Los y las exdiputadas locales con denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) deberían separarse del cargo que ostentan en el gabinete legal y ampliado de la administración estatal, para enfrentar a la justicia, consideró José Isabel Juárez Torres, coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP) en Tlaxcala.
Así se pronunció respecto de los señalamientos que pesan contra excongresistas por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades durante sus funciones, como se establece en una de las carpetas de investigación.
Confió en que todas las pruebas aportadas por la contraparte sean valoradas debidamente, pues “hay elementos suficientes para hacer un juicio que, desde nuestra óptica, resultará con culpabilidad por el mal ejercicio del dinero”.
Lamentó que ahora esos exdiputados “estén amparados en un manto de la administración pública estatal”, por lo que subrayó que una vez que esas denuncias se resuelvan “haya un castigo ejemplar”.
Sin embargo, añadió que la sanción también debe extenderse hacia los expresidentes municipales, particularmente al de Atlangatepec “porque durante los cuatro años ocho meses de su periodo se incrementó la inseguridad, la delincuencia; y —dijo— leí que lo demandaron por presunto enriquecimiento ilícito”.
No descartó que esta sea la misma situación en que se encuentran “muchos munícipes más”, a quienes se debe imponer “un castigo ejemplar, no puede ser que se postulen pidiendo el voto de la gente ofreciendo hacer bien las cosas y lo único que hacen es enriquecerse, abusar del poder. No puede ser”.
Acentuó que los representantes populares “dejen el cargo con tranquilidad” y, además, “les den un premio” para continuar dentro de la administración pública, por lo que deben separarse de ese puesto asignado por la gobernadora Lorena Cuéllar, para “enfrentar a la justicia con un nombramiento, con recursos y protección; lo más justo debe ser eso”.
Las acusaciones en su contra son del dominio público por el supuesto uso incorrecto del dinero y “son un mal ejemplo, sobre todo en este gobierno en el que se pregona el no robar, no mentir ni traicionar”, acentuó.
Juárez Torres remarcó que el sector campesino fue uno de los afectados por la administración irregular de los fondos creados en la pasada LXIII Legislatura local y reiteró que la administración de recursos públicos no es función de las y los congresistas. “Ya se vio que son presas de la corrupción “.