La creación de los mecanismos de género en América Latina ha tenido por objeto hacer real la equidad de género e impulsar la ciudadanía plena de las mujeres, haciendo énfasis en revertir la distorsionada distribución de oportunidades por género que ha imperado en la región; ya que desde los años setenta se pretendió dar atención a la problemas de las mujeres a través de entidades encargadas de la familia, lo que consolidó un modelo de familia en donde la principal encargada de los cuidados de hijos/as y del hogar fuera la mujer, además de la carga del matrimonio, imposibilitando que las mujeres salieran de hogares violentos. A partir de la década de los ochenta, se logra un gran avance en la disposición de un organismo específico para las mujeres, las características propias de cada país han condicionado estos procesos, ya que se atraviesan otras condiciones como la económica, política, legal e institucional.
Como resultados de los procesos socio–políticos, en los noventa se consolida la institucionalización de la perspectiva de género, fortalecidos por los acuerdos de las conferencias e instrumentos internacionales que recuperan las realidades de las mujeres en todo el mundo, en la región y en cada país; lo que ha generado acciones estratégicas a problemáticas específicas, que de otra manera, no habrían formado parte de la agenda política en gobiernos conservadores y de derecha; lo que ha tenido impacto en las funciones, alcances e incidencia de estos organismos para la vida de las mujeres en los diversos ámbitos y en la forma de atender (o no) los problemas actuales e históricos.
Aunque en la actualidad continúan presentando resistencias algunas autoridades por contar con una agenda feminista en todas las instituciones para profundizar en las causas de la desigualdad y las violencias contra las mujeres y modificar los contextos de riesgo y violencia feminicida, por lo que esta transformación nos obliga a estar atentas en el proceso y no permitir pasos atrás, pero tampoco violaciones en el camino.
Tanto a nivel federal como estatal, se inicia este 2025 con la transición e inicio de operaciones de la Secretaría de la Mujer, informando ya las principales funciones que deberán cumplir y cómo esta transformación encaminará acciones pensadas en beneficio de las mujeres; pues a 24 años de su creación, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha tenido facultad para el avance y adelanto de las mujeres, para nombrar las violencias y generar estrategias que permitan la incidencia y ejecución de programas y acciones con impacto directo en la vida de las mujeres, siendo complejo con la diversidad de mujeres que somos y de problemas que enfrentamos, con muchas limitaciones y parcialidades.
Pero es lamentable que en este proceso, se informe sobre la fusión del Inmujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para formar la Secretaría de la Mujer (en singular, como si las mujeres fuéramos homogéneas), en medio de despidos y condicionamientos que terminan violentando derechos humanos de las mujeres trabajadoras de estas dependencias, aumentando las incertidumbres sobre su funcionamiento y la política institucional sobre el marco de protección de los derechos de las mujeres.
En el estado de Tlaxcala también inició operaciones la Secretaría de la Mujer, después de 25 años del surgimiento del Instituto Estatal de la Mujer, el cual ha sido mirada por otras instituciones como la responsable única de la política con perspectiva de género dirigida a las mujeres, lo que no ha permitido avances significativos al delegar a una sola institución estas obligaciones; impidiendo avances sustantivos en la prevención de la violencia y en la reducción de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.
En otros estados ya han transitado de Instituto a Secretaría, por lo que es importante revisar su desempeño y no repetir errores que no han significado realmente beneficios para las mujeres, ya que los recursos en algunos casos no han sido suficientes, han significado reducciones en sus presupuestos, así como en sus atribuciones y poblaciones a atender. La transición del Instituto a Secretaría debe significar mayores atribuciones, facultades y alcances en la incidencia de manera transversal con otras instituciones para el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género, en los impactos directos para las mujeres en la protección y garantía de sus derechos humanos.
A nivel local, esta transición debe significar una oportunidad para cambiar los discursos que minimizan los contextos de violencia contra las mujeres que se vive en el estado, destinar recursos y estrategias con impactos reales; por el momento existe más expectativa que claridad sobre cómo iniciará su funcionamiento; sin embargo, a nivel federal existe una gran incertidumbre sobre la continuidad de los programas y mecanismos construidos principalmente por incidencia de sociedad civil, para la atención y erradicación de las violencias como el programa Paimef para la atención de la violencia contra las mujeres, el programa de apoyo a los municipios Proabim, el apoyo a los refugios para mujeres en situación de violencia, así como el mecanismo de la Alerta por Violencia de Género, ya que por el momento, todo trabajo se ha detenido sin dar mayor información más que sus objetivos de forma general, sin profundizar aún en la continuidad, seguimiento o incluso en la desaparición de estos programas y mecanismos.
Después de cinco décadas, aún permanecen deudas para las mujeres, los avances han sido, aunque significativos, lentos; el escenario no deja de ser complejo en todos los contextos, el comienzo de la Secretaría a nivel federal ha significado pérdida de empleos para muchas mujeres, muchas interrogantes para la operación de las acciones dirigidas a los estados y municipios para la prevención, atención y erradicación de las violencias. Urge que el gobierno federal termine la construcción de esta Secretaría, que, en coordinación con los estados, se cuenten con estrategias amplias, con perspectivas intercultural e interseccional para mirar a todas las mujeres en sus pluralidades y no repita modelos parciales y centralistas.