Viernes, julio 19, 2024

CNDH: Tlaxcala es origen y tránsito de trata de mujeres con fines de explotación sexual

Del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021, fueron identificadas 120 víctimas de trata con fines de explotación sexual en Tlaxcala, la mayoría son mujeres, y se confirma que el estado es lugar de origen y de tránsito de este delito, ya que 83 por ciento de ellas son originarias de esta entidad y el resto nació en otra, puntualizó Juan Manuel Mosteiro Alarcón, director general del Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El funcionario participó en el foro virtual “Políticas Públicas Educativas para la Erradicación de la Trata de Mujeres y Niñas en Tlaxcala”, organizado por el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. y la Diócesis de Tlaxcala.

Subrayó que a la trata “se le tiene que ver como lo que es, una violación a  los derechos humanos de las personas, más allá de un delito”, para generar un presupuesto, proteger, prevenir y atender a las víctimas, y no perder la visión de las instituciones involucradas en la atención, pues en el caso de esta entidad “existe un comité interinstitucional que debe trabajar en estas políticas públicas”.

Dijo que en torno a este problema existen varios mitos, pero también realidades; “en muchas ocasiones nos hemos enfrentado a que las autoridades no reciben las denuncias porque consideran que la víctima está por su voluntad o que se fue con el novio por gusto y que su desaparición es por su decisión, cuando sabemos que es una de las formas de enganchamiento y que debería ser una de las primeras líneas de investigación”

Explicó que en el diagnóstico realizado en el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021, está enfocado a la procuración y administración de justicia, a fin de conocer cuántas víctimas accedieron  a este derecho.

En este periodo “solo” se detectaron tres mil 896 víctimas en el país, de las cuales dos mil 934 corresponden a mujeres, 798 a hombres y en164 la autoridad no identificó el sexo, lo cual es “delicado”, ya que es importante la sistematización de datos, para generar cifras y diagnósticos que permitan atender la problemática y proteger derechos humanos con base en especificidades.

Aunque –aclaró- en el caso de quienes sí fue precisado el sexo, no significa que sus derechos hayan sido garantizados. Agregó que de la totalidad de mujeres, mil 045 son niñas de menos de 18 años, y de la de hombres, 505 son menores de edad.

“La mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres y niñas, ese es un dato que se ha repetido desde organismos internacionales, organizaciones e investigadores; es importante reiterar que siguen siendo el principal objetivo de tratantes”.

Pero –destacó el ponente- también es importante visibilizar a los hombres y niños que son víctimas de trata en el ámbito sexual, explotados, captados con este fin; sin embargo, hay sesgos que limitan la denuncia.

Existe una ‘cifra negra’ de víctimas, pues hay quienes no pueden denunciar o muchos casos no llegan a institucionalizarse, o bien, porque a veces las autoridades no conocen el tema, discriminan o actúan con sesgos de género; hay ocasiones en las que a las adolescentes “se les ve como mujeres adultas que deciden sobre su vida”, indicó.

Remarcó que además de la modalidad de explotación sexual hay otras que deben visibilizarse de la misma manera y ampliar la gama para hablar sobre el tráfico de órganos, de mendicidad ajena, entre otras.

Asimismo, resaltó que se debe empezar a desmitificar entorno a este delito “que es captar, trasladar, entregar y recibir con fines de explotación, más la explotación”, pues en el caso de Tlaxcala donde hay una situación específica documentada, se tiene que hablar de política pública que tiene que generar el estado origen de las víctimas.

“Cuando voy a diversos foros del país y empiezo a hablar del tema, dicen, ¡ah, es eso que pasa en Tlaxcala¡, y entonces se centrifica en un solo espacio… pero no podemos decir que en el resto de la República no existe, tenemos que visibilizar que hay lugares de origen, tránsito y destino, y recordando que si hay trata es porque hay consumidores”.

Por ello, instó a otras entidades a dar a conocer la situación que enfrentan por este problema y qué es lo que hacen para evitar que tengan víctimas originarias así como la atención que les bridan. “Si no hay una política nacional, estatal ni municipal, todos los esfuerzos podrían romperse”.

Agregó que con base en el diagnóstico, 93 por ciento de víctimas son mexicanas, por lo que la trata “está siendo local”, pero tampoco “podemos dejar fuera a las extranjeras”.

