Han pasado 10 años de aquella ominosa noche en que, en la ciudad de Iguala, Guerrero, desparecieron forzadamente 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Esa noche, ese acontecimiento, ha quedado grabado en la memoria nacional e internacional como una inconclusa infamia, como una evidencia más, tanto para propios como extraños, de lo que también es México, ese otro México que múltiples sectores se niegan a ver y, sobre todo, reconocer.
10 años han pasado sin que el paradero de los jóvenes haya sido esclarecido, verdades históricas llegan, son refutadas, otras investigaciones, otras verdades e informes elaborados de manera oficial y no oficial sin que pase nada, aún no sabemos lo que es realmente importante ¿Dónde están los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa? 10 años han pasado y ciertas dudas se aclaran, ciertas verdades se asoman, pero muchas dudas aún persisten, así como la indolencia, ceguera y la poca o nula voluntad de todos los niveles de gobierno y de los detentadores del poder institucional para esclarecer, presentar con vida a los jóvenes normalistas, sancionar jurídicamente y cerrar de una vez por todas esa profunda herida.
A 10 años de distancia la lectura sobre ese acontecimiento resulta ser una pésima señal, una alarma que debemos considerar muy sentidamente, porque de ello depende tanto nuestro presente como nuestro futuro como país. De manera cuasi ociosa enumero 10 puntos importantes:
1.- A 10 años de Ayotzinapa, es claro que nuestras alternancias o transiciones han quedado a deber en la tramitación del pasado, particularmente ante acciones legales e ilegales que violentan el Estado de derecho y los derechos humanos de la población. En su mayoría, las investigaciones, informes realizados por las comisiones y fiscalías especializadas, a pesar de las buenas intenciones de las personas que los elaboran, terminan siendo un intento de esclarecimiento, un acercamiento a la verdad de los hechos, incluso se llega a señalar culpables, pero, al final, terminan siendo un archivo muerto, documentos desdentados e ignorados –después de su pomposa presentación– por los aparatos de justicia. Ninguna alternancia o transición ha logrado o querido tramitar nuestras violencias pasadas ni presentes; por tanto, en materia de verdad, justicia y reparación, seguimos teniendo transiciones o alternancias inconclusas.
2.- A 10 años de Ayotzinapa, pudimos constatar que la verdad, la justicia y la reparación ante las violaciones graves a los derechos humanos han sido imposibles de concretar por los pactos de lealtad que existen entre políticos, funcionario del más alto nivel y los detentadores de los aparatos de justicia. Estos pactos trascienden los intereses partidistas, ideológicos y los principios de las justicias transicionales o postransicionales como es nuestro caso. La protección mutua ente estos actores genera una inmovilidad institucional en todos los niveles y órdenes.
3.- A 10 años de Ayotzinapa, tenemos la certeza que nuestras geografías estatales son gobernadas también por actores análogos que, con sobrado poder económico, armamentístico y político, operan como un Estado paralelo, pero ilegal, en las sombras y que tienen, además del control de todo el flujo de mercancías ilegales y legales, la administración espacial, territorial y poblacional, siempre con la aquiescencia del gobierno, sea éste federal o local, así como el apoyo irrestricto de todas las fuerzas del orden legales. Estos actores operan para sus propios intereses y para los intereses del Estado mexicano.
4.- A 10 años de Ayotzinapa, podemos constatar que las fuerzas legales del Estado y las fuerzas ilegales operan mancomunadamente en detrimento de la población, que ambos grupos suman esfuerzos para mantener “ordenadas” las regiones para el ejercicio político sin oposición, para, como ya se señaló, en la administración de los espacios geográficos, en el control poblacional y cuidando las operaciones extractivas o de empresas nacionales o trasnacionales que operen en las regiones. Una operación conjunta que siempre termina por obnubilar las violencias locales y volver difusa su solución jurídica.
5.- A 10 años de Ayotzinapa, resulta alarmante la concreción de un proyecto de militarización de las policías civiles, particularmente, con la reciente incorporación de la Guardia Nacional al mando militar. Históricamente, tenemos evidencias del papel del ejército en funciones policiales –cuando su operar era ilegal– el caso de Ayotzinapa lamentablemente también es paradigmático en el papel jugado por el Ejército y Marina ante la desaparición de los jóvenes normalistas. Imaginemos el desempeño de la milicia en funciones civiles ya en un marco legal que los avala.
6.- A 10 años de Ayotzinapa, conocimos a algunas asociaciones civiles, defensoras de derechos humanos autónomas que lamentablemente se han dedicado a administrar el dolor de los testigos y sobrevivientes a través de una desmedida facturación, minando con ello importantes caminos de acompañamiento psicosocial y denuncia pública.
7.- A 10 años de Ayotzinapa, comprobamos que los intentos institucionales del gobierno federal, a través de las comisiones de búsqueda, han sido deficientes en este caso –y cientos de miles más– no han dado señales claras de las líneas de búsqueda, si es que los jóvenes de Ayotzinapa deban buscarse aún en vida o muerte. Paralelamente, las comisiones estatales en discurso se sensibilizan y arropan la lucha de los familiares, pero, en los resultados, se antoja ver esto más como una estrategia política de simulación.
8.- A 10 años de Ayotzinapa, constatamos cómo el actual gobierno federal ha intentado por todos los medios coartar la lucha de los familiares de los jóvenes desaparecidos a través de una lógica de justicia monetarista, como si se tratara de la formación de un sindicato de dolientes que se inscriben en extensas listas para que se sufrague su dolor y de esta forma comprar el olvido.
9.- A 10 años de Ayotzinapa, tenemos la certeza que los reales actores intelectuales y materiales –legales e ilegales– de la perpetración de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas y de cientos de miles de personas más, siguen en libertad y, con sobrado cinismo, dan sus testimonios, su verdad, a los múltiples documentalistas que han trabajo el caso.
10.- A 10 años de Ayotzinapa, podemos comprobar que México sigue siendo un paraíso de cínica impunidad.