Alerta de violencia de género no debe ser acto de buenas intenciones ni bandera política: expertas

No basta con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Tlaxcala, porque no es solo un acto de buenas intenciones, ni debe usarse como bandera política o para evitar la mala calificación a un gobierno, porque podría generar más problemas, se devaluaría y correría el riesgo de institucionalizarse sin cumplir el objetivo, dejando fuera a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a la academia con voz crítica, advierten expertas del país en esta materia.

El pasado 22 de julio, la gobernadora electa Lorena Cuéllar Cisneros y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), anunciaron que acordaron decretar este instrumento en el estado, como parte de las acciones a emprender al inicio de su sexenio.

El artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVlV) establece que la AVGM:

“Es un conjunto de acciones gubernamentales, de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y /o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado (municipio o entidad federativa)”. Actualmente, 21 ESTADOS cuentan con este recurso.

Maricruz Ocampo Guerrero, demandante de la AVGM en Querétaro, colaboradora del Centro Latinoamericano para la Paz la Cooperación y el Desarrollo (Celapaz), integrante de la Red Nacional de Alertistas (RNA) y colaboradora de la Cátedra Unesco-Derechos Humanos de la UNAM, señala a La Jornada de Oriente que este tema se ha utilizado muchas veces como un instrumento político “para decir que se está trabajando”.

Activarla no es sencillo –resalta-, puede haber la intención por parte de un gobernante como una forma de responder a las demandas constantes por parte de las OSC, respecto de la deficiencia en acciones gubernamentales, no solo a nivel estatal sino municipal, sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la erradicación de la violencia de género contra ellas.

Observa que no debe confundirse que la declaratoria es la solución a esas fallas y omisiones, pues con base en la LGAMVlV debe entenderse “como un tratamiento de acupuntura, o sea, ir a poner la aguja donde se tienen problemas, pero desafortunadamente no ha sido utilizada de esa forma en la mayoría de los estados”.

Por el contrario –enfatiza-, se ha convertido en un manual que se entrega a las autoridades por parte del grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), sobre lo que le falta hacer en materia estructural, de prevención, de campañas, de capacitación, etcétera.

“Si un gobierno hace bien su chamba no necesita una alerta, así de sencillo, porque este mecanismo es un llamado de atención urgente para tomar medidas mañana; si, por ejemplo, lo que se requiere en una zona es alumbrado público porque la falta de este representa riesgo para las mujeres, eso debe hacerse”.

Expone que hay AVGM que tienen más de cuatro años de haber sido decretadas y no se ha avanzado en nada. En el caso de Tlaxcala, apunta que el gobierno estatal no tiene la facultad de activarla y considera aventurada la postura de la SG, pues habría que precisar si conoce bien la problemática y la necesidad o no de esta herramienta, sobre todo porque en este momento se trabaja en la reforma a la LGAMVlV “para convertirla realmente en un mecanismo eficaz y eficiente, que es lo ha faltado”.

Actualmente, si se decreta se notifica al gobierno estatal y al resto de Poderes y a ayuntamientos, “que en su buena voluntad deciden si participan o no, eso es uno de los graves problemas, sobre todo por parte de municipios”, pues no se garantiza su participación cuando estos emanan de partidos contrarios al Ejecutivo local.

“Creo que es una expresión política de querer resolver los problemas de las mujeres de Tlaxcala, sobre todo en temas de violencia, pero no la veo sustentada en hechos o que se tenga conocimiento real de la situación y para eso se requiere de la participación de las OSC que traen la temperatura de lo que ocurre”.

Para Rosa Icela Ojeda Rivera, académica, feminista, coordinadora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres “Hannah Arendt”, consejera de ONU-Mujeres y precursora de la promoción y declaratoria de AVGM en Guerrero, precisa que este mecanismo es un recurso de emergencia que no suple las políticas institucionales de género.

Explica que en el caso de Guerrero, donde hay dos alertas, se ha tenido que reformar la ley para hacerlas accesibles, “pues toda la justicia y la legislación siguen siendo inaccesibles para las mujeres”, porque la violencia contra este sector está considerada como problema político, “sin embargo, el trato que ha tenido y la eficiencia y eficacia son absolutamente lamentables”, en lugar de ser prioridad en la agenda “se ha guardado debajo de la alfombra, del colchón, con una legislación en lo formal pero sin cumplimiento“.

