Con la finalidad de mejorar el proceso de revisión de cuentas públicas y de establecer mecanismos para promover las denuncias penales y solicitudes de juicio político en caso de detectar daño patrimonial y a la hacienda pública de los entes fiscalizables, la diputada María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi presentó al pleno del Congreso local una iniciativa para crear la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Además, la propuesta, explicó, busca optimizar los procedimientos de fiscalización para combatir la corrupción, por lo que propone que no prescriban las sanciones por la comisión de responsabilidades hasta que pasen siete años de que se hayan advertido las anomalías en el manejo, disposición y comprobación del gasto.
En la sesión ordinaria de este martes, la también presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de Congreso local presentó su propuesta, la cual, insistió, busca reglamentar la función de fiscalización superior, así como establecer la organización, funcionamiento y atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), incluyendo las necesarias para conocer, investigar y sustanciar los procedimientos por faltas administrativas que detecte en sus funciones.
De igual forma, busca dotar al OFS de facultades novedosas, principios de actuación y de organización que optimicen su desempeño y respondan a la exigencia social de redireccionar la conducción del servicio público en la Entidad y sus Municipios
En este sentido, la iniciativa de la legisladora pretende modificar el periodo de presentación del informe de resultados de cuenta pública para que no sea el último día de mayo sino hasta el 15 de julio, a fin de que el Congreso local emita el dictamen correspondiente a más tardar el 31 de agosto.
“El OFS tendrá un plazo que vence el 15 de julio del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General al Congreso, a través de la Comisión. El Congreso remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y al Comité de Participación Ciudadana”.
Además, la legisladora pretende que el Congreso local respete dicho informe, ya que propone prohibir que los diputados, a través de la Comisión de Finanzas, permita solventar las observaciones que existen respecto a la cuenta pública después de emitido el informe general de resultados.
Además, planteó que “si de la fiscalización superior que realice el OFS se detectan irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, el OFS procederá a promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas”, así como las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán presentarse por parte del OFS cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en dichas materias.
Para tal fin, la diputada de Morena propuso que el OFS creará y pondrá en funcionamiento de dos unidades, como son la investigadora y sustanciadora. Cada una, para que ejerza las atribuciones específicas establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, propuso que la acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por faltas administrativas graves prescribirá en siete años. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá en los términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Su propuesta fue remitida a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y emisión del dictamen correspondiente.
Sin embargo, la propuesta fue refutada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Víctor Castro López, al considerar que esta nueva propuesta no contiene especificaciones para combatir y sancionar actos como el nepotismo.
En el apartado de asuntos generales, el legislador sostuvo que más allá de crear nuevas leyes, deben aplicarse las normas existentes.
“No hay nada en contra del nepotismo, pido que suba la diputada (María del Rayo) y que nos diga qué pasa con el nepotismo que está viviendo el estado, le he mandado oficios para que vea el grave asunto en mi distrito y no veo que ninguno de mis compañeros hagan algo contra el nepotismo”, se quejó Castro López.
Abundó que a pesar de los ataques que recibe por tratar de combatir el nepotismo, dijo que no hay acciones de parte del legislativo en contra de esas conductas, pero advirtió que insistirá desde su escaño en atacar ese flagelo.
“He sido atacado, porque digo la verdad, digo lo que siento y lo que quiero, porque no soy besamanos de nadie, a los que informo son a mis patrones. Nos está tragando en el estado el nepotismo, algunos alcaldes mis respetos, pero la mayoría de los alcaldes, y presidencias municipales tienen familiares y eso, cómo vamos a contenerlo”, concluyó.