Pese a la imposición de multas por incumplimiento a la normatividad en materia de transparencia, varios sujetos obligados son reincidentes, principalmente los ayuntamientos, recalcó Maribel Rodríguez Piedras, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP).
En entrevista colectiva, repasó que el año pasado fueron sancionados económicamente aproximadamente 50 sujetos obligados, así como alrededor de 80 servidores públicos, no solo titulares de las unidades de transparencia (TUT), sino también los de unidades administrativas y de las propias instituciones.
Algunos sí fueron reincidentes y otros de alguna manera cumplieron con sus obligaciones de transparencia, independientemente de que se les sancionó en el año 2022, cuando se aplicaron las primeras multas, anotó la comisionada presidenta del Consejo General de este órgano autónomo.
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Sin embargo, puntualizó que la repetición depende mucho de la situación que enfrenten las unidades de transparencia de las instituciones, ya que algunos servidores públicos dejan de ser titulares de estas áreas y entran nuevos responsables, que son a los que se les aplica la multa por ser reiterativos.
Respondió que en el momento de esta entrevista no podría mencionar una cifra exacta de reincidentes, “pero sí tenemos varios, principalmente ayuntamientos”.
La presidenta comentó que hasta ese momento, la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado no había asignado al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales lo relacionado al cobro de esas multas, pero que llegado el momento esos recursos, “lógicamente, se destinarán a las actividades propias” de este órgano.
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Por otra parte, Maribel Rodríguez Piedras afirmó que todos los sujetos obligados cumplen con la designación de sus titulares de unidades y de sus comités de transparencia; sin embargo, reconoció que los resultados en cuanto a la desobediencia a la legislación estatal en la materia “no son a veces los idóneos”.