Del total de víctimas en el país durante el periodo analizado, nada más hubo 328 sentencias, “¿qué pasó con todas las demás, por qué sus casos no llegaron a judicializarse?”. Precisó que se iniciaron 664 causas penales, de las cuales se dictaron 263 sentencias definitivas y entre estas hubo algunas absolutorias, por lo cuestionó que tal vez en estas “no hubo una debida integración de la carpeta de investigación o no se pudo demostrar el agravio.

Añadió que dos mil 211 personas fueron señaladas como imputadas; de ellas, 27 por ciento son mujeres, 57 por ciento hombres y en el resto se desconoce el sexo.

Advirtió que a las mujeres se les “está  empezando a utilizar para cometer la trata de personas, y la gran pregunta es ¿cuántas de ellas en lugar de ser victimarias podrían ser víctimas; qué estamos haciendo como Estado mexicano al respecto?, pues pudieran ser sentenciadas” como responsables de este ilícito, de ahí que se debe aplicar un enfoque de género para resolver este tipo de asuntos y con base en la ley.

En cuanto a la situación de Tlaxcala, acentuó que fueron identificadas 120 víctimas, de las cuales 99 por ciento son mujeres y niñas, por lo que se replica la tendencia nacional. La totalidad de ellas son mexicanas, 83 por ciento nacidas en la entidad y el resto en otra.

“El fenómeno termina haciendo de este estado un lugar de tránsito, donde se captan en otros lugares para traerlas aquí, amenazarlas, embarazarles, casarse con ellas; generar todo un proceso; cuando empiezan a ser del mismo estado, se vuelve un punto de origen”.

Entre esas 120 personas se encuentra una de origen indígena, una con discapacidad, una es de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgéro, Travesti, Intersexual, Queer y más (Lgbtttiq+) y una migrante en tránsito.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que hay 51investigaciones, de las cuales tres son averiguaciones previas del sistema de justicia anterior y 48 son carpetas del modelo actual. “Todas se iniciaron por explotación en la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, no hay otras modalidades de la trata, por eso es importante visibilizar qué pasa con el trabajo forzoso, con la mendicidad ajena, hay que darle un vuelco a la manera en que se atiende”.                               

Mientras que el Poder Judicial precisó que hay ocho víctimas, derivadas de sentencias condenatorias; la totalidad son mujeres de nacionalidad mexicana, pero no especificó la edad de cada una de ellas. Solo hay dos personas sentenciadas por este ilícito. “Tenemos el mismo sesgo federal”.

Apuntó que para este diagnóstico, además de preguntar a las Procuradurías y Fiscalías de Justicia, también se pidió información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues es muy relevante la investigación sobre el tema del dinero, porque muchos tratantes no utilizan grandes cuentas bancarias para poder agrupar las ganancias obtenidas de la trata, sino desde pequeñas y en bancos más accesibles.

Recalcó que desde la CNDH se concluye que las víctimas no son identificadas ni atendidas, lo cual genera impunidad, no hay sanción para el que comete el delito; hay falta de acceso a la justicia y reparación del daño.

Durante la contingencia por Covid-19 –enfatizó- se detectó que en 2020 había un mayor número de víctimas, comparativamente con años anteriores; está documentado que la pandemia sí afectó porque las víctimas fueron captadas y explotadas.

“Pero diversas autoridades no adaptaron estrategias ni planes… es importante que las Procuradurías y Fiscalías elaboren y apliquen protocolos y que las especializadas lo sean realmente y que el presupuesto no sea una limitante”.

Por su parte, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, apuntó que vía solicitud de información, la PGJE contestó que se han recibido 61 denuncias por explotación sexual, en el periodo enero-octubre de 2021; de estas, 34 fueron anónimas, 22 por comparecencia y cinco por otra modalidad.

“Resulta preocupante que de todas estas, solo se inició una carpeta de investigación, nada más 1.6 por ciento alcanzó este estatus, lo cual es terrible porque muestra un modus operandi permanente y sistemático… y que la integración de la carpeta es ineficaz”.

En este foro también participó Karen Sharon Martínez Velázquez, de la Unidad de Género y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de la SEPE-USET.

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