La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó serias inconsistencias en la fórmula de distribución de las participaciones federales a los municipios y comprobó que el gobierno del estado, cada año, deja de considerar cientos de millones de pesos que serían para las Comunas, lo cual puede tipificarse como un daño patrimonial a los 60 ayuntamientos.
La diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano advirtió lo anterior, luego de dar a conocer los resultados de los Informes Individuales sobre la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, en los que se incluyó el dictamen de la Auditoría de Cumplimiento número 2018-A-29000-19-1431-2019, 1431-DE-GF, practicada a la distribución de las participaciones federales a favor de los 60 municipios, realizada por el gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
En la sesión ordinaria de este jueves, la diputada dio cuenta de dicho informe, el cual, considera, le da la razón a diversos municipios que han promovido recursos legales tanto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el que advierten la omisión legislativa para actualizar las fórmulas de distribución del presupuesto participable a los ayuntamientos.
La legisladora apuntó que de acuerdo con dicho informe, “se advierten varias anomalías e irregularidades cometidas de manera intencional y dolosa por parte de funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado, en perjuicio y detrimento de la hacienda pública de los 60 municipios del estado de Tlaxcala”.
Dicho informe, refirió, da cuenta que “se comprobó que la distribución no se correspondió con lo establecido por la normativa local, debido a que se presentaron inconsistencias en las variables utilizadas, como se describe a continuación: Para el cálculo del Fondo Recaudatorio Derechos de Agua del segundo, tercero y cuarto ajustes trimestrales, los datos de recaudación de derechos de agua de 2016 no coincidieron con las cifras notificadas a la SHCP” y con ello se generaron diferencias en los montos.
Además, “se concluye que si bien la entidad fiscalizada distribuyó entre sus municipios mil 896 millones 432 mil 300 pesos… con base en lo establecido por la legislatura local, los factores de distribución obtenidos por la entidad fiscalizada (Secretaría de Planeación y Finanzas estatal) no se correspondieron con lo señalado en la normativa, debido a que se empleó, para su cálculo, información errónea, por lo que se determinó un monto distribuido inadecuadamente…”
Aunado a lo anterior, explicó que dicha auditoría advirtió que el gobierno estatal incumplió con la normatividad ya que las participaciones federales no se distribuyeron a los municipios conforme a los porcentajes que establece la Ley de Coordinación Fiscal, ya que la entidad fiscalizada (Secretaría de Planeación y Finanzas estatal) las distribuyó con base en lo establecido por la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala y no con lo efectivamente transferido por la Federación.
De igual forma, advierte el documento, “se carece de mecanismos de control para la validación de las variables empleadas en el cálculo de las participaciones federales distribuidas entre los municipios”.
Por ello, la legisladora Flores Lozano consideró que es urgente que los diputados retomen los trabajos legislativos tendientes a actualizar la normatividad que regula la fórmula y criterios de distribución de las participaciones federales a favor de los 60 municipios, misma que deberá aplicarse en la dictaminación del paquete económico del ejercicio fiscal 2020.
Ello porque a pesar de que el pleno del Congreso local aprobó la comparecencia de la secretaria de Planeación, María Alejandra Maricela Nande Islas, para que explicara sobre los criterios de distribución de las participaciones, así como no haber incluido en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2019 más de 2 mil millones de pesos de participaciones federales, ésta no se ha dado ya que “el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ignoro la petición de esta soberanía”.
“Ante este panorama de nula colaboración entre poderes, de parte del titular del Poder Ejecutivo local, este Congreso, en ejercicio de sus facultades constitucionales, deberá continuar con los trabajos legislativos para legislar una nueva fórmula de distribución de las Participaciones Federales a favor de los ayuntamientos”, fórmula que tendrá que aplicarse en la distribución de las participaciones a municipios para el año 2020, ya que el próximo 15 de noviembre vence el plazo para que el Ejecutivo local presente el Paquete Económico del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal.
“En caso de que este Congreso local no legisle una nueva de fórmula de distribución de participaciones federales, este Poder Legislativo deberá corregir la subestimación de ingresos que la Secretaría de Planeación y Finanzas realiza año tras año y en su lugar incluir los montos efectivamente transferidos por la Federación por concepto de participaciones federales en el ejercicio fiscal en curso, y de esta forma asegurar a los municipios el monto real de sus participaciones asignados por la Federación”, concluyó.
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