El pleno del Congreso local, por mayoría de votos, avaló la minuta de reforma al artículo 19 constitucional, por la que se añade al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa como la extorsión, la producción, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo, además del contrabando y cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos.
A unas horas de que dicha enmienda fuera aprobada en el Senado de la República, los diputados tlaxcaltecas sesionaron de manera extraordinaria para avalar dichas reformas.
Sin embargo, las tres diputadas del PRD y PAN votaron en contra de la minuta, al asegurar que se trata de una enmienda que atenta contra los derechos humanos, amén de que violentan diversos tratados y convenios internacionales que nuestro país ha firmado.
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En este sentido, la diputada panista Miriam Martínez Sánchez enfatizó que esta reforma va en contra de los derechos humanos y de la presunción de inocencia, y peor aún, dijo que “dichas medidas no han logrado disminuir los ilícitos en nuestro país y, por el contrario, la violencia y la inseguridad van en aumento, pues la estrategia de abrazos no balazos resultó un fracaso”.
Abundó que de acuerdo al INEGI, que cuatro de cada 10 personas en prisión, están privadas de su libertad sin sentencia, lo que demuestra que la prisión preventiva oficiosa “es perniciosa y contraria a derechos humanos; además de que en muchos casos se convierte en una pena anticipada que puede durar, incluso, más que la pena que le corresponde al propio delito que se imputa a una persona”.
La diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano se sumó a su rechazo a dicha reforma, al asegurar que se trata de “una incongruencia y un contrasentido, toda vez que, aun y cuando puede haber excepciones al principio de presunción de inocencia para determinados delitos, aplicándose lo que se llama prisión preventiva justificada, sobre todo en estos tiempos donde predominan altos índices de delincuencia organizada y crímenes de alto impacto, lo cierto es que la presunción de inocencia es relegada a un segundo plano”.
Puntualizó que con esta enmienda se violan diversos derechos, como a la presunción de inocencia, a la libertad, al derecho a no ser discriminado, se violenta la autonomía de las y los jueces y el control judicial de los casos, y de paso, se trastocan diversos tratados e instancias internacionales.
En el mismo tenor, la coordinadora de la fracción del PRD, Blanca Águila Lima votó en contra, al asegurar que dicha enmienda no solo perpetúa “un modelo punitivo que vulnera derechos humanos, sino que también pone en riesgo la presunción de inocencia, piedra angular de nuestro sistema de justicia penal”.
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Agregó que se trata de un retroceso, porque “además, la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa deja margen para que las autoridades hagan un uso discrecional e incluso político de esta medida, poniendo en peligro a quienes alzan la voz o se oponen al poder.
En respuesta, el único diputado que defendió esa enmienda fue el petista, Silvano Garay Ulloa quien pidió el beneficio de la duda ante estas enmiendas y sus implicaciones, al asegurar que la presunción de inocencia “no ha servido, y si esto no funciona, se puede volver a reformar, no la censuremos, dejemos que entre en vigor y veamos su impacto”.