Como un acto bochornoso y cobarde, calificaron vecinos de la ciudad capital que se oponen a la construcción del “Autotrén Tlaxcala” las respuestas que funcionarios estatales han dado a la justicia federal, al negar la existencia de ese proyecto a fin de tratar de evadir la suspensión de dicha obra.
Incluso, criticaron la posición asumida por el gobierno estatal de negar la existencia del proyecto, siendo que éste ha sido presentado y explicado por diversos funcionarios de la administración pública, lo cual pudiera calificarse como un delito por negar información.
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“El ocultamiento del proyecto Autotrén resulta en un acto bochornoso y cobarde por parte de las autoridades responsables, de cara a los vecinos del boulevard Guillermo Valle y Revolución, así como de la sociedad tlaxcalteca, que demanda que todos los actos y proyectos que impactan al medio ambiente, sean transparentes, y apegados a derecho”, manifestaron en un documento hecho llegar a La Jornada de Oriente.
“Resulta inverosímil que, por un lado, se haya presentado el proyecto en marzo de 2023, con etapas y fechas de ejecución, y que al contestar las demandas nieguen lisa y llanamente la existencia del proyecto, siendo que lo que se reclama es su existencia en los términos en que fue presentado, y que se encuentra en inminente ejecución sin contar con permisos y manifestaciones en materia ambiental”, abundaron.
Lo anterior, luego de que funcionarios del gobierno del estado negaron, ante la justicia federal, la existencia de algún proyecto, licitación o adjudicación y puesta en marcha del Sistema de Transporte Público Colectivo de Pasajeros denominado Autotrén Tlaxcala, por lo que pidieron sobreseer o dejar sin efecto, el amparo promovido en contra de la realización de ese plan.
Los quejos, que forman parte de personas que promovieron diversos juicios de amparo que mantienen suspendida la ejecución de la obra, subrayaron que la Ley de Amparo, en su artículo 262, prevé como delito que las autoridades nieguen los actos que se les reclaman.
De hecho, dicho artículo establece que “se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que, con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad o sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo”.
Entre los vecinos que firman el documento se encuentra Teresa Bretón Sánchez, Carlos Hernández Bonilla y Francisco Miranda Ortiz, entre otros, quienes forman parte del grupo de inconformes convocantes a las movilizaciones en contra de esa obra.