Por mayoría de votos, el pleno de la LXIII Legislatura local otorgó plena autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa, con lo cual, dejará de ser parte del Poder Judicial local y ya contará con personalidad jurídica y patrimonio propio y sus magistrados integrantes, serán designados a través de un proceso de oposición público y abierto a la ciudadanía.
Este jueves, en sesión de pleno, los legisladores avalaron el dictamen en el que establece que, a partir de la enmienda, el Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano supremo, en Juzgados de Primera Instancia, y contará además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes que expida el Congreso del Estado.
Con ello, excluyeron al Tribunal de Justicia Administrativa como parte del Poder Judicial, pues ahora dotaron a éste de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, “será independiente de cualquier autoridad y tendrá su residencia en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl. La Ley establecerá su presupuesto, organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones”.
Dicha instancia tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares y será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal, o bien, al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales , en los términos que establezca la legislación correspondiente.
El Tribunal se integrará por tres magistrados, electos por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura del Congreso del estado. Tendrá autonomía presupuestaria, el Congreso del Estado aprobará el presupuesto a propuesta del presidente de éste, para su inclusión en el proyecto de presupuesto del estado. Asimismo, el Tribunal deberá expedir su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.
Respecto a su integración, los diputados determinaron que será por tres magistrados, que durarán en el cargo seis años, quienes deberán contar con experiencia en materia de derecho administrativo y fiscal de al menos cinco años previos a la designación, pero su nombramiento se hará a partir de un proceso de oposición, público y abierto a la ciudadanía.
“Previo a su designación, los magistrados deberán aprobar los exámenes públicos de oposición, que se efectúen conforme a la ley, ante el pleno del Congreso, quien nombrará a los miembros del Jurado, respectivamente, el que estará integrado básicamente por académicos e investigadores preferentemente ajenos al Estado. Para la práctica de esos exámenes, deberá expedirse, respectivamente, con un mes de anticipación, una convocatoria dirigida a todos los abogados de la Entidad debidamente publicitada en tres periódicos de mayor circulación, conteniendo el nombre de los sinodales”.