Con el reproche de “en Tlaxcala ¿para cuándo?”, activistas feministas reiteraron su exigencia de despenalización del aborto en el estado, pues desde hace cinco años el Congreso local mantiene en la congeladora su iniciativa para la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
A propósito del 28 de septiembre Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, integrantes de colectivas se plantaron nuevamente frente a Palacio Legistalivo para remarcar su demanda, pues la entidad tlaxcalteca continúa en omisión a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Actualmente el aborto ya es legal en 14 estados: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Querétaro, y hace unos días activistas de San Luis Potosí consiguieron un amparo que obliga al Congreso de ese lugar a despenalizarlo, por lo que de concretarse ya serán 15, lo que representaría casi la mitad de entidades.
En este sentido, Rosario Texis Zúñiga, directora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Tlaxcala), puntualizó que la promoción del amparo ha sido la única vía para la legalización de la interrupción del embarazo en otros estados.
Sin embargo, refirió que van a insistir en que su iniciativa sea integrada al programa de la nueva Legislatura local, pues buscarán sentarse con todas y todos los diputados para exponer su propuesta.
Recriminó que las dos diputadas (Madaí Pérez Carrillo y Aurora Villeda Temoltzin) que se asumieron como parte de la diversidad sexual para llegar al Congreso, no tengan en su agenda este tema. Cuestionó que es grave que ellas “usurparan” una identidad de género, pues esa comunidad ha expresado que no las reconoce; aunque, consideró que lo es más el hecho de que no lleven asuntos en esta materia.
Durante su protesta, las activistas exigieron que se garantice la libertad de decisión “sobre nuestro cuerpo, ya que, seguir mirando al aborto como delito atenta contra los derechos humanos y, de manera específica, en contra de los reproductivos”.
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Resaltaron que el aborto seguro y efectivo existe, ya que en el caso de este estado el procedimiento se brinda de manera autogestionada, con medicamentos y por medio de redes de acompañantes, colectivas y feministas que hacen posible “lo que el Estado no quiere”.
Insistieron en que es urgente que se generen condiciones para atender la interrupción del embarazo desde los servicios de salud.
Recalcaron que la despenalización es “una deuda histórica para las mujeres y personas con capacidad de gestar”, pues de esta manera disminuye el riesgo de muerte ante complicacionespor procedimientos inseguros.
Recordaron que la SCJN resolvió en 2021 que en México es inconstitucional criminalizar a las personas que deciden abortar, pero que en 2007 la Ciudad de México sentó un precedente al ser la primera entidad en despenalizar.
Lamentó que en Tlaxcala prevalezca una actitud de “ojos y oídos omisos y criminalizadores” y que, por el contrario, “las y los legisladores de Tlaxcala se han pasado por el arco del triunfo esta obligación y siguen jugando con los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
Recalcaron que la clase política utilice este tema solamente para posicionarse, en lugar de dar prioridad a un derecho fundamental como lo es a decidir, y repasaron que en el año 2019 presentaron una iniciativa y en 2021 se volvió a subir a tribuna, pero pese a los intentos de algunas diputadas y las exigencias de la Ddeser-Tlaxcala y otras colectivas, “no se logró ningún avance”, por lo que en esta nueva Legislatura nuevamente se requiere de voluntad.
Por tanto, lanzaron un llamado a las y los nuevos legisladores, así como a tomadores de decisión del Estado, a que se comprometan y cumplan con lo que ya ha mandatado la máxima corte del país, al igual que a lo establecido en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Tlaxcala, en el marco jurídico internacional y en la Agenda 2030.
A las y los diputados les exigieron la aprobación inmediata de la despenalización; que garanticen derechos sin anteponer sus creencias religiosas o morales; que se comprometan a impulsar una agenda de género durante su periodo y que se capaciten e informen sobre el tema, “antes de emitir una opinión basada en sus prejuicios”.
De enero a mayo del presente año, la Ddeser-Tlaxcala había registrado alrededor de mil 500 abortos, en los cuales brindó acompañamiento; de acuerdo a sus estadísticas, el mayor número correspondía a personas de 25 a 30 años de edad, seguido del de 19 a 24 años, y observó que 60 por ciento de casos fueron causados por fallas en anticonceptivos o por decisiones propias, ya que el embarazo no estaba en el plan de vida, sobre todo de mujeres de 25 a 30 años.