Amargo fin de año les espera a varios funcionarios y exservidores públicos, entre ellos, munícipes, porque mientras unos afinan los villancicos y otros calientan el ponche, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) decidió judicializar 64 expedientes por un daño patrimonial de 501 millones 722 mil 952.93 pesos y algunos les darían posada, pero tras las rejas.
La lista de quienes vivirán un amargo fin de año es generosa y pluripartidista, porque lo mismo aparecen funcionarios de la administración del hoy cónsul de la Cuarta Transformación, Marco Antonio Mena Rodríguez, que del gobierno morenista de Lorena Cuéllar Cisneros, así como algunos exmunícipes. Queda claro que la corrupción es “democrática”, no tiene color; “es incluyente, transversal, progresista”.
Por ejemplo, en la era del no robar, no mentir, no traicionar, la ASF fincó responsabilidades contra Claudia N., exdirectora de Administración del OPD Salud Tlaxcala, y su sucesor Julio N., por un probable daño de 20 millones 628 mil 55.59 pesos. Un simple desliz: pagaron compensaciones no autorizadas con recursos que no debieron tocar. Debe haber sido el espíritu navideño adelantado.
Pero no es todo. Un proceso jurisdiccional sigue vivo contra quienes dirigieron recursos humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno y en la administración de la SEPE, en el año 2022; los angelitos desviaron 92 millones 37 mil 297.88 pesos al pago de presuntos “aviadores”, de acuerdo con la acción legal, 2022-A-29000-19-1884-06-008. Fueron 9 mil 557 trabajadores que excedieron los tabuladores autorizados, y premiaron a 111 trabajadores con nuevas categorías y más salarios sin autorización.
La ASF también persigue a funcionarios del ITIFE, bajo la administración del exdiputado Miguel N., por 2 millones 844 mil 774.50 pesos desviados a supuestas demoliciones que jamás cumplieron los fines dispuestos.
Y como el expediente es largo, el menú incluye otro platillo fuerte: 136 millones 186 mil 153.06 pesos observados al gobierno menista, en su último año, por irregularidades en adquisiciones y servicios pagados sin justificación desde la entonces Secretaría de Finanzas y Planeación.
Los exalcaldes de Chiautempan Héctor N., y Gustavo N., así como el exmunícipe capitalino, Jorge N., entre otros más, también desfilan en la lista de quienes tendrán que explicarle a la justicia cómo y por qué hundieron las finanzas municipales. Algunos creyeron que con dejar el cargo se extinguían las culpas; pero en esto, no hay “santos inocentes”, los procesos siguen y varios podrían vivir un amargo fin de año en el que algunos no podrán cargar los peregrinos.