Sin ningún fondo extraordinario o asignación que deban etiquetar los diputados, el pleno del Congreso local aprobó, por mayoría de votos, el decreto de presupuesto para el próximo año, en el que se distribuyen y asignan entre poderes, organismos autónomos y organismos centralizados y descentralizados, los 22 mil 620 millones 419 mil 241 pesos previstos a ejercer.
En sesión extraordinaria, con el voto en contra del coordinador de la bancada perredista Juan Manuel Cambrón Soria, quien calificó de electorera y opaca la forma en la que se asigna el presupuesto y de la sumisión del Legislativo al Ejecutivo, la mayoría avaló el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.
En el dictamen, los diputados hicieron suyo el planteamiento de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien estableció que el presupuesto del año 2022 “tiene como objetivo prioritario atender los aspectos de mayor demanda ciudadana, como lo es elevar la calidad de vida y de servicios de las familias tlaxcaltecas, a través de programas sociales efectivos para la atención de grupos vulnerables, entre ellos, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y pueblos originarios”.
Además, prevé asignaciones para dotar de “una mayor y mejor seguridad pública a través del equipamiento, capacitación y profesionalización de los elementos de los diversos cuerpos de seguridad y elevar la calidad educativa en todos los niveles, destinando mayores recursos tanto financieros como humanos, así como poner en marcha acciones para proteger nuestro medio ambiente y áreas naturales”.
Todo ello, enfatizaron, “sin dejar de dar continuidad a la implementación de medidas preventivas para evitar la propagación del virus Sars-CoV2 y el mejoramiento de los sistemas de salud, y así, escribir juntos una nueva historia para Tlaxcala”.
De manera puntual, aseguraron que el gasto está distribuido para cumplir con los objetivos trazados por la administración estatal en lo que ha llamado la reingeniería de la administración pública, pues buscan “ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los servicios orientados a la atención de los grupos más vulnerables, tratar los efectos ocasionados por el virus Sars-CoV2, mejorar las condiciones de salud”.
También, afirman, que con esta asignación atenderán “la exigencia de recuperar la seguridad pública y profundizar en la vida democrática, la tranquilidad y la paz, luchando en contra de la violencia y la impunidad, así como, en contra de toda forma de corrupción, recuperar las bases del crecimiento y elevar la capacidad productiva de los tlaxcaltecas, a fin de crear empleo y ofrecer condiciones para un salario digno”.
Aunado a ello, buscarán elevar la calidad educativa, operar un nuevo modelo educativo y aumentar la eficiencia de su administración y poner en marcha acciones afirmativas y contundentes para recuperar y proteger nuestro medio ambiente, particularmente nuestros recursos hídricos y forestales, en un contexto de sustentabilidad y sostenibilidad y con la aplicación de políticas de género, en el marco de nuestra identidad histórica, la recuperación y la difusión de la cultura de nuestros pueblos indígenas y originarios”.
Con esa visión, la mayoría del presupuesto fue asignado al Poder Ejecutivo, con 10 mil 988 millones 32 mil 610 pesos, mientras que al Legislativo le asignaron un gasto de 373 millones 294 mil 227 pesos y al Judicial un gasto de 391 millones 835 mil 107 pesos, mientras que a los órganos autónomos la asignación global es de 382 millones 771 mil 997 pesos.
Respecto a la distribución del gasto en el Poder Ejecutivo, el Organismos Público Descentralizado (OPD) Salud de Tlaxcala, le asignaron un gasto de 2 mil 784 millones 591 mil 617 pesos, mientras que a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), 6 mil 199 millones 833 mil 761 pesos.
Por dependencias, la asignación quedó de la siguiente manera: Despacho del gobernador, 109 millones 791 mil 135 pesos; Secretaría de Gobierno, 974 millones 165 mil 609 pesos; Oficialía Mayor de Gobierno, 257 millones 119 mil 33 y Procuraduría General de Justicia, 275 millones 70 mil 312 pesos.
Además, a la Secretaría de Finanzas le dotaron de 487 millones 611 mil 839 pesos; Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, 16 millones 790 mil 869; Coordinación General de Comunicación, 29 millones 786 mil 585; Secretaría del Medio Ambiente, 99 millones 372 mil 812 y a la Coordinación Estatal de Protección Civil, 13 millones 390 mil 435.
De igual forma, el decreto prevé que para la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal De Seguridad Pública le otorgaron un gasto de 423 millones 164 mil 481; a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, 118 millones 693 mil 543; Coordinación General de Planeación e Inversión 51 millones 83 mil 648; Secretaría de Bienestar, 465 millones 709 mil 649 y Secretaría de Trabajo y Competitividad, 8 millones 8 mil 416 pesos, entre otros.
En tanto, los diputados aprobaron una asignación para el Poder Judicial de 391 millones 835 mil 107 pesos, que representa un aumento de 34 millones 882 mil 209 pesos con respecto a lo etiquetado para este año.
En el caso del Poder Legislativo, los diputados se autoasignaron un presupuesto de 373 millones 294 mil 227 pesos, que es un incremento de 6.6 por ciento con respecto a lo etiquetado para 2021.
De esos recursos, para las labores legislativas le corresponden 289 millones 901 mil 361 pesos, mientras que para el Órgano de Fiscalización Superior, le asignaron 83 millones 392 mil 866 pesos.
Además, puntualizaron en el decreto, que “del presupuesto del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, se incluye la cantidad de 85 millones 500 mil pesos para apoyos sociales que están contemplados dentro del capítulo 4000”.
Respecto a los organismos autónomos, los diputados validaron la propuesta que en su momento hizo la gobernadora, por lo que a la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) le dotaron de un gasto de 120 millones 815 mil 922 pesos, cifra que, si bien es superior en más de 5 millones de pesos a lo aprobado para este año, se quedó lejos de los 179 millones 515 mil 922 pesos solicitados.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) le etiquetaron un gasto de 24 millones 589 mil 166 pesos, cifra que representa poco más de un millón de pesos adicionales a los ejercidos este año.
En tanto que para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) le autorizaron ejercer los 106 millones 128 mil 666 pesos que habían solicitado en su anteproyecto de presupuesto, pero, como era de esperarse, por no ser un año electoral, es inferior a los 185 millones 782 mil 415 pesos ejercidos este año en donde se renovaron los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los 60 ayuntamientos.
Al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) le asignaron un presupuesto por 17 millones 379 mil 753 pesos, cifra que representa un aumento de cerca de 700 mil pesos con respecto a este año.
Al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) le etiquetaron un gasto por 17 millones 22 mil 339 pesos, cifra que es 700 mil pesos más que lo destinado este año, mientras que al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) le dotaron de 34 millones 121 mil 343 pesos, cifra superior en cerca de 1.5 millones de pesos a lo aprobado este año.
En tanto, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala le asigna 12 millones 233 mil 186 pesos, misma cifra que solicitó y que es superior en casi 900 mil pesos a lo decretado para este año y al Tribunal de Justicia Administrativa le aprobaron un gasto por 50 millones 481 mil 622 pesos, que son casi 4.5 millones de pesos adicionales a lo asignado para este año.
Respecto a los 4 mil 163 millones 210 mil 979 pesos etiquetados a los municipios, esas asignaciones están integradas por 2 mil 199 millones 396 mil 266 pesos de participaciones, 59 millones 902 mil 324 pesos por recursos fiscales y mil 903 millones 912 mil 389 pesos de aportaciones federales.
En el decreto, los diputados avalaron el mandato a través del cual, dispusieron que en el año 2022 no se crearán plazas, y las vacantes al 31 de diciembre del año anterior quedan congeladas; además de que los incrementos salariales se limitarán al personal operativo, para mantener el nivel de poder adquisitivo, respecto al año anterior y se reducirá la plantilla de honorarios.
De la misma manera, ordenaron que continúe la reducción de estructura orgánica y puestos con funciones duplicadas o que puedan fusionarse; la adquisición de bienes inmuebles se limitará a los debidamente justificados para programas prioritarios, considerando la oferta de bienes nacionales y previo estudio de costo beneficio; no se procederá a la adquisición de vehículos, salvo los de carácter operativo indispensables para programas prioritarios.
Los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos y municipios, deberán implantar medidas equivalentes de austeridad, reducción de estructuras y gasto corriente, para lo cual emitirán las disposiciones correspondientes.