La nueva sentencia condenatoria a 50 años de prisión, impuesta a Keren Selsy N., por el supuesto delito de secuestro, será apelada porque no se juzgó con perspectiva de género y de derechos humanos, así como por la indebida valoración de pruebas.
Melissa Zamora, abogada e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), aseveró que esta es una “triste noticia”.
Puntualizó que esta persona ya había sido previamente sentenciada a 50 años de cárcel como responsable del delito de secuestro, la cual apeló mediante un amparo que ganó, a fin de que su proceso se repusiera y pudiera fortalecerse con algunas diligencias estratégicas.
Pero a pesar de ello y de aportar más elementos probatorios de su inocencia, el 11 de noviembre de 2024 el juez José Eduardo Morales Sánchez notificó nuevamente la condena a 50 años de prisión, al considerarla copartícipe, alegando que ella realizaba labores de cuidado.
Dijo que esta sentencia de primera instancia carece de estándares constitucionales convencionales con los que se deben de juzgar todos los casos, pero sobre todo los que se traten de mujeres que son privadas de su libertad y que denuncian haber sobrevivido a tortura.
Aunque subrayó que el juzgado le da la razón a Keren, “al decir que se tiene por demostrada la tortura” de la que fue víctima, así como de retención prolongada por un tiempo aproximado de siete horas, por parte de elementos aprehensores de la Policía Ministerial de Tlaxcala y de la federal.
Sin embargo, advirtió que “es un grave error que se aleja de los estándares obligatorios”, la no exclusión de todos los medios probatorios que se hayan fabricado, con base en estas violaciones a derechos humanos, “porque de lo contrario se le está juzgando nuevamente con pruebas ilícitas”, como lo es el parte informativo firmado por policías.
Reprochó que el juez tomó en consideración una declaración por parte de la víctima de este delito, la cual no está firmada ni cuenta con huellas digitales y nunca fue ratificada, por lo tanto, “también se fabricó en el momento de la detención por los policías que la torturaron”.
Además, la víctima “jamás señala a Keren, ni participa en ningún reconocimiento contra ella”. Ante esta situación, remarcó que es una “lamentable sentencia” porque con evidencias de pruebas fabricadas, “sostiene una acusación injusta”, con la que el juez se aleja de su obligación de juzgar con perspectiva de género.
Por su parte, el abogado Neftalí Pérez, también parte del equipo de defensa legal, anunció que se interpondrá un recurso de apelación y que a partir del lunes hay un plazo de 15 días para presentar un escrito de agravios, para exponer las irregularidades advertidas en la sentencia.
Sobre todo –agregó– la falta de juzgar con perspectiva y de derechos humanos y la indebida valoración de las pruebas que carecían de los requisitos mínimos.
Abundó que posteriormente el recurso de apelación será conocido por la Sala Penal, pero mencionó que la vez pasada que el equipo sostuvo una reunión con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos, ella comentó que no podía hacer nada “porque el juez José Eduardo Morales Sánchez, en teoría, es independiente” y él iba a tomar la decisión.
Resaltó que el juez participó en la terna para la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ), “eso nos quiere decir que él es una persona cercana” a esa institución “y que eso puede comprometer su imparcialidad al momento de juzgar un caso como este, donde están siendo señalados policías ministeriales”.
Recordó que esos elementos cometieron “actos gravísimos como es la tortura en contra de una mujer a través de amenazar con desaparecer a su bebé de 29 días”.
Sin embargo, en esta etapa, la Sala Penal ya dependerá directamente del TSJE, por lo que “nuestro llamado es a que se analice con profundidad y con seriedad este asunto”, que se revoque la sentencia condenatoria y, en su lugar, se ordene el dictado de una sentencia absolutoria, por falta de pruebas suficientes.
Por ello, recalcó que la sentencia debe ser analizada por magistrados y magistradas de una manera objetiva e independiente y “que no vean este recurso de apelación como un mero trámite como lo hacen en muchos otros”.
Abundó que el trabajo del juez es “muy deficiente, técnicamente hablando es una copia casi literal de la sentencia que se sacó en 2019, en la que ya la habían sentenciado a 50 años de prisión, se nos hace una falta de compromiso, de ética y de responsabilidad por parte de las autoridades judiciales”.
Acentuó que hay una “visión punitivista del Estado” al mantener a una mujer inocente privada de la libertad por un delito que no cometió, por lo que es un “caso emblemático” de un sistema injusto, parcial y de “capricho”.
Extendió el llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar y a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que volteen a este asunto, ya que estas gobernantes han dicho que es tiempo de mujeres y “nosotros creemos que sí es tiempo de mujeres inocentes en libertad”.
Procedentes del estado de Veracruz, frente a las instalaciones del TSJE, en Ciudad Judicial, Ciria y Chano, madre y padre de Keren, se plantaron “con la frente el alto” para defender que “¡mi hija es inocente!” Estuvieron acompañados por integrantes del Centro Prodh y de Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU).
Conmovida y decepcionada por la nueva resolución y como madre, reclamó: “¿Dónde está la justicia?”, pues han sido violados sus derechos y su dignidad. “No tenemos nada que nos avergüence”, externó.
Anticipó que no se rendirá ni se dejará intimidar hasta lograr la libertad de su hija.
“Ojalá dios quiera llegue esta voz a la presidenta magistrada, que tome en cuenta mi mensaje, que actúe”, porque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo ha dado un mensaje de cero corrupción, “de que todo se esclarezca por la vía legal, y eso es lo que ahora yo vengo a exigir, mis derechos, que no se violen”.
Demandó que es tiempo de demostrar que la ley, la justicia y los derechos de las mujeres y de todo ser humano, existen, “pues ya dejemos de estar pisoteando” a quienes no tienen dinero para defenderse.
Entre lágrimas, expresó: “estamos viviendo un proceso que nos ha arruinado la vida injustamente; es injusto lo que hemos vivido nueve años”, pues todo este tiempo Keren ha estado alejada de su hija.
Keren Selsy fue detenida el 12 de diciembre de 2015 en Xalapa, Veracruz, y fue puesta a disposición de la entonces PGJE de Tlaxcala, a donde la trasladaron junto con su hija que apenas tenía unos días de nacida.