El presupuesto de egresos de la Federación es electorero y busca generar clientelas a favor del partido en el gobierno, y propiciará la opacidad en la asignaciones de beneficios, advirtieron legisladores federales y locales del PAN, así como alcaldes y dirigentes de este instituto político.
En conferencia de prensa, la cúpula estatal panista mostró la inconformidad que persiste en torno a la validación del presupuesto, al afirmar que existen reducciones económicas en rubros y programas sociales prioritarios para la ciudadanía, a cambio de privilegiar programas sociales con fines clientelares y electorales.
En cambio, lamentaron que los recortes millonarios a diversos rubros como campo, seguridad, salud, educación e inversión productiva en infraestructura, así como reducción del gasto a poderes al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República, lo que generará “problemas en corto plazo”.
La senadora Minerva Hernández Ramos reprochó que la aprobación amañada del presupuesto, pues consideró que éste “solo genera desconfianza en el país, en el partido que gobierna y dejó en claro que las cosas se hacen en tiempo y forma de lo que diga el presidente, así sea en violación directa a la Constitución”, ellos por la aprobación después del 15 de noviembre.
Abundó que si bien, el gobierno federal le apuesta a un crecimiento en la captación de los recursos públicos, a realidad es que “la recaudación está en picada”, como son los impuestos Sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA), y que solo hay un crecimiento en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Por todo ello, en especial por el carácter “electorero” del presupuesto, Hernández Ramos propuso que la Auditoria Superior de la Federación revise la gestión financiera de los programas del anexo 6 del Presupuesto, que corresponden a los programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, por un supuesto manejo irregular de los recursos, que de comprobarse, “deberán promoverse las acciones legales correspondientes para sancionar las faltas graves o delitos cometidos”.
Por su parte, la diputada federal Adriana Dávila Fernández explicó el proceso de aprobación del presupuesto, el cual se realizó afuera de la Cámara de Diputados porque “las instalaciones estuvieron tomadas por movimientos ciudadanos integrados por campesinos, trabajadores y el sector educativo”, ente otros, en contra de la distribución de los recursos federales contemplados en el presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fiscal.
“Porque este presupuesto es obviamente un presupuesto amañado”, acusó la legisladora panista al tiempo que evidenció que el presupuesto fue puesto a disposición de los diputados sólo unas horas antes de subirlo a aprobación y no tuvieron tiempo para analizarlo y revisar a detalle la distribución de los recursos.
La legisladora denominó estas prácticas como “terrorismo legislativo” por lo que se negó a asistir a la sesión donde se aprobó el presupuesto federal 2020 en la Cámara de Diputados, ante diversas violaciones normativas legislativas.