Con la finalidad de cumplir con las disposiciones constitucionales, y cuidar el debido proceso, los integrantes de la LXIV Legislatura local aprobaron los lineamientos que habrán de seguir para evaluar a la magistrada, de plazo por cumplir, Mary Cruz Cortés Ornelas y con ello, definir su posible ratificación en el cargo.
El presidente de la Comisión Especial encargada de este proceso, el priista Fabricio Mena Rodríguez, dio a conocer los lineamientos que habrán de seguir para resolver si la actual presidenta del Poder Judicial es ratificada en el cargo, por otros seis años, ya que su actual mandato concluye el próximo 26 de diciembre.
“Al ser una facultad del Congreso del estado ratificar a los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia, lo cual lleva implícito el deber de evaluar previamente el desempeño en el ejercicio de las funciones públicas inherentes… para efecto de llevar a cabo tal evaluación, debe efectuarse un procedimiento conforme a la doctrina judicial, para que el dictamen final que en su oportunidad se emita, sea producto de haber revisado la actuación de dicha servidora pública, y con ello atender al derecho que ella tiene a ser evaluada y en su caso a contar con estabilidad en el desempeño de su función y, simultáneamente ofrecer a la sociedad, la garantía de que tendrá acceso a una impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, a cargo de servidores públicos idóneos que reúnan principalmente, las características de experiencia, excelencia profesional, honorabilidad y honestidad invulnerable”, refiere el resolutivo.
Los legisladores acordaron que a partir de este jueves y hasta el 14 de septiembre, se abocarán a solicitar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Tlaxcala, su opinión por escrito, sobre el desempeño de las funciones de Cortés Ornelas; pidiendo, además, que a dicha opinión se acompañe la documentación pertinente que la sustente.
Además, requerirán a Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Procuraduría General de Justicia y Fiscalía General de la República, un informe sobre la magistrada para conocer si ha sido sujeta de alguna denuncia, queja o procedimiento alguno que se encuentre en trámite o concluido por esas dependencias.
También solicitarán a las diversas instancias del Poder Judicial, un informe sobre el desempeño de las funciones de la magistrada de plazo por cumplir, tales como asistencias a las sesiones del pleno, de la Sala, sus ausencias, cuántas fueron justificadas e injustificadas y las razones de su justificación, en su caso, asimismo, cuántos asuntos han sido turnados a la ponencia de la magistrada a evaluar, en cuántos asuntos ha sido ponente, y cuántos asuntos que ella haya resuelto, han sido revocados o modificados, por el Poder Judicial de la Federación, entre otros.
Toda esa información, explicaron, es con la finalidad de analizar de manera real y sin ningún sesgo, el desempeño de la jurista y con ello, tomen la decisión de mantenerla en el cargo o bien, declarar la vacante, una vez que concluya el periodo de su mandato.