A 66 años del sufragio femenino en México, se requiere impulsar la nulidad de la elección cuando se compruebe la violencia política por razones de género, planteó la académica Araceli Nogueda Simón al reflexionar sobre las condiciones para ejercer el derecho de la mujer a votar y ser votada.
Confió en que dentro de dos o tres años este punto sea una realidad, pues repasó que de 2018 a 2019 hay 106 casos de violencia política hacia la población femenina del país, de los cuales 16 corresponden a homicidios contra candidatas y otros 10 asuntos están vinculados a hechos, por lo que se remitieron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Sin embargo, al no existir el tipo penal sobre la violencia política por razón de género los asesinatos son atendidos como el resto de los que se cometen y no entran en el análisis para tener un referente en torno a esta problemática. “Es increíble eso”.
Solamente ocho estados establecen la violencia política en su Constitución, 18 la mencionan en su normatividad electoral y 21 en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incluida la General; nada más cuatro la han tipificado en el Código Penal “y hay entidades que ni siquiera han hecho” alguna de estas, señaló.
Y es que Nogueda Simón dictó la conferencia magistral “La realidad política de las mujeres a 66 años del derecho al voto”, en el auditorio de la Pinacoteca del Estado a convocatoria del Instituto Estatal de la Mujer (IEM).
Ante funcionarias y servidores públicos resaltó que las posiciones que en este momento ocupan las legisladoras como presidentas del Senado y de la Cámara de Diputados, “son cuotas políticas”, pues no llegan por reconocimiento a su fortaleza y al valor de su currículum, sino porque hay conveniencias, “sin embargo ahí están”.
Remarcó que es necesario eliminar los obstáculos, como los estereotipos y la discriminación, para que una mujer ejerza sus derechos políticos y que no se le impida hacerlo por simple el hecho de ser una persona de este sexo.
Pero aún persisten cuestiones estructurales, ya que de 20014 a 2015 hay entidades como Oaxaca y Guerrero, donde han asesinado a candidatas o agredidas verbalmente. No les han promovido una buena campaña y no existen recursos para ellas o hay registros simulados de sus postulaciones y carecen de capacitación, lo cual es violencia política, indicó.
Actualmente hay 241 diputadas federales, 471 locales, dos gobernadoras, 432 presidentas municipales, mil 39 síndicas, cinco mil 88 regidoras y 584 concejales (en las delegaciones), pero antes de 2018 las alcaldesas solo representaban dos o tres por ciento, respecto de hombres que ocupaban el mismo cargo. “Vamos en esa parte de avance”.
Pero insistió en que se requiere trabajar en el libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, pues “siguen matando a quienes quieren pasar a las arenas políticas” y puntualizó que a 66 años aún no se puede hablar de paridad porque hay una construcción social con una serie de obstáculos.
Expuso que hay entidades como Oaxaca donde pese a estar tipificada la violencia política, es donde se ha registrado el mayor número de asesinatos de mujeres y “ni siquiera son atendidos” por esa disposición legal, ya que los adjudican “a que la señora se fue de noche, cuando debería estar en su casa con sus hijos y no andar de loca queriendo ser presidenta municipal, que eso es para los hombres, así textual”.
La especialista realzó que para avanzar es fundamental tener un país libre de feminicidios, poner fin a la discriminación y eliminar prácticas como el matrimonio infantil y precoz “que sigue siendo una realidad en México”.
Asimismo, citó que es importante revertir las tasas de embarazo en niñas y adolescentes y en garantizar la remuneración del trabajo doméstico. La experta en violencia de género, derechos humanos, mujeres en reclusión, acoso sexual y laboral, anotó que hasta dentro de 81 años se podrá alcanzar la igualdad salarial entre ambos sexos.
En entrevista, Angélica Zárate Flores, titular del IEM, consideró que es necesario tipificar en Tlaxcala la violencia política, pues solo está establecida en la Ley que Garantiza el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia en el Estado.
La referencia en ese marco normativo obliga al instituto y al gobierno estatal a visibilizar este tipo de agresión, para que las personas puedan identificar “cuándo están siendo víctimas”, mencionó.
Acentuó que la tipificación es uno de los pendientes y que tiene conocimiento de que tanto en el Congreso local como en el Poder Ejecutivo se trabaja al respecto y que ambos han realizado reuniones, a efecto de la realizar diversas adecuaciones jurídicas para tener un marco normativo más acorde.
Precisó que a través de las unidades de atención del IEM no se han recibido denuncias de violencia política como tal, para ofrecer asesoría y acompañamiento a alguna usuaria. “Pero el tema es parte del catálogo” para sensibilizar a la población.
“El hecho –dijo-de que desde su instituto político no las estén preparando para postularlas o que habiendo un trabajo que les permita ser postuladas, no lo sean”. Agregó que probablemente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tenga registrada alguna carpeta de investigación por un hecho en esta materia.
Las mujeres con discapacidad han sido más relegadas: MMC
Por su parte, María del Carmen Mazarrasa Corona, titular del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD), destacó que aún es difícil que las mujeres con alguna discapacidad entiendan que tienen derechos políticos, pues son en los que han sido más relegadas que el resto de la población.
“Se debe platicar mucho y hacer consciencia con ellas y más en este tema que se les hace más lejano, pues están más preocupadas por cuestiones de salud y de su rehabilitación, cuando este tipo de temas es importante para cerrar brechas y ganar espacios”.
Recordó el caso de una senadora con discapacidad, a quien fue necesario adaptar su curul porque en ese recinto no hay instalaciones adecuadas para personas en esta circunstancia, lo cual también es violencia.
Subrayó que se requiere de la participación ciudadana de este segmento de la población y recordó que la legislación tlaxcalteca establece los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, lo que significa que pueden ser votadas.
Sin embargo, la funcionaria asentó que se requiere homologar este precepto con el resto de las leyes del país, ya que no todas garantizan este derecho. Refirió que las mujeres con discapacidad prácticamente han sido invisibilizadas en la política, pues el número es reducido tanto en cargos públicos como en los de elección popular.
“Hay un movimiento nacional, al que pertenezco, para tratar de que todo se haga con perspectiva de discapacidad, pues mientras no estemos en la mente de las autoridades que tienen el poder de decisión vamos a seguir teniendo obras y otra cosas que no son accesibles para la población con esta condición”.
El sufragio femenino “fue tardío pero un gran avance en la lucha por los derechos de la mujer y habla de lo rezagado que estaba este tema en el país” y pues este sector aun no se siente parte de este todo, comentó.
Rememoró cuando en su familia se comentaba la fecha histórica del 17 de octubre de 1953, cuando por vez primera la mujer mexicana pudo votar, pero lo hacía con permiso del esposo y en ocasiones este le decía por quién sufragar.