Sábado, febrero 8, 2025

Propone Ruiz cárcel a periodistas y funcionarios que publiquen indicios de procedimientos penales

Con el objetivo de proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y combatir la violencia mediática de género, la diputada local de Morena, Lorena Ruiz García propuso al pleno del Congreso local sancionar, hasta con ocho años de cárcel, a la persona servidora pública, periodistas, youtubers, representantes de medios de comunicación que difunda, publique indicios relacionados con procedimientos penales.

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La legisladora, quien el año pasado, a través de las redes sociales denunció la presunta retención de su esposo y padre de sus hijos, José Alberto N o Carlos N, y después resultó que se trató de su detención por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), busca adecuar el artículo 187 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Su propuesta, presentada este jueves en la primera sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones, planteó establecer una “multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona que de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, señalados por la ley como delito”.

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Incluso, propuso que las sanciones aumenten en una tercera parte, sí la información que se difunda sea con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

La diputada de Morena justificó su propuesta al asegurar que ésta tiene su origen en la “Ley Ingrid”, bautizada así por el caso de Ingrid Escamilla, asesinada y desollada en 2020 por su pareja, cuyas imágenes fueron filtradas por servidores públicos.

En la exposición de motivos, Ruiz García indicó que “en la actualidad, la información se expande y se transforma a través de las redes sociales de varias maneras. Una de ellas, es, cuando alguien publica un contenido en una red social, ese contenido puede ser compartido por otros usuarios, lo que permite que la información se difunda rápidamente a un gran número de personas.

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Además, consideró que la exposición de imágenes de las víctimas en los medios de comunicación y redes sociales puede afectar negativamente a sus familiares y seres queridos. “Ver a su ser querido siendo expuesto de esa manera puede causarles un gran dolor, vergüenza y angustia, aumentando su sufrimiento y dificultando su proceso de recuperación y  la exposición de las víctimas en los medios de comunicación y redes sociales puede afectar también a la investigación y al proceso judicial. La difusión de imágenes de la víctima puede comprometer la integridad de la investigación, puesto que puede influir en los testimonios y pruebas presentadas en el juicio. Además, puede poner en peligro la seguridad de la víctima y obstaculizar la labor de las autoridades para garantizar su protección.

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Enfatizó que ante esta nueva era, en la que la información llega a miles de personas en tan sólo unos segundos, “es importante proteger a las víctimas de un delito de ser expuestas en fotografías en redes sociales y medios de comunicación por varias razones. En primer lugar, la difusión de imágenes de una víctima puede causarle un daño emocional y psicológico considerable, revictimizándola y perpetuando su sufrimiento. Además, puede violar su privacidad y dignidad, exponiéndola a juicios y críticas públicas que pueden resultar muy perjudiciales.

Por ello, estimó, es de vital importancia proteger a las víctimas de ser expuestas en fotografías en redes sociales y medios de comunicación.

Cabe mencionar que la propuesta de la diputada Lorena Ruiz García fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local para su estudio y análisis correspondiente.

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