La Pastoral del Migrante y el albergue La Sagrada Familia de Apizaco señalaron que es preocupante la violencia que las personas migrantes enfrentan durante su tránsito por Tlaxcala y es inquietante que, al tratar de evadir los controles migratorios instalados en diversos municipios para no ver truncado su proyecto migratorio, sean captadas por grupos de tráfico de personas.
Ante ello, consideraron que acciones como la detención migratoria implementada por el Instituto Nacional de Migración (INM), además de la prohibición de los guardias de seguridad del tren para que las personas no lo aborden, están forzando a las personas a exponerse y ser víctimas de este delito.
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Ambas asociaciones emitieron un posicionamiento después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer el rescate de 726 personas migrantes en una bodega localizada en Cuaxomulco el 14 de enero de este año.
Las personas provenían de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; destacándose la localización de 75 menores de edad no acompañados. En el operativo participaron la Policía Estatal, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, el INM, además de la policía de Cuaxomulco.
“Notamos que este número de personas se suma a las más de mil 150 que en 2023 también fueron localizadas en diferentes municipios de Tlaxcala, en circunstancias que podrían constituir tráfico de personas, de acuerdo con hechos reportados por medios de comunicación. Es preocupante que estas cifras sean un indicativo de la dimensión que está tomando en nuestra entidad el tráfico de personas; al tiempo que indigna el ultraje, las condiciones crueles, inhumanas y degradantes en las que son movilizadas las personas, poniendo en riesgo su integridad al quedar expuestas a la perpetración de delitos como el secuestro, la trata de personas, la explotación sexual infantil y la desaparición de personas”, señalaron.
De igual manera, indicaron que en los últimos años se ha agravado la violencia que las personas migrantes enfrentan durante su tránsito por la entidad y es inquietante que, al tratar de evadir los controles migratorios instalados en diversos municipios para no ver truncado su proyecto migratorio, son captadas por grupos de tráfico de personas.
Por ello, aseveraron que consideran como un desafío que este tipo de prácticas delictivas estén encontrando arraigo en las comunidades, como lamentablemente ha sucedido con delitos como la trata de personas; “situación que nos interpela como sociedad tlaxcalteca y nos demanda acciones para prevenir estas prácticas; y construir en cambio, ambientes de paz y acogida.
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Tras considerar que la línea divisoria entre la migración y el tráfico de personas puede ser en ocasiones muy sutil, exhortaron a las autoridades a mantenerse en el cumplimiento de sus funciones para garantizar la seguridad de todas las personas, incluidas las personas en movilidad, bajo estricto apego a la ley para proteger, promover y respetar los derechos humanos de todas las personas. “Pedimos a las autoridades y funcionarios que se abstengan de toda práctica que utilice a las personas migrantes con otros fines y protagonismos. Y que el combate al tráfico de personas no se utilice como justificación para endurecer las prácticas de detención migratoria”.
Asimismo, que en las acciones que implementen los tres órdenes de gobierno para atender hechos de esta naturaleza se privilegie la seguridad y la vida de las personas migrantes víctimas de estos delitos. Es imprescindible que las autoridades reconozcan sin dilación la condición de víctima de delito a las personas migrantes rescatadas en circunstancias de tráfico o de otros delitos, pues este reconocimiento es una condición determinante para que puedan acceder a otros derechos que les asisten como el derecho a la justicia, a la no devolución y al reconocimiento de la condición de refugiado, a la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, a la no repetición, a la reparación del daño y a la regularización de su estancia por su condición de víctimas de delito.
“Consideramos que la devolución inmediata de las personas a sus países de origen las deja en indefensión y obstaculiza la posibilidad de investigar y castigar estos actos, así como reparar los daños a las víctimas y, sobre todo, no contribuye a la no repetición, manteniéndose estos hechos en impunidad”.
Enfatizaron que frente a hechos indignantes como el tráfico de personas y otros delitos, es indispensable que la opinión pública sea informada de forma correcta, incluso para prevenir miedos injustificados y especulaciones a costa de las personas migrantes. “insistimos en la importancia de evitar criminalizar, estigmatizar y revictimizar a las personas que resultan aseguradas o rescatadas”.
A las comunidades de la diócesis de Tlaxcala las exhortaron para que ante el dolor y la tragedia humanitaria que trae consigo de la migración forzada, miren y traten con respeto, dignidad y misericordia a los migrantes; “sólo así podremos avanzar en la construcción de una sociedad tlaxcalteca cada vez menos excluyente, más solidaria y hospitalaria”.
Port último, señalaron que es urgente que gobierno y sociedad emprendan acciones comunitarias de prevención de éste y otros delitos, a efecto de evitar que las comunidades consientan o se involucren en estas prácticas delictivas; y, por el contrario, se fomenten comunidades de protección y acogida.