Sin objeción alguna, los integrantes de la LXIV Legislatura local aprobaron sendas iniciativas que presentó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a través de las cuales, modificaron las leyes Orgánica de la Administración Pública y de Desarrollo Social, afín de hacer ajustes en la denominación y alcances de algunas secretarías de Estado, así como precisar y ampliar los alcances de otras.
Con estas reformas, a decir del coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Juan Manuel Cambrón Soria, el gobierno del estado no tiene pretextos para dar resultados a favor de la sociedad, amén de que urgió a la mandataria a agilizar el nombramiento del titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Este jueves, en sesión de pleno, los diputados desahogaron las dos iniciativas preferentes a las que la gobernadora tiene derecho, al aceptar las propuestas de reformas y adiciones a las citadas normas.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la iniciativa preferente es aquella que es sometida al Congreso del estado por la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, en ejercicio de su facultad constitucional. Podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o más ordenamientos cuando exista conexidad en los temas. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen y éstas deberán dictaminarse en un plazo improrrogable máximo de 20 días naturales, contados a partir de su presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Estatal.
En cumplimiento a esas disposiciones, los diputados aprobaron ambas iniciativas; la primera fue la adecuación a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, misma que se centró en cambiar la denominación de Comisión Estatal de Seguridad (CES) a Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con lo cual “se alinea el marco normativo a la directriz federal, así como establecer de manera precisa y clara sus atribuciones para que se desenvuelva bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”, refiere el dictamen.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana será la encargada de planear, organizar, ejecutar y controlar los programas, proyectos y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública, tránsito en las vialidades públicas de su competencia, la protección ciudadana, la prevención del delito y la reinserción social en el Estado. Además, los congresistas aprobaron las enmiendas para puntualizar las atribuciones y alcances de las acciones emprendidas por las secretarías de Finanzas (SF) y de Infraestructura (SI).
También modificaron la denominación de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), que pasó a ser Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), ello, según la iniciativa, “para lograr un cambio de fondo en la percepción de la sociedad con esta dependencia” y lo mismo ocurrió con el nombre de Coordinación General de Comunicación (CGC), que fue modificado a Coordinación de Comunicación (CC), amén de que a ésta le atribuyeron la función de “coordinar las acciones de comunicación en las diferentes regiones de la entidad, en colaboración con los municipios”.
Aunado a ello, los diputados reformaron las atribuciones de la recién creada Secretaría de Bienestar, con el propósito, dijeron, “de mejorar y garantizar los derechos sociales, así como el desarrollo de los pueblos indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes, y en general toda la sociedad tlaxcalteca”.
En el mismo sentido, adhirieron diversas atribuciones a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTV) para armonizar su quehacer con las disposiciones de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda federal.
También precisaron los alcances y las acciones de la Coordinación General de Planeación e Inversión, y en el caso de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), precisaron las atribuciones de ésta en los procedimientos de licitación.
Respecto a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, los diputados aprobaron una serie de enmiendas para priorizar la política de bienestar y desarrollo social en la entidad, en la que se incluyeron programas de salud, alimentación y nutrición, abasto social de productos básicos, equipamiento y mejoramiento de vivienda que estén dirigidos a personas o comunidades indígenas, en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad.
De igual forma, autorizaron la creación programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía; así como obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.
En la misma reforma, los diputados aprobaron la propuesta de la titular del Ejecutivo local para que, con la finalidad de garantizar la equidad y eficacia de los programas de bienestar y desarrollo social, se integrará un Padrón Único de Beneficiarios.
Tras la aprobación de la primera iniciativa, el líder de la bancada perredista, Juan Manuel Cambrón Soria confirmó el respaldo de su bancada a estas enmiendas, pues consideró que “se alinean y armonizan al estilo, a los proyectos y a los planes que la propia gobernadora tiene y que quiere imprimir a su gestión de gobierno”.
Sin embargo, enfatizó que, con estas reformas, así como la aprobación del presupuesto para este año, el gobierno del estado cuenta con las herramientas necesarias para cumplir con sus propuestas y proyectos a favor de la sociedad, con lo cual, “no hay pretextos” para no hacerlo.
“En diciembre se aprobó un presupuesto ad hoc; hoy se aprueban las reformas que le darán, en conjunto, el mecanismo que se deberá instrumentar para el buen funcionamiento de las dependencias de gobierno del estado, por lo tanto, no hay pretextos para no dar resultados, no hay pretextos para no cumplir con los objetivos y la alta expectativa que se ha generado en torno a este gobierno”.
De paso, exigió a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que nombre ya al titular de la Secretaría de Seguridad, luego que desde noviembre del año pasado, quien estaba a cargo de la dependencia, Alfredo Álvarez Valenzuela, abandonó el puesto y se encuentra prófugo de la justicia.
“Celebramos y reconocemos que los ajustes que se están haciendo en materia de seguridad y que se le están dando el valor de reconocimiento a la Secretaría de Seguridad y que se está corrigiendo el error que le daba facultades extraordinarias y extra alimentadas a la Secretaría de Gobierno… creo que ya también en materia de seguridad se tienen que dar resultados … hago un llamado respetuoso la gobernadora para que una vez aprobada esta iniciativa se nombre de manera prioritaria y rápida al titular de la dependencia, porque sigue siendo encargado de despacho y sigue siendo prioritario que ya se formalice quien será el responsable y dará rumbo con estas nuevas reformas a esta importante dependencia”, espetó.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Rubén Terán Águila, reconoció y agradeció el apoyo y respaldo de los diputados de todas las fracciones parlamentarias a estas reformas, pues consideró que se dejaron de lado los intereses personales o de grupo por el “interés superior de Tlaxcala”.
Además, el coordinador de la bancada morenista estimó que con las enmiendas se beneficiará, al final de cuentas, a la sociedad, pues “van a permitir a la titular del Ejecutivo del estado tener ya las condiciones más óptimas para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, funciones, facultades y que esto va a derivar en que las y los tlaxcaltecas tengamos la posibilidad de una mejor calidad de vida, de un correcto desarrollo social. Felicito a la titular del Ejecutivo que en esa reingeniería institucional ha mandado al Congreso iniciativas que no tienen otra finalidad que facilitar la conducción del Estado para el bienestar de los ciudadanos”.