La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sostuvo que en su administración se endurecerán las medidas contra servidores públicos que incurran en prácticas de corrupción y ofreció garantías, apoyo total e inmediato a defensores de derechos humanos y periodistas, pues “no permitiremos que se generalice la violencia en su contra”.
Este 17 de marzo, la mandataria encabezó el acto protocolario de la puesta en marcha de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Opddhp), ubicadas en la colonia Loma Xicohténcatl, en edificios separados, en la capital del estado.
Reiteró que su gobierno trabajará para erradicar las viejas prácticas de corrupción, impunidad y autoritarismo “que se daban al amparo del poder público”, por lo que la FECC es fortalecida para investigar este tipo de hechos.
Con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año 2020 alrededor de 16 por ciento de la población tlaxcalteca fue víctima de corrupción, pero es una de las entidades que menos la denuncia, indicó.
Hasta mediados de 2021 –agregó la gobernadora-, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) presentó 80 denuncias por desvío de recursos públicos, sin que se hayan judicializado; y 33 ayuntamientos “tuvieron serias observaciones” en su cuenta pública, sin mayor repercusión.
Respecto de la Opddhp, mencionó que esta debe “garantizar máxima protección” frente a violencia y amenazas; al tiempo, reiteró su compromiso de respeto a la libertad de expresión y el derecho a disentir.
Apuntó que actualmente en el estado hay 27 personas sujetas a este protocolo de salvaguarda y que se actúa “para que periodistas tengan respaldo y tranquilidad, si ellos o su familia son amenazados a causa del ejercicio de su profesión, estaremos dispuestos a apoyar”, porque las agresiones contra estos dos sectores “lastima a la sociedad”.
Acentuó que por esos motivos, su gobierno los respaldará total e inmediatamente, y que en el caso de periodistas “jamás permitiremos que se generalice la violencia en su contra; cuando se les vulnera se lastima a la libertad de expresión; no vamos ceder a la violencia que pretende silenciarlos”.
Afirmó que tendrán garantías para el desempeño de su profesión y que en esta tarea se involucra a gobiernos municipales, por ser el nivel más cercano a la ciudadanía.
Por su parte, Ernestina Carro Roldán, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), puntualizó que en el caso de la FECC se buscó un lugar en el que las víctimas sean atendidas con dignidad y que también sea un espacio adecuado para el personal que ahí labora.
Señaló que el fiscal Domingo Camalaxi Rodríguez ha realizado un “gran trabajo” en el poco tiempo que ha estado al frente de esta área encargada de la investigación y persecución de hechos de corrupción en el ámbito local, cuando en esta conducta están involucrado servidores de la administración pública estatal y municipal, órganos descentralizados, fideicomisos, organismos autónomos y los otros dos Poderes del estado, Ejecutivo y Judicial.
Se creó como resultado de una serie de exigencias de la ciudadanía para que el Estado tuviera una mejor infraestructura para combatir la corrupción, proceso que tuvo varias etapas desde 2014 con una reforma legal, agregó.
Precisó que las denuncias más frecuentes derivan de las facultades investigadoras y sancionadoras de diversas instancias administrativas del Estado y que castigar a los culpables solo es uno de los cuatro objetivos del Sistema Penal Acusatorio, ya que también se encarga de esclarecer los hechos, proteger a las partes y buscar la reparación del daño.
El último punto –realzó- es especialmente importante porque indica que se deben reintegrar los recursos que se hubieran desviado con fines ilegales; ello, para asegurar el pleno ejercicio de derechos obstaculizados con actos corruptos, pues solo de esta manera se puede hacer justicia.
En tanto, Sergio González Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), reafirmó el “compromiso” de esta administración de garantizar a la población tlaxcalteca los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.
Refirió que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del país establece la cooperación entre la Federación y los estados para la implementación de medidas de prevención cautelares y urgentes que garanticen la vida de miembros de estos dos sectores, a través de un mecanismo de protección.
Remarcó que por ello ha sido creada la Opddhp, operada por la Segob y cuyo encargado es Leonel Tlalmis; la cual “trabajará de la mano” con la Comisión Ejecutiva Nacional. La puesta en marcha de esta fue atestiguada por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jaqkeline Ordóñez Brasdefer. A este evento también asistieron directivos de medios de comunicación.
González Hernández pidió confianza a las organizaciones de la sociedad civil y a las de la actividad periodística, y les refrendó el compromiso de trabajar con apego a los lineamientos de responsabilidad.
“Habrá pleno respeto a la diversidad y pluralidad de las ideas y opiniones”, pues así se fortalece diálogo democrático del estado. Aseveró que el papel de los periodistas, apegado a la verdad, la honestidad y la pulcritud en el ejercicio de sus funciones, será fundamental “para hacer realidad y engrandecer la transformación del estado”.