Con adecuaciones de forma, el pleno del Congreso local aprobó las leyes de Ingresos de 10 municipios para el ejercicio fiscal 2025, con lo cual avanzó en el proceso de dictaminación de las normas que regirán las previsiones de recursos de las Comunas
Tras el análisis y dictamen de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, presidida por el diputado Bladimir Zainos Flores, presentaron ante el pleno las leyes de ingresos de los municipios de Nanacamilpa, San José Teacalco, San Lucas Tecopilco, Tenancingo, Tepetitla, Tepeyanco, Tlaxco, Tocatlán, Totolac y Xaltocan.
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De acuerdo a los dictámenes aprobados los ingresos previsto para los municipios son: Nanacamilpa, 87 millones 322 mil 621.80 pesos; San José Teacalco, 48 millones 128 mil 790; San Lucas Tecopilco, 36 millones 731 mil 187; Tenancingo, 69 millones 390 mil 627; Tepetitla, 88 mil 241 mil 854; Tepeyanco, 58 mil 092 mil 101; Tlaxco, 180 millones 787 mil 528; Tocatlán, 41 millones 752 mil 967; Totolac 91 millones 557 mil 998 y Xaltocan, 63 millones 65 mil 077 pesos.
Durante la plenaria se mencionó que al aprobar las leyes de ingresos municipales se da certeza jurídica financiera, estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar un desarrollo equitativo y sustentable apegándose a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y proporcionalidad, ya que se requiere garantizar a los contribuyentes la certeza de que las contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal, que siguió un proceso legislativo.
Para lograr una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las cuotas y tarifas de los diversos conceptos, la Comisión de Finanzas y Fiscalización consideró pertinente realizar algunas modificaciones de forma consistentes en errores gramaticales, numeración de artículos, incisos que fueron adecuados a la secuencia y numeración de la ley, a fin de precisar y clarificar su contenido.
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En la mayoría de los casos realizó los ajustes correspondientes a las disposiciones que establecen multas por conductas descritas que resultaban demasiado amplias y ambiguas, lo que da pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y, por ende, la imposición de una sanción; por lo que se genera incertidumbre jurídica.
Además, adecuaron diversos cobros por el servicio de agua potable, cuyos elementos estaban indeterminados e individualizaban la cuota al establecer tarifas mensuales por el suministro de agua potable directamente a personas morales, donde se advierte que la tarifa depende estrictamente del sujeto pasivo de la contribución, siendo estas configuraciones normativas, contrarias al derecho de seguridad jurídica, así como a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad de las contribuciones.
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Las modificaciones también incluyeron la precisión de multas y sanciones, pues en algunos casos los ayuntamientos propusieron redacciones ambiguas que podían dar lugar a interpretaciones arbitrarias y vulnerar el principio de seguridad jurídica, tal y como lo evidenciaron recientemente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró como inconstitucionales a diversos artículos de algunas leyes de ingresos.
Hasta este martes, el pleno del Poder Legislativo ha aprobado un total de 45 iniciativas que cumplieron con la disposición establecida en el Código Financiero del Estado y sus Municipios.
