Cuando los candidatos tocan a nuestras puertas para pedir el voto y les preguntamos sobre los principales problemas que enfrenta nuestro estado o municipio y qué piensan hacer frente a ellos, la reacción inmediata y constante es la de divagar, mostrar plena ignorancia o proponer las mismas medidas de siempre, aunque nunca hayan funcionado. Con eso dan muestra de que sus intereses son contrarios a los que las comunidades y colectivos organizados demandamos históricamente. Esto sucede porque, al menos en las últimas décadas, quienes han sido candidatos o candidatas no fueron nombradas en asambleas comunitarias de las que retomen las demandas ciudadanas, y tampoco han participado en movimientos que les permitan tener un conocimiento profundo de las problemáticas, así como de sus potenciales soluciones.
En Tlaxcala hay una serie de problemas históricos que no se han atendido, entre ellos los siguientes:
Crisis hídrica e incumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Control de sustancias tóxicas industriales en tierra, aire y agua.
Incremento de enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer y los daños renales.
Efectos negativos por el manejo inadecuado de la basura.
Devastación del bosque de la Matlalcuéyetl (Malintzi).
Violencia hacia las mujeres, teniendo sus expresiones más graves en la desaparición forzada, el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Delincuencia e inseguridad.
Ordenamiento metropolitano y ordenamiento ecológico de la Cuenca del Alto Atoyac, no integrados y sin considerar la preservación del territorio.
Un reto importante es ver estos problemas de manera integral, es decir, que hay causas comunes que los generan, por ejemplo: Un sistema económico en el que se privilegia la ganancia a partir de la explotación, el consumo y generación de desechos; una visión patriarcal que considera a las mujeres, la madre tierra y también a los otros hombres más débiles, sometiéndoles en beneficio propio; un sistema legislativo débil que no permite el cuidado real de las personas y del territorio, y la corrupción e impunidad que impiden el acceso a la justicia y generan permisibilidad para llevar a cabo actividades constantes que dañan la dignidad humana, de los pueblos y de la madre tierra.
Estos problemas requieren de la intervención del gobierno en sus diferentes ámbitos: federal, estatal, municipal y comunitario, lo que hasta ahora no ha ocurrido de manera sustancial, por lo que las problemáticas han seguido incrementándose. Las y los candidatos deberían al menos investigar y formular propuestas claras para avanzar en la resolución de dichas problemáticas, pero desafortunadamente esto no ocurre y más bien centran sus discursos en la crítica superficial a las anteriores administraciones y, en el mejor de los casos, en proponer algún tipo de mejora administrativa; por ejemplo, al decir que se trabajará para que a los carros de basura se les dé mantenimiento y combustible suficiente, en lugar de diseñar e implementar programas que permitan una gestión adecuada de los residuos y, por tanto, la eliminación de la basura. O, en el caso de la trata de mujeres y niñas, al señalar que generarán campañas informativas cuando lo que se requiere son procesos reeducativos hacia los hombres y no permitir la apertura de bares, antros, moteles o cualquier otro negocio en el que pueda ocurrir la explotación sexual.
En este escenario, en el que las y los candidatos no representan a la ciudadanía y ni siquiera se orientan bajo los principios fundantes de sus partidos y en el que más bien se someten al interés de meras fracciones partidarias o de grupos económicos, es necesario que las comunidades, pueblos, colectivos, asociaciones y la academia comprometida, continuemos con procesos de documentación, investigación, denuncia y exigencia para que se garantice el ejercicio de nuestros derechos humanos. Si las ciudadanas y los ciudadanos no actuamos desde nuestros distintos espacios organizativos, corremos el riesgo de que el desvío de poder se sostenga; es decir, que el poder del Estado ejercido a través del gobierno en sus diferentes niveles, siga privilegiando la producción, explotación y el consumo, profundizando con ello la devastación socioambiental, los daños a la salud y a la vida.