“Tlaxcala sí existe, y claramente la trata de mujeres y niñas también”, aseguró el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local (CFJG), quien exigió al gobierno estatal reconocer a este flagelo “tal como ocurre” y la operación efectiva y coordinada del Programa Estatal en esta materia, con mecanismos de monitoreo.
En el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, demandó a las autoridades que asuman su responsabilidad y obligación, pues considera que el gobierno “busca mostrar la imagen” de una entidad “grata al turismo y a la inversión, y para ello ha pretendido minimizar” esta problemática.
A través de un posicionamiento, esta organización civil reprocha que pretender invisibilizar este flagelo “no elimina el problema, sino por el contrario, lo acrecienta”.
Refiere que el gobierno estatal “ha pasado por encima” de leyes estatales, nacionales e internacionales que determinan la responsabilidad que tienen ante esta forma extrema de violencia hacia las mujeres.
Subraya que el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022–2027, no fue creado exclusivamente por el Consejo Estatal respectivo, “sino en gran medida desde la sociedad civil y personas de la academia”.
Remarca ya fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del estado, debido a la insistencia de diversos grupos y académicos, por lo que actualmente se encuentra vigente y este documento significa un eje que determina políticas encaminadas a enfrentar este grave delito.
“Sin embargo, no basta con haberlo suscrito o emitido oficialmente, si éste no se opera de manera coordinada, y se definen indicadores para evaluar su cumplimiento. Han pasado seis meses de su emisión y no se han implementado acciones que ahí se mandatan”, resalta.
Recalca que para que este Programa funcione, “lo esencial y básico es que, en primera instancia, la gobernadora (Lorena Cuéllar Cisneros) y su gabinete reconozcan la gravedad de la trata de mujeres y niñas en la entidad”.
Pero –enfatiza– ha ocurrido lo contrario, ya que la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, durante su comparecencia ante el Congreso local en enero pasado, realizó aseveraciones “que mostraron la reducida visión del gobierno sobre la problemática, además de proporcionar datos confusos sobre la atención” de este ilícito.
Expone que otro elemento que muestra “la inaceptable falta de reconocimiento del problema por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, es que el Presupuesto de Egresos estatal para el ejercicio fiscal 2023, en el rubro destinado a la prevención, sanción y erradicación de la trata de personas, establecido en el artículo 43, “no está vinculado al Programa Estatal”.