Jakqueline Ordoñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), afirmó que en todos los casos relativos a decesos registrados en espacios de detención preventiva municipales, bajo custodia por elementos de seguridad pública, los alcaldes han aceptado la recomendación emitida por este órgano y se le da seguimiento.
Sobre el suceso más reciente, relativo al fallecimiento de una mujer en los separos de Huamantla casi a finales de noviembre pasado, recordó que se inició una investigación de manera oficiosa y que en este momento se está en espera de la respuesta de informes solicitados, por lo que este trabajo continuará hasta que sea concluido.
Afirmó que las autoridades municipales involucradas han mostrado disposición para colaborar, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), incluso, esta solicitó la presencia de observadores de la CEDH para la realización de la necropsia de ley, a fin de verificar la aplicación de protocolos.
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La Comisión tuvo acceso al lugar donde ocurrieron los hechos, por lo que las autoridades municipales brindaron las facilidades necesarias para documentar, dijo.
Respondió que no se ha corroborado que se trate de un crimen de género, pues “vamos recabando evidencias y si hay datos los vamos analizando con esa perspectiva con los dictámenes correspondientes, estudio social y del contexto en el que esa persona vivía antes de fallecer”.
Ante el registro de diversos casos de este tipo en diferentes municipios de la entidad, sin precisar cifras, la ombudsperson refirió que se han iniciado los expedientes correspondientes y se han emitido las recomendaciones respectivas, y que en todos estos los alcaldes las han aceptado.
Dijo que dichas recomendaciones contienen varias observaciones, desde el mejoramiento de los espacios para que sean dignos y no pongan en riesgo a las personas, hasta la capacitación debida de oficiales de seguridad pública, tanto en derechos humanos como custodia.
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Entre otras cosas, también la CEDH ha requerido el inicio de expedientes administrativos en contra del personal que ha omitido el cuidado correspondiente de las personas detenidas y fallecidas.
Respecto del municipio de Nanacamilpa que se resistió a aceptar una recomendación, acentuó que la autoridad no tenía interés bajo el argumento de que eso había ocurrido en una administración diferente a la suya.
“Si bien eso es cierto, incluso puede ser que el personal ya no sea el mismo, la obligación constitucional es del ente público, entonces ellos deben proveer lo necesario para garantizar que no se repitan este tipo de situaciones y en este sentido fue la recomendación, y para que se reparara el daño integralmente”, mencionó.
En un principio -agregó- no fue aceptada pero después sí lo hizo, por lo que actualmente se da seguimiento, pues no tendría caso que se admita pero no se cumpla. Este asunto sigue en trámite, pues la Comisión todavía está en espera de documentación que acredite que todos los elementos policíacos han sido capacitados, precisó.