Pese a ello –dice-, las alertas deben proveerse, es el único país en el que la legalmente se establecen; en más de 50 por ciento del territorio se ha decretado “con todas las resistencias” y pocos resultados, lo cual no es un secreto. Los gobiernos que la han recibido desde sociedad civil y los que la han promovido desde sus instancias de derechos humanos o desde ellos mismos, “lo hacen para no ser mal calificados”.

Insiste en que se requiere de la fuerza e ímpetu de las OSC y del feminismo como observantes en su aplicación, pues tras la activación sigue el proceso más difícil que es el seguimiento, en el que se ha observado que en los estados con declaratoria, las cifras de agresiones continúan.

“Es más, se disimula, como en Guerrero, pues se manipulan o maquillan estadísticas de homicidios, no se aplican los protocolos y muy pocos feminicidios llegan a sentencia, por lo que no hay justicia”, lamenta.

Sugiere que las acciones de la AVGM sean transversales y reflejarse inmediatamente en la Fiscalía o Procuraduría de Justicia, lo que en ese estado no ha ocurrido –comparte-, pues sin capacitación a servidores públicos que fungen como primeros respondientes, “las pruebas se pierden y eso detona en una larga cadena de impunidad”.

Abunda: “No basta con la declaratoria. Que bueno que se haga, es muy bueno que el propio gobierno no espere a que se lo pidan ni a la presión de las OSC; tiene que hacerlo en serio, no solo como una medida formal, sino con participación de todas las instancias gubernamentales”.

Ocampo Guerrero coincide en que la AVGM no debe sustituir la política pública trazada en los Planes Estatales de Desarrollo (PED) “porque pareciera que al haber alerta se descuida la igualdad sustantiva, la transversalización con perspectiva de género, la atención a la salud, el presupuesto con enfoque de género y otras cosas”.

Si en Tlaxcala se activa no solo se debe tener al grupo de trabajo en el monitoreo, a las OSC y a la academia como piedra angular, sino también a funcionarios con conocimiento en la materia, “que no coloque a personas solo por darles un premio de consolación como pago de campaña”, plantea.

“La declaratoria no es solo un acto de buenas intenciones o usarla como bandera política, así no funcionan las cosas… requiere aplicarse de manera muy particular, con convenios entre Poderes, instituciones, academia y niveles de gobierno. Significa mucho trabajo”.

Ojeda Rodríguez anticipa que sin un movimiento social que respalde la solicitud de AVGM:

“Es mucho mayor el riesgo de que se institucionalice, por lo que es necesaria la vigilancia de la sociedad civil, con seguimiento objetivo y crítico… se esperaría que en Tlaxcala no haya simulación o engaño, como se ha visto en otros lados, vamos a estar pendientes, porque es un proceso diferente y con un gobierno diferente”.

Se puede partir de las observaciones del grupo de trabajo para el periodo de seis meses que indica la norma, con resultados y una disminución en la incidencia de violencia, pero como acción emergente de contención no para incorporarlas a los PED sexenales.

Maricruz Ocampo refiere que previo a la declaratoria se debe revisar el cumplimiento de las recomendaciones  emitidas por parte del grupo de trabajo, los avances y rezagos, respecto de la primera solicitud de AVGM efectuada desde 2016 en Tlaxcala. “Se necesita un informe nuevo con actualización de cifras, para determinar si se declara o no”.

Cuando la alerta se institucionaliza se invita a OSC afines al gobierno:

“Que aplauden lo poquito que se hace y siguen los parches, se pintan de rosa muros y patrullas y hay transporte público exclusivo para mujeres, lo que no sirve de nada; y si se  politiza no cambian las condiciones y nada más se usa para ganar votos o la aprobación”.

Silvia Nava Nava, activista, integrante de la RNA y presidenta de Todos para Todos A.C, organización que solicitó la primera AVGM para Tlaxcala, puntualiza que la ley local dispone que esta solo puede decretarla el gobierno federal; además, de que implica varios retos, pues la Covavim, podría declararla con el aval del estado, “pero qué clase de alerta vendría hacia adelante sin las herramientas necesarias, como el presupuesto, para que sea útil”; además no puede aplicarse en toda la entidad, tal vez para 20 municipios.