Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), advirtió del riesgo de que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Tlaxcala quede solo en un checklist (lista de chequeo) con pocos impactos.
Dijo que sería lamentable que el discurso de esta nueva administración en torno a este mecanismo decretado el 18 de agosto del año pasado, no vaya más allá, pues refirió que así se ha visto en otros casos en los que el Estado no comprende la forma en que debe incorporarse para que su política pública no vaya contra las agresiones que sufren las mujeres, para que la mejoren y tenga continuidad.
Expuso que en el caso de las órdenes de protección “siguen siendo negadas”, incluso la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha respondido que no las puede otorgar y remite a las personas a sus respectivos municipios para tramitarla.
Mencionó que así sucedió aproximadamente un mes posterior al inicio de esta nueva administración estatal, pues el CMU brindó acompañamiento por violencia de pareja. Sin embargo, la víctima no tenía confianza en las autoridades municipales porque ellas conocían a su agresor, de ahí que difícilmente le brindarían el resguardo solicitado, pese a que ya había sido amenazada y temía pasar la noche de manera insegura.
La también activista cuestionó que la propia PGJE haya negado un servicio adecuado y que prevalezcan las mismas prácticas de gobiernos anteriores, aun cuando –añadió- la procuradora (Ernestina Carro Roldán) hablaba de que haría una limpia.
Insistió en que no solo se trata de quitar o colocar a personal sino de cubrir los perfiles requeridos para mejorar la atención a la población usuaria, con capacitación y sensibilización, ya que ha habido casos que la misma PGJE canaliza al CMU para tratamiento psicológico.
Por ejemplo –añadió- el Centro de Justicia para las Mujeres no atiende las 24 horas, desafortunadamente las mujeres llegan en la noche y no son recibidas; en la PGJE solamente les toman su declaración, pero no existe atención integral para disminuir los riesgos que pudieran enfrentar las víctimas.
Mencionó que a partir de este mes de enero, el CMU reanudará el ejercicio de petición de órdenes de protección, a efecto de conocer cuántas han sido brindadas, y posteriormente se enfocará a la actuación de policías, pues no atienden los llamados de auxilio.
Consideró contradictorio que hace unos días las autoridades difundieran información relativa a la recuperación de tres camionetas, dos de ellas en menos de 20 minutos con la movilización de elementos de seguridad de cinco municipios, “y que persista insensibilidad para dar protección en casos de violencia familiar”.
Atribuyó esta situación a que la perspectiva de género no se ha transversalizado en las instituciones públicas, por lo que las agresiones hacia la población femenina “se siguen normalizando o minimizando, con un trato discriminatorio”.
En días pasados –añadió-, los medios de comunicación difundieron la nota de que el estado es el más seguro; sin embargo, antes hubo otra en el sentido de que ocupaba el segundo lugar, aunque para las mujeres no lo era porque Tlaxcala estaba en quinto sitio a nivel nacional en acoso y hostigamiento sexual, el noveno en violencia familiar y el décimo quinto en violencia de pareja.
Apuntó que pese a existir un discurso oficial de atención a la violencia contra mujeres, no se dice cómo, ya que se afirma que la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) aporta en la erradicación de este problema con algunas acciones como campañas, pero que en la práctica carecen de profundidad.
Remarcó que se requiere de planes de trabajo integrales, de materias sobre el tema y de todo un plan estratégico que no solamente incluya pláticas y capacitación a pocas personas. “Sería desafortunado que se repitiera la fórmula del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, de únicamente promesas”.