Por mayoría de votos, el pleno del Congreso local validó la creación del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, instancia que se encargará de administrar y en su caso, vender, rematar, asignar, todos aquellos bienes asegurados, abandonados, decomisados o productos de extinción de dominio en poder del Ejecutivo estatal.
Lo anterior tras la aprobación de la iniciativa que les mandó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para crear la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de dominio del estado de Tlaxcala, en la que establece diversos esquemas, como ocurre en el ámbito nacional, para hacer uso de recursos que “pueden ser aprovechados para el impulso de programas en beneficio de la sociedad tlaxcalteca”.
Sin embargo, la propuesta fue refutada por el diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria, quien lamentó que la denominación del citado instituto obedezca más a una moda política e intereses ideológicos que a intereses jurídicos y sociales, pues su nombre no responde al espíritu de la norma, pues “en ningún lado de la misma habla de bienes robados, ni de peculado…habría que mejorar”.
A los diputados les bastaron 15 días para analizar la iniciativa preferente que les remitió la mandataria y este jueves, en sesión ordinaria, aprobaron la creación de la nueva norma, en la que da vida al citado Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado.
De acuerdo con el dictamen, la nueva ley busca regular la administración y destino de los bienes, activos y empresas asegurados y decomisados en los procedimientos penales; los recibidos en dación en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del Gobierno del Estado, de sus entidades o dependencias, incluyendo los puestos a disposición de la Secretaría de Finanzas o de sus auxiliares legalmente facultados para ello.
Además de los que sean abandonados a favor del gobierno del estado; los títulos, valores, activos y demás derechos que sean susceptibles de enajenación, cuando así se disponga por las autoridades competentes; los bienes desincorporados del régimen de dominio público del Estado y los que constituyan el patrimonio de las entidades paraestatales; cualquier bien que, sin ser propiedad del Estado, en términos de la legislación aplicable, respecto de los cuales se haya declarado la extinción de dominio, mediante sentencia definitiva, o bien, sobre los cuales se haya determinado su aseguramiento, entre otros.
Todos esos bienes, de acuerdo con la nueva norma, deberán ser transferidos al Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual podrá administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los bienes, activos o empresas que le sean transferidos o nombrar a las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de estos.
De manera puntual, establece que el nuevo Instituto será un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá por objeto la administración, enajenación, destrucción y destino de los bienes, activos o empresas, así como realizar todos los actos de administración, pleitos y cobranzas y de dominio respecto de los bienes, activos o empresas, aun cuando se trate de entidades paraestatales en proceso de desincorporación;
Ese nuevo órgano, contará con una Junta de Gobierno la cual será presidida por la persona titular del Poder Ejecutivo, y formarán parte de ella los titulares de las secretarías de Finanzas; Gobierno y de la Función Pública, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esta instancia contará con una persona titular de la secretaría técnica y otra de la Prosecretaria, quienes serán designados a propuesta del mandatario en turno.
El instituto contará con una Dirección General, cuya persona titular será nombrada y removida por mandato del titular del Ejecutivo estatal, quien deberá contar con conocimientos en materia administrativa, quien deberá representar al Instituto en toda clase de asuntos, incluidos los laborales, rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo cuando sea señalado como autoridad responsable; emitir, negociar y suscribir títulos de crédito, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, administrar el presupuesto, entre otros.
Dicha persona se encargará, a nombre del Instituto, de administrar los bienes, activos y empresas que para tales efectos le entreguen las Entidades Transferentes, que tengan un valor mayor al equivalente a seis meses de Unidades de Medida y Actualización. En tanto no exista resolución definitiva emitida por autoridad administrativa o judicial competente que determine el destino de los bienes, activos o empresas asegurados.
Todos esos recursos podrán ser sujetos de enajenación de forma económica, eficaz, imparcial y transparente, asegurando las mejores condiciones y obtener el mayor valor de recuperación posible, así como la reducción de los costos de administración y custodia.
Dicha enajenación será por diversas vías, como donación, licitación pública; subasta; remate; adjudicación directa; procedimiento de asignación y sorteo.
De acuerdo con la nueva disposición, los legisladores determinaron que la vigencia de la ley iniciará hasta 60 días después de publicada la norma, por lo que, en un plazo de 120 días, deberán aprobar las reformas y adiciones a Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
Aunado a ello, determinaron que la Junta de Gobierno del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, deberá celebrar su sesión de instalación dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de dicha ley.
Sin embargo, el perredista pidió a los legisladores cambiar el nombre del Instituto, a fin de establecer una denominación que tenga relación con la ley, además, de incluir la participación de los poderes Judicial y Legislativo en el órgano de gobierno de éste, a fin de equilibrar y transparentar el uso y destino de los recursos que administre éste.
Además, demandó establecer en la norma, con claridad, que los recursos que se obtengan como ganancia o beneficio de la posible venta de los recursos recuperados o en extinción de dominio, sean usados para salud, seguridad e infraestructura en los municipios. La propuesta del perredista también fue secundada, con algunas adecuaciones más, por la priista Blanca Águila Lima.
La postura fue refutada por el morenista Rubén Terán Águila, quien consideró que ahora, aunque con ejemplos del ámbito federal, hay recursos que son recuperados para acciones de beneficio social, sin revelar cuáles.
Sin embargo y pese al llamado de Cambrón Soria para que todas las representaciones del PRI y PAN se sumaran a su posición, la cual es similar a la que en ámbito federal mantienen sus representantes, se quedó solo con el apoyo de Águila Lima, pues su correligionario Eber Campech Avelar, como lo ha hecho siempre, votó a favor de la propuesta de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros.