Jueves, agosto 18, 2022
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Ante un problema tan grave como la trata de mujeres, un gobierno sin compromiso

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La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una de las violencias más graves que vivimos en el territorio mexicano, este negocio ilícito ocupa el segundo lugar a nivel nacional después del tráfico de armas, los grupos delictivos organizados se benefician de la explotación sexual obteniendo grandes ganancias que les permiten continuar operando. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó transacciones financieras sospechosas y descubrió 201 posibles casos de trata en 2021. Durante el periodo 2019–2021, la UIF congeló mil 617 cuentas bancarias y más de 52 millones de pesos en fondos relacionados con delitos de trata de personas.

El Informe sobre la Trata de Personas (Traffiking In Persons Report July 2022) del Departamento de Estado de Estados Unidos, identificó que en México existe una grave complicidad y corrupción de algunos funcionarios gubernamentales, quienes facilitaron o participaron en el delito de trata, asimismo el informe señala que “autoridades en todos los niveles del gobierno carecían de conocimiento suficiente de las leyes de trata y fallaron para identificar y derivar de manera efectiva a las víctimas”. Es gravísimo que algunos funcionarios de gobierno estén coludidos con las redes de tratantes y que tengan desconocimiento de las leyes que existen para atender a las víctimas y sancionar a los tratantes, esto explica por qué la trata se ha expandido tan rápida y eficazmente en todo el país.

Particularmente en Tlaxcala la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una problemática que prevalece y que lamentablemente sigue operando en gran parte del territorio mexicano y en el extranjero. Datos obtenidos en seguimiento hemerográfico señalan que de enero de 2011 a diciembre de 2021 las redes de tratantes tlaxcaltecas continúan enganchando en 17 estados de la República mexicana y a mujeres de tres países de Centroamérica –aprovechando su paso migratorio por nuestro país–; los datos también indican que explotan sexualmente a las mujeres y niñas en 20 estados del país, lo que significa que las redes tlaxcaltecas se encuentran operando en total impunidad en el 59 por ciento del territorio mexicano. Asimismo, el informe del departamento de Estados Unidos menciona que el gobierno federal dio cuenta de haber identificado a tres estados con “alta prevalencia de trata de personas, pero las autoridades de estos estados no condenaron a ningún tratante por segundo año consecutivo”, uno de estos estados es Tlaxcala.

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El origen de esta violencia es el sistema patriarcal y neoliberal que se ha encargado de cosificar a las mujeres, de colocarlas en una posición de subordinación y de poner en condición de explotación a sus cuerpos y su sexualidad, es decir, una mercancía más en el mercado. Esta situación se alimenta de varios elementos, entre ellos una sociedad que normaliza y justifica la existencia de la prostitución y las mujeres explotadas sexualmente; hombres violentos patriarcales que solo buscan satisfacer su placer sexual sin que les importe el daño que les provocan a las mujeres; funcionarios omisos, indolentes y coludidos con las redes de tratantes, que a su vez se vuelven demandantes del cuerpo de las mujeres y que desconocen cómo hacer prevención, cómo atender y proteger a las víctimas y lo que deben hacer para implementar sanciones contundentes a los tratantes.

Recién pasamos el Día Mundial contra la Trata de Personas (30 de julio) y a casi un año de iniciada la actual administración gubernamental –que se ha dicho aliada de las mujeres y comprometida con la lucha contra la trata de mujeres y niñas–, el gobierno sigue promoviendo acciones mínimas y aisladas ante este problema, a casi un año sigue pendiente la aprobación e implementación del Programa Estatal contra Trata, que debería regir una política pública integral y continua para desestructurar el problema, ante ello las redes continúan operando impunemente y las mujeres y niñas siendo víctimas de este grave flagelo.

*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

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