Domingo, abril 11, 2021

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Andorra y la corrupción mexicana

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Andorra, país que se encuentra entre la frontera entre España y Francia, es uno más de los lugares que los corruptos mexicanos han ocupado para el blanqueo de capitales, es decir, para el lavado de dinero. Según registros del periódico El País, el gobierno de Andorra ha confiscado más de 48 mil millones de pesos a 23 personalidades del mundo empresarial, ex funcionarios y actuales funcionarios públicos ligado al PRI y probablemente al PAN, así como empresas vinculadas con el famoso grupo Atlacomulco del Estado de México, mismos que recibieron contratos de obra pública, concesiones y demás en el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando gobernó el Estado de México y luego cuando fue presidente de México. La suma confiscada es de 2 mil 86 millones de euros, de ese tamaño es la corrupción mexicana de los gobierno del antiguo régimen. Andorra, otro ejemplo del saqueo.

Desde al menos el año 2015 el gobierno de Andorra había identificado inversiones irregulares al abogado de la clase política priista y panista, Juan Collado, sin embargo y según consta en los registros, el propio gobierno mexicano intercedió para que no se continuará con la investigación y se postergará por algunos años ese proceso; sin embargo, a partir de que en el año de 2017 se deroga el secreto bancario en ese país, se realizan más investigaciones siguiendo la pista del abogado hasta detectar el blanqueo de dinero ocupando al Banco Privado de Andorra (BPA), acumulando las cantidades ya mencionadas y aunque aún no se ha dado a conocer la lista de las 23 personalidades mexicanas que están vinculadas, se han filtrado algunos de ellos destacando los nombre de los hermanos Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps –ex líder petrolero–, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila –ex gobernador del Estado de México– y Alfredo del Mazo –actual gobernador del Estado de México–, entre otros más, lo que hace suponer que hay una red de complicidad del más alto nivel que sistemáticamente movió recursos monetarios a ese pequeño país que se destacó por muchos años como un paraíso fiscal por los escasos niveles de vigilancia y opacidad con la que recibía carretadas de dinero de diferentes países y desde luego de distintas personalidades.

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La investigación contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto, quien aportó elementos de prueba sobre la red de complicidad relacionada con Juan Collado, al mismo que en diversos momento se le han confiscado entre 90 y 120 millones de dólares en Andorra, la investigación en México también demostró que no hay relación entre los ingresos por el desempeño de la función pública y los recursos invertidos y los fondos de inversión en el BPA y que estos personajes usaron mecanismos complejos para llevar ese dinero al famosos principado. Sobra decir que el entramado de corrupción pretendió blanquear y evadir impuestos, aprovechando las condiciones legales en materia fiscal y financiera de ese lugar.

Ahora bien, con la confiscación han surgido al menos tres escenarios: el primero tiene que ver con la intención del gobierno mexicano de recuperar los 48 mil millones de pesos y por ende estarían solicitando el retorno de esos capitales, tarea nada sencilla porque implicaría un juicio que entrarían en el derecho internacional privado y que debería llevarse en la parte que corresponde al Derecho Internacional Público dado la afectación al Estado mexicano. Ese proceso legal se llevaría mucho tiempo, así que es probable que no prospere en el corto plazo, valdría le pena recordar la ruta de Raúl Salinas de Gortari y el desenlace de sus cuentas en Suiza. Si bien, el gobierno mexicano logró que más de 74 millones de dólares fueran repatriados a la Tesorería, tuvo que pasar más de una décadas para que ello ocurriera, pero en 2013 el hermano incómodo se saldría con la suya al recuperar su dinero, haiga sido como haiga sido (sic Felipe Calderón). El segundo escenario sería que los afectados, es decir las 23 personalidades, inicien la defensa para recuperar el dinero que les fue confiscado, pues quién quiere perder gran parte de su patrimonio producto de la complicidad y corrupción; sin embargo, al iniciar un proceso de defensa, nos llevaría al tercer escenario, pues sería casi un hecho que se tengan que conocer los nombres de tan distinguidas personalidades, lo que inevitablemente los llevaría a ser presa fácil de la UIF mexicana –que de por sí los tiene en la mira–, porque ahora se tendrían más elementos para presentar denuncias por enriquecimiento ilícito, crimen organizado,  lavado de dinero y daños probablemente al erario. Esto podría llevarlos a hacerle compañía a Juan Collado, uno de los abogados de la mafia del poder que ahora está en la cárcel.

De hecho, el caso es muy complejo, pero resulta muy útil para seguir visibilizando que las prácticas de corrupción fueron el pan nuestro de cada día en los gobiernos priistas y panistas. Andorra, un país de menos de 78 mil habitantes y menos de 500 kilómetros cuadrados, fue un lugar idóneo para guardar los ahorros producto de las más bajas prácticas de corrupción.

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Entre tanto, Minerva Hernández inicia con el píe izquierdo al proponer como flamante coordinadora la frase de la campaña “Ni un paso atrás”… en efecto, ni un paso atrás… ver para creer.

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