Por mayoría de votos, los integrantes de la LXI Legislatura aprobaron una serie de reformas y adiciones a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, a través de la cual, aseguran, han cumplido con el mandato federal de adecuar el ordenamiento local a las recientes reformas constitucionales en la materia.
Sin embargo, el resolutivo fue calificado como contradictorio y violatorio a los derechos de los docentes, así como improcedente, por lo que representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reconocieron que podrían impugnar la nueva norma e incluso iniciar movilizaciones en contra de la disposición y acusaron a los diputados del PRI, PAN y PVEM de solapar esas ilegalidades.
Además, legisladores de los grupos parlamentarios del PRD, PT, PAC, Panal y MC mostraron su rechazo a la propuesta y denunciaron que el dictamen fue avalado al vapor y fast track, pues la mayoría de los diputados desconocía los planteamientos que contiene la nueva disposición local.
Este martes, a un día de que concluyera el plazo que el Congreso de la Unión dio a las entidades para que concretaran la adecuación de los ordenamientos locales con los nuevos mandatos constitucionales y legales en materia educativa, con 23 votos a favor y ocho en contra, el pleno de la LXI Legislatura aprobó una serie de reformas y adiciones a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.
En medio de una concentración de maestros, encabezada por el secretario general de la sección 31 del SNTE, J. Carmen Corona Pérez, los diputados integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, presentaron el dictamen que fue avalado sin ninguna modificación.
En los hechos, los legisladores avalaron la propuesta que el pasado miércoles llegó al Congreso de parte del titular del Ejecutivo local, Mariano González Zarur, quien propuso sólo reformas y adiciones a la Ley de Educación del estado.
Con ello, desecharon la propuesta emitida por el líder de la sección 55 del SNTE y diputado local, Armando Ramos Flores, quien propuso el jueves pasado la creación de un nuevo ordenamiento que cumpliera con las disposiciones federales, pero con algunos ajustes de acuerdo con la situación que impera en el sector de enseñanza local.
La presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la priista Angélica Zárate Flores fue la encargada de presentar el dictamen, el cual, explicó, contiene diversas reformas y adiciones con las cuales “se busca armonizar la legislación local a la Constitución federal, a la Ley General de Educación, a la Ley General del Servicio Profesional Docente y a la disposición que crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Sin embargo, justificó que la determinación de desechar la posibilidad de crear una nueva legislación obedece a que “se requiere perfeccionar la ley”, pues reiteró que de lo contrario habría una contravención a la ley y no se respetaría la supremacía de normas entre la local y la federal, “eso sin soslayar el esfuerzo del diputado Armando Ramos Flores porque se incluyeron algunos de sus planteamientos”.
El dictamen reconoce que uno de los factores determinantes que influyen en la calidad de la educación es la preparación y el desempeño profesional de los docentes, por lo que “resulta indispensable contar con sistemas eficaces de evaluación del desempeño de los maestros, encaminados a recabar información objetiva que permita mejorar la calidad pedagógica”.
Lo anterior, además de que los criterios que deben regir para el acceso y la promoción a las plazas docentes y puestos directivos deben basarse en el trabajo académico y en las capacidades para su ejercicio. Así como que los conocimientos y aptitudes deben ser los elementos prioritarios que definan los nombramientos, la permanencia y la promoción del personal docente.
Además, en el nuevo ordenamiento local se incluye la participación de los padres de familia al servicio profesional docente, al sistema de información y gestión educativa y a la infraestructura educativa; además se adopta el cambio de Consejo Nacional Técnico de Educación por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con todas sus atribuciones, entre otras nuevas disposiciones.
Asimismo, la nueva ley contiene sanciones que van hasta los 10 mil días salario mínimo y hasta la cancelación o retiro del reconocimiento de validez oficial de los estudios o la clausura de la institución, a quienes suspendan el servicio educativo para acudir a algún acto proselitista o partidario; no usar los libros de texto gratuitos; expedir certificados, constancias, diplomas y títulos a quienes no cumplan con los requisitos correspondientes; ostentar certificados y títulos falsos o sin validez oficial de estudios; oponerse o violentar, sin justificación alguna, las actividades de evaluación y supervisión, así como no proporcionar la información requerida y oportuna.
Tras presentar los planteamientos de reforma a la Ley de Educación, vigente desde 2010, el diputado priista y ex funcionario de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), José Javier Vázquez Sánchez solicitó la dispensa de la segunda lectura del proyecto y someterlo a votación.
Sin embargo, ese planteamiento fue rechazado por diversos le-gisladores, quienes exigieron abrir un periodo de análisis del documento, pues aseguraron que lo conocieron minutos antes de su presentación, en algunos casos, y otros más al momento en el que le iba dando lectura.
La primera en abrir la discusión fue la perredista Eréndira Jiménez Montiel, quien solicitó suspender el proceso parlamentario solicitado e iniciar una amplia discusión de la iniciativa, porque “no es urgente su aprobación, no está en riesgo la estabilidad política, económica y social del estado… hacerlo así, sería legislar al vapor y sobre las rodillas, sin un análisis previo y una discusión previa en comisiones, que permita tener un dictamen sólido y consistente. No se trata de quedar bien con nadie, sino de quedar bien con la sociedad. Hay que preguntarse si una iniciativa que se nos presenta en esta misma sesión plenaria, sin un análisis previo y una lectura sobre las rodillas, va a tenerse como una legislación seria”.
El legislador perredista, Santiago Sesín Maldonado sostuvo que la aprobación de la ley es al vapor y violatoria del Reglamento Interior del Congreso local, ya que los legisladores desconocen el dictamen.
“Se tuvieron seis meses para aprobar esta norma, sin embargo, ni los interesados ni el pleno de este Congreso advirtió sobre la culminación de los plazos… gracias a esta somnolencia política hoy pretenden soterrar la labor legislativa, a una simple acción de trámite. Tlaxcala no se merece más disposiciones jurídicas inoperantes, es nuestra obligación revisar a profundidad este tema, invariable obligación de los 32 integrantes de este pleno”, expuso Santiago Sesín.
Esos argumentos fueron compartidos por el coordinador del PAC, Serafín Ortiz Ortiz, quien sostuvo que en una hora un legislador que desconoce el dictamen no puede hacer un análisis de lo planteado y advirtió que tan solo de una revisión somera de lo propuesta que hizo, advierte diversas inconsistencias.
También se mostraron en contra de la medida los legisladores de Movimiento Ciudadano, ya que Refugio Rivas y Baldemar Cortés coincidieron en rechazar la validación, pues esta reforma sólo atiende los asuntos netamente laborales del Estado con el magisterio, puntualizó el segundo, porque “no habla del cambio de planes y programas de estudio; de más recursos a la educación, ni mucho menos de modernización del Sistema Educativo Nacional, no habla de incrementar el presupuesto a la educación, de becas, de incrementar recursos a la investigación, no pone punto final a las cuotas escolares, al contrario le da más apertura a las mismas, ni clarifica el mecanismo de autogestión en las escuelas”.
En contraparte, el ex líder de la sección 55 del SNTE y actual diputado local priista, Florentino Domínguez Ordóñez subió a tribuna a defender la propuesta y a tratar de exaltar las bondades de esta ley.
Pero su perorata fue prácticamente silenciada o distorsionada por los gritos de sus ex colegas y hasta hace unos lustros representados, quienes arremetieron en su contra con gritos de “vendido” y “profesor patito”.
Por su parte, Angélica Zárate pidió a los maestros no dejarse engañar, pues aseguró que el diputado de Nueva Alianza y líder de la sección 55 del SNTE (Armando Ramos) firmó el dictamen, “y si tenía algún disenso, nunca lo presentó como voto particular y nunca argumentó nada, esto es un trabajo serio, no venimos a engañar a nadie”.
De la misma manera, el priista Javier Vázquez, quien dijo ser maestro con 27 años de carrera docente, defendió la votación e irónico, dijo entender las muestras de inconformidad de algunos mentores, “pero quienes ofenden, quienes vienen a denostar en nuestra contra no son los verdaderos maestros, ellos no se conducen así, entiendo el males-tar, porque son de aquellos trabajadores de la educación que no quieren perder sus canonjías”.
Tras esos señalamientos, los diputados priistas Marco Antonio Mena, Juana Cruz Bustos, Ángel Xochitiotzin, Florentino Domínguez, Cecilia Sampedro, Angélica Zárate, Javier Vázquez, Sinahí Parra y Heriberto López Briones; los panistas Julio Álvarez, Roberto Zamora, Julio Hernández, Humberto Macías, Ángelo Gutiérrez, Gilberto Temoltzin y Lourdes Bretón; los pevemistas Albino Mendieta, Maura Stankiewicz Ramírez y Jaime Piñón; los perredistas Salvador Méndez, Tomás Orea y Juan Calyecac y el socialista Patricia Zenteno, aprobaron el dictamen.
En cambio, quienes se pronunciaron en contra de éste fueron los legisladores de Nueva Alianza, Bladimir Zainos y Armando Ramos; los perredistas, Eréndira Jiménez y Santiago Sesín; los de Movimiento Ciudadano, Refugio Rivas y Baldemar Cortés; el petista Silvano Garay y el del PAC, Serafín Ortiz Ortiz, sin que fueran atendidos sus reclamos.