Hace una semana un medio de comunicación informaba sobre el asesinato de una mujer entre los límites de Tlaxcala con San Martín Texmelucan, con el encabezado “Sale a correr y encuentra la muerte”. Las reacciones por algunas mujeres en las redes no se hicieron esperar, expresando su sentir sobre la nota, “como si las mujeres saliéramos a buscar la muerte”, “nuevamente responsabilizando a las mujeres de ser asesinadas”. Esa semana fueron asesinadas cinco mujeres en el estado vecino, de las cuales dos fueron en los límites entre Tlaxcala y Puebla, y no hay información clara sobre el lugar de origen de las víctimas.
El lenguaje que se sigue utilizando invisibiliza el dolo con el que el agresor actúa, las razones que por género existen en estos actos y de ahí la importancia que se le quita al delito de feminicidio de manera insistente en el estado; las razones de género, los elementos culturales y el sistema de creencias que hacen pensar al feminicida o asesino que tiene el poder suficiente para determinar la vida y disponer del cuerpo de las mujeres, para castigarlas o sancionarlas y, en última instancia, para preservar los órdenes sociales de inferioridad y opresión. El lenguaje sí importa, de manera que no sea un discurso del que no se ven resultados en beneficio de las mujeres y podamos sentirnos seguras en cualquier espacio.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio entiende el feminicidio como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, así como una de las manifestaciones más extremas de discriminación y violencia contra ellas. El odio, la discriminación y la violencia tienen su expresión por medio de las formas brutales en las que los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres adultas son sometidos, y de esta forma se evidencia el odio y desprecio hacia ellas. Sin embargo, esto es invisible a las autoridades, quienes se niegan a iniciar las investigaciones como feminicidio y no como homicidios, cuando las formas muestran estas actitudes de inferioridad y misoginia; además de la basurización simbólica de los cuerpos, siendo colocados, la gran mayoría, en lugares públicos.
El fin de semana pasado se dio a conocer otro asesinato de una mujer en el municipio de Xaloztoc, con el que serían nueve los feminicidios cometidos en este año y de los cuales parece que sólo quedan en otra nota olvidada. Culturalmente se observa una normalización y pasividad al respecto, no hay movilizaciones, no hay pronunciamientos por las autoridades, no se exige justicia, se deja pasar.
Con la realidad que se vive en la región de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, aún es imposible comprender cuáles son las razones que mantienen la negativa para decretar la Alerta por Violencia de Género en Puebla y Tlaxcala; sin más detalle, se han aceptado las declaraciones del Estado para considerar suficientes las acciones que realizan para evitar que las mujeres estemos en situación de violencia feminicida, sin indicadores de impacto o seguimiento han considerado suficiente la “buena voluntad” para mantener las acciones de simulación y, sobre todo, las graves omisiones hacia los delitos por razón de género.
La insistencia de las organizaciones de la sociedad civil por visibilizar la necesidad de actuar con perspectiva de género, conforme a la normatividad y sin prejuicios poco a poco ha tenido impactos en la política pública del estado y en el actuar de algunas autoridades en funciones; sin embargo, es desesperante que mientras deciden generar cambios de fondo, que las autoridades garanticen el acceso a la justicia, nos siguen quitando la vida.
Del informe “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014–2017”, se desprenden reflexiones y tareas importantes para el estado. Por ejemplo, el tipo penal de feminicidio en el estado de Tlaxcala a pesar de haber sido modificado en dos ocasiones ha sido inadecuado, pues no incorpora las circunstancias objetivas y las que están incluidas son subjetivas o las supedita a la realización de otras conductas o delitos; y hasta el momento continua sin una reforma adecuada. Por otra parte, el propio informe de la AVG en sus visitas in situ reconoce que las autoridades de procuración de justicia, negaron la existencia de feminicidio en el estado. Consideran que no hay razones de género que motiven dichas muertes que permitan clasificar al hecho como tal.
Por otra parte, el Grupo de Trabajo ve que hay errores en los procedimientos para iniciar una investigación de feminicidio; sin embargo, si bien la autoridad manifestó contar con protocolos para la investigación de este delito (por lo que el Grupo de Trabajo recomendó que se actualizaran a los estándares más altos de debida diligencia, perspectiva de género y derechos humanos) a marzo de 2018 no se ha encontrado ningún protocolo, ni anterior, ni actualizado a más de seis años de que se tipificara el delito de feminicidio en Tlaxcala; asimismo, no ha habido ninguna sentencia por feminicidio en este periodo.
Además, de los 13 estados donde no se ha homologado el feminicidio, en ocho, entre los que se encuentra Tlaxcala, los tipos penales son casi imposibles de acreditar, pues incumplen con las características de autonomía, agregan elementos normativos innecesarios y reducen o subjetivizan las razones de género. Durante 2017 Tlaxcala no acreditó ningún feminicidio.
Son muchas las deudas hacia las mujeres tlaxcaltecas, vale la pena preguntar qué se está haciendo ante esta realidad violenta y brutal antes de que nos quiten la vida en cualquier momento; sin declaraciones que minimicen estos hechos y que normalizan el trato inadecuado de la información, que promueve en la cultura actitudes de desprecio hacia la vida de las mujeres.