Jueves, junio 17, 2021

Especialistas apelan al Congreso local a tomar con seriedad la renovación de la CEDH

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Especialistas apelaron al Congreso local a tomar con seriedad la designación del o la ombudsperson, pues es momento de corregir el rumbo y nombrar a una persona con prestigio, independiente, con formación y experiencia especializada en la materia; además, de transparentar el procedimiento de selección.

En el foro virtual “La CEDH-Tlax que necesitamos”, organizado por diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), especialistas disertaron sobre las obligaciones, alcances y compromisos que debe asumir este tipo de órganos; el perfil idóneo del o la ombudsperson, y cómo debe ser la vinculación institucional con la sociedad y las víctimas de alguna violación a sus garantías.

Ello, a propósito del proceso de renovación de la CEDH que el Congreso local realiza, a través de la selección del presidente o presidenta o ratificación del titular, y de las y los integrantes del Consejo Consultivo.

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Marcia Itzel Checa Gutiérrez, quien entre otras cosas ha sido coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, advirtió que los perfiles de quienes ocupen este tipo de cargos pueden beneficiar o impactar negativamente en el ejercicio de derechos.

“Sabemos que muchas veces, en este caso el Congreso, no se guía por las prácticas más democráticas y han privado muchas malas prácticas de cuatismo, de cercanía, de lealtades políticas, de personas que se nombran sin la trayectoria ni conocimiento y eso va debilitando a las instituciones, sobre todo, dejan a las personas en estado de indefensión total”, subrayó.

Instó a observar los Principios de París, los cuales establecen estándares que tratan de ordenar las pautas en las que los organismos de derechos humanos deben comportarse, como la vigilancia de la actuación de instituciones de cualquier orden de gobierno en cuanto a brindar garantías y respeto; además, que sean independientes.

Realzó que un punto esencial es de el de autonomía de la persona que se encuentra al frente, para que con libertad aborde cualquier problemática que surja, pues el o la ombudsperson debe poner frenos y es necesario que su voz se escuche, firme y fuerte; que se desempeñe con pluralismo, que realice trabajo de cooperación con actores nacionales e internacionales, que dialogue y trabaje cercanamente con la sociedad civil.

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La experta sugirió que para la renovación de la CEDH deberían observarse 36 indicadores de evaluación, entre los que destacan: la no existencia de conflicto de interés, ni señalamientos de corrupción o fraude, sino independencia personal, partidista y religiosa, pues en caso de estos vínculos, es motivo suficiente para no dar el nombramiento.

“Que no quede duda de una actuación sesgada”, pues tendrá que comprobarse la integridad, transparencia, una actuación pública no contraria a los derechos y una trayectoria ética, por lo que –resaltó- el proceso de designación que se realice debe garantizar un perfil con autonomía reconocida.

En tanto, María Antonia Chávez Gutiérrez, integrante del Observatorio Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de Personas, acentuó que el presidente o presidenta de una Comisión de Derechos Humanos no debe ser juez y parte. Recordó que no es un secreto a voces que quienes han quedado al frente de estos órganos son nominados a partir de los propios equipos representativos del estado y responden a ellos, no a la ciudadanía.

Surgen –añadió- para cumplir las cuotas partidistas que les han sido asignadas, por lo que es difícil visibilizar su independencia y en la práctica el resultado es de incumplimiento. “Quien llegue debe tener preparación profesional y una validación pública de cómo ha defendido este tipo de derechos”.

Destacó que en el proceso de selección deben transparentar evaluaciones y expedientes, donde representaciones de la academia y de la sociedad civil tengan un espacio que dé peso de valor, “pues lo político no funciona, ni el servilismo ni compadrazgos”.

Entre las OSC convocantes a este foro se encuentran el Colectivo Mujer y Utopía (CMU), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el Colectivo para la Atención de la Familia Migrante e Indígena (Cafami), la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser-Tlaxcala) y la Consultoría de Género, Periodismo y Comunicación, la Red Mexicana de Mujeres Trans, entre otras.

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