Desde hace al menos 12 años, las autoridades no han resuelto el problema del servicio de mototaxis para evitar un estallido social, pese a que la legislación del estado no permite la explotación de esta modalidad de transporte y a que cada día crece más, lamentó Hugo Salado del Razo, representante de la Coordinadora Estatal de Transporte (CET).
Recordó que en el gobierno de Mariano González Zarur fueron retiradas de circulación varias unidades (vía acuerdo de entrega voluntaria por parte de organizaciones del municipio de Papalotla, en julio del año 2014).
En aquella ocasión –agregó- a los líderes “les dieron, creo hasta empleo, no estoy seguro”; sin embargo, con el dinero que recibieron (a cambio del reembolso de una parte del valor del vehículo) compraron más parque vehicular.
“Es una situación permitida por administraciones estatales pasadas y que es difícil que esta nueva lo resuelva de la noche a la mañana, porque esta es una realidad que afecta a todos los transportistas”, subrayó.
Sin precisar, apuntó que en una población el número de mototaxis subió a casi 250 y que en otra hay más de 100; “pero el problema es que tampoco pagan derechos e impuestos por prestar el servicio de transporte público, como lo hacemos los concesionarios”.
Insistió en que este tipo de situaciones “se van agravando poco a poco” si no se atienden y se permite que continúen, pues “ya es un vicio” que han heredado gobiernos anteriores.
Remarcó que desde sexenios pasados las organizaciones transportistas cuestionaron a las autoridades la falta de actuación en el tema de mototaxis, sobre todo en el caso de Papalotla. Esto lo atribuyó a que las instituciones quieren evitar un estallido social en los municipios donde operan estas unidades.
Mencionó que por la misma razón el gobierno no ha intervenido en Santa Ana Nopalucan y Nativitas, principalmente en la comunidad de San Vicente Xiloxochitla, donde es evidente la circulación de estos vehículos.
“La autoridad ha dicho que esas personas que operan los mototaxis se amparan en el artículo 123 constitucional que dispone que todo mexicano tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; está bien, pero en la ley” del estado no aparece esta modalidad de transporte para su explotación, acentuó.
En 2019, la administración pasada reconoció que era complejo terminar con los mototaxis y que habían proliferado, por lo que continuaban los operativos para inhibirlos y erradicarlos.