Por mayoría de votos, el Congreso local aprobó una serie de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política local con las cuales eliminaron el candado que existe para que la titularidad de la Secretaría de Gobierno fuera ocupada solo por personas nacidas en Tlaxcala, pues en caso de proceder las enmiendas, con el solo hecho de que haya radicado en la entidad, por tres años, pude ocupar ese encargo.
Además, los diputados aprobaron una enmienda para fijar que ningún magistrado en la entidad, de cualquiera de los tribunales, no podrá durar en su encargo más de 12 años, a pesar que los integrantes del órgano jurisdiccional local, por disposición federal, tienen esa posibilidad hasta por 14 años.
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En contra parte, establecieron el derecho a un haber de retiro a favor de los magistrados de los tribunales estatales, en los diversos rubros judiciales, electorales, administrativos, así como la creación de un órgano de control interno en el Órgano de Fiscalización Superior, entre otras disposiciones.
En 16 días, los diputados analizaron y dictaminaron la iniciativa que en su momento emitió el diputado de Morena, Miguel Ángel Caballero Yonca, en la que establecieron que para ser titular de la Secretaría de Gobierno, se requerirá sólo “tener nacionalidad mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia, domicilio o vecindad, de cuando menos tres años anteriores al día de la designación
En la exposición de motivos, los diputados respaldaron la enmienda al asegurar que se trata de una acción para garantizar “ igualdad sustantiva que las personas deben tener para acceder a los cargos públicos, en este caso por designación, la cual no debe verse mermada por razones de nacionalidad u origen, amén de que jurisprudencialmente se ha establecido que en la legislación de las entidades federativas no es dable exigir, como requisito la nacionalidad mexicana, por ser un elemento que concierne específicamente al ámbito federal. Así, lo adecuada será retirar el requisito relativo a la nacionalidad mexicana por nacimiento, para la designación de titular de la Secretaría de Gobierno del Estado.
Sin embargo, la enmienda fue refutada por el perredista Juan Manuel Cambrón Soria, quien refirió que ésta tiene dedicatoria, en especial, para personas que no cumplen, actualmente, los actuales requisitos para ese encargo, como ser tlaxcalteca y tener una residencia de 7 años en la entidad.
Incluso, aseguró, sin decir nombres, que ésta enmienda busca allanar el camino legal para la unción de Luis Ramírez, actual secretario del Medio Ambiente, en ese cargo, al enfatizar que la reforma “abre la puerta para que lleguen personajes oscuros, extraños a la vida política de Tlaxcala; que se vaya a ser secretario de Gobierno de Morelos, en donde su Constitución si exige para el cargo ser morelense”.
Pese a su oposición, esa enmienda, así como el resto, no fue modificada con respecto al dictamen presentado.
Además, los diputados determinaron una reforma para establecer un candado a fin de que ningún magistrado durará en su encargo un periodo mayor a los 12 años, en el entendido que solo pueden ser ratificados en el cargo por un plazo similar al designado.
Sin embargo, la enmienda contraviene la posibilidad de que los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala –que son nombrados por siete años- puedan ser ratificados en el cargo.
Esa situación fue advertida por el propio Cambrón Soria, quien refirió que por mandato constitucional federal, los magistrados electorales tienen el derecho y posibilidad de permanecer en el cargo hasta por un periodo de 14 años, y no solo 12 como lo establecieron, de ahí que “hay visos de inconstitucionalidad y una serie de antinomias”.
De la misma manera, los diputados aprobaron una reforma legal respecto al proceso de integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en donde se faculta al Ejecutivo local, a proponer a los municipios y poderes Legislativo y Judicial, una propuesta de terna para elegir al presidente de dicho órgano laboral, precisando que si no existen consensos en el nombramiento, éste podría hacerlo el mandatario en turno.
Ese planteamiento también fue debatido por el diputado Cambrón Soria, quien sostuvo que ello abre la posibilidad que la parte patronal, como lo es el Ejecutivo, tenga dos representantes en ese órgano, en perjuicio de la clase trabajadora, pues dicha instancia estaría supeditada a los designios del gobierno.
En tanto, la reforma constitucional también alcanzó al proceso para la presentación de los informes de gobierno de la administración estatal en turno, al establecer que, a partir de la entrada en vigor de las mismas, “dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año, la persona titular del Poder Ejecutivo del estado presentará ante el Congreso Local, por escrito, de manera impresa y en formato digital, el informe anual sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública estatal.
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Además, “en el año en que cambie la titularidad del Poder Ejecutivo, la gobernadora o el gobernador saliente presentará el informe en los primeros cinco días del mes de agosto, y la gobernadora o el gobernador entrante lo hará en los primeros cinco días del mes de diciembre; en ambos casos, el informe se referirá solo al lapso intra anual que corresponda”.
Ahora, todas estas enmiendas, fueron remitidas a los 60 municipios de la entidad, quienes tendrán un plazo de 30 días para validar su aprobación o no, pero en caso de que no contesten, su omisión será considerada como un voto a favor de las reformas.
De acuerdo con el artículo 120 constitucional local, para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que también sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieren recibido los Ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban.