Alianza criminal gobierno-empresas generan proyectos que violan derechos humanos: defensores de territorio

Defensores de diversos territorios del país, entre ellos integrantes del “Colectivo 16 de Octubre” de Calpulalpan, coincidieron en que su lucha es contra una “alianza criminal” entre gobierno y empresas, de la que derivan proyectos que violan derechos humanos y devastan el entorno.

Así lo puntualizaron durante el foro en línea denominado “Pueblos y Energía: Megaproyectos y Resistencias”, transmitido a través de la red social de Facebook.

Yolanda García Beltrán, investigadora y moderadora de este diálogo, señaló que este espacio tuvo la finalidad de conocer distintas experiencias de pueblos de distintas partes de la República mexicana que han luchado contra la instalación de algún proyecto de energía, particularmente de las llamadas renovables, como parques eólicos y plantas solares.

“Nos han vendido la idea de que estos no contaminan, que son sustentables y permiten un cambio positivo como sociedad; sin embargo, encontramos que en la realidad esto no es así, sobre todo por la forma en que las empresas llegan a las comunidades rurales y pretenden instalarse”, acentuó.

Realzó que estos proyectos y compañías de capital privado “son las máximas expresiones de poder, porque incluso someten al poder político que está a su servicio”, como lo han señalado estos activistas.

Feliciano Cervantes, del Concejo Estatal para el Rescate de los Pueblos Indígenas de Baja California  (Cerpi-BC); Defensores y Protectores del Futuro de Ixil, Yucatán; Alejandro López, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; Martín Barrios, de Tehuacán, Puebla, e integrantes del Colectivo “16 de Octubre” de Calpulalpan, Tlaxcala, son protectores de territorio :y muchas veces han sido violentados por sus acciones”.

En el caso específico de la entidad tlaxcalteca, Julieta Pineda, Orlando Balderas e Iván Aguilar expusieron la problemática generada por la construcción de la planta solar Nueva Xcala, por parte de la empresa francesa Engie, debido a que su instalación ha provocado la devastación del área natural denominada Monte Mal País.

Anotaron que el Colectivo “16 de Octubre” inició actividades a finales de 2021, por lo que su “lucha es reciente, aunque intensa”, pues a la fecha no ha conseguido una respuesta concreta por parte de las autoridades correspondientes en atender este asunto y además porque ha sido un reto trabajar frente a la apatía de la sociedad.

“Sin embargo, ahí seguimos. Hay una trato inequitativo, una fórmula de dividir a la gente, en nuestro caso fue señalar que la problemática fue por ejidatarios que firmaron el arrendamiento pero no se dice que se hizo con engaños y compra de voluntades, etcétera”.

Por su parte, Alejandro López, de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Resistencia, expresó que estos colectivos están en lucha “contra una alianza criminal, a la que han identificado como gobierno y delincuencia organizada, y de este dueto se derivan todos estos proyectos o megaproyectos que se llaman gasoducto, hidroeléctrico, minero, fotovoltaico, basurero privado”.

Añadió que la lucha es ardua y no tiene fecha de término. “Estamos contra ese monstruo y tenemos que fortalecernos ante la defensa del territorio y vida propia”.