De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural…” (CNDH, folleto sobre el derecho humano al agua y al saneamiento 2014) y esta definición en México obedece a dos modificaciones constitucionales que se hicieron, una en 2011 y la otra en 2012. La primera tiene que ver con el principio de “interpretación conforme”, es decir, como lo indica Rodrigo Gutiérrez, del IIJ–UNAM, que “todas las normas y leyes (federales y estatales) sobre derechos humanos existentes en el sistema jurídico mexicano deben desarrollarse ajustándose a la vez a lo que establece la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia.” Y la segunda, en 2012, cuando los derechos humanos al agua y al saneamiento fueron elevados a rango constitucional y, por tanto, dice también Gutiérrez, “las leyes estatales sobre los servicios de agua potable y saneamiento son leyes sobre derechos humanos cuyo contenido debe desarrollar lo establecido en la Constitución en interpretación conforme el derecho internacional.”
Así pues, de acuerdo nuevamente con lo considerado por la CNDH, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (en este caso al agua y al saneamiento) de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con la Observación número 15 del Comité DESC de la ONU, el derecho al agua y al saneamiento tienen que ver, principalmente, con el derecho a la vida, a la alimentación, al medio ambiente y a la salud, por lo que resulta fundamental que, cuando se legisla en torno a los servicios de agua potable y saneamiento, se haga contemplando todo esto y no sólo lo correspondiente a la administración de un servicio, y menos como si solamente se tratara de prestaciones económicas o de bienes comercializables.
Hace tres semanas, en este mismo espacio, hacíamos notar cómo, sin pudor alguno, hay todavía una fuerte tendencia neoliberal en la emisión y aprobación de leyes, como en Querétaro donde, con el pretexto de cuidar el agua y promover el saneamiento, se abocan principalmente a concesionar todo a empresas privadas con el propósito de fondo de convertirlos en una mercancía y no en un derecho humano. Tan es así