Tras conocer el fallo a través del cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifica la sentencia que confirma el acuerdo por el cual se establece que partidos políticos podrán asignar candidaturas a diputaciones locales a personas que se autoadscriban indígenas, Crispín Pluma Ahuatzi, presidente de comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, reiteró que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, Juan Cocoletzi Conde, presidente de comunidad de San Felipe Cuauhtenco, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, aseveró que da seguimiento a esta resolución y que ha solicitado una reunión virtual con magistrados de ese órgano jurisdiccional.
Este miércoles la Sala Superior del TEPJF ratificó la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, “que determina que los pueblos y comunidades indígenas no pueden cambiar las normas de elección de diputaciones locales” en este proceso electoral, conforme a sus sistemas internos y no a través de partidos o de manera independiente. Asimismo, afirmó que los derechos de pueblos originarios sí han sido reconocidos en cuanto a mantener sus propias formas democráticas, procedimientos y prácticas tradicionales.
El año pasado los dos presidentes de comunidad emprendieron un camino legal en exigencia de que en este proceso electoral se definieran distritos electorales indígenas, para elegir diputaciones mediante normas internas, sin la injerencia de organismos políticos.
Una de las acciones legales fue la impugnación del acuerdo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), con número ITE-CG-63/2020, por el que se determinó que en seis de los 15 distritos locales de mayoría relativa en el estado, se debían postular al menos dos fórmulas compuestas por personas que se autoadscriban como indígenas. Sin embargo, posteriormente la Sala Regional Ciudad de México lo ratificó.
En los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales Colectivos, tanto Pluma Ahuatzi como Cocoletzi Conde, pidieron a las autoridades jurisdiccionales aplicar en este caso la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 2016, la cual establece que estas comunidades tienen derecho a la libre determinación en cuanto a su condición política y su desarrollo económico, social y cultural; y a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres; normas y tradiciones, organización e instituciones, entre otras cosas.
Por tanto, Crispín Pluma dijo que continuarán esta impugnación ante las instancias internacionales, pues también recordó que un antecedente es el caso exitoso “Yatama Vs. Nicaragua”, en el que se establece que no existe disposición de la Convención Americana de los Derechos Humanos que permita sostener que ciudadanos solo pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a un cargo electivo a través de un partido.