta regulación de los pagos de concesión del mercado municipal de Tlaxcala”.
En su solicitud, el grupo de comerciantes quienes buscan retomar la comunicación con el actual gobierno municipal, destacan la necesidad de operar de manera regular en el mercado, pues es un importante motor económico.
Incluso, muestran disposición de sumarse al plan de gobierno de Sánchez García en lo que respecta a la gestión y administración del mercado, pues para ellos representa su fuente de ingreso.
Además, recalcaron su compromiso no solo con sus obligaciones fiscales, sino también con el desarrollo social de la comunidad, pues consideraron que su actividad comercial reactiva en cierta medida la economía de la capital.
Por todo lo anterior, esperan que se les brinden las facilidades para regularizar su situación y que el mercado municipal recupere su actividad, tras años de incertidumbre y falta de atención gubernamental.
El interés de los locatarios es pagar la concesión de este año, toda vez que desde 2022 este sector ha tenido problemas para cubrir su cuota que ampara su derecho de concesión, por lo que piden se simplifique y agilice los trámites, sin que haya abusos en el cobro.
Ante este panorama, solicitaron que se resuelva esta problemática y se evite caer en más actos de omisión durante el proceso de regularización y que no se violenten sus derechos o sufran un abuso de autoridad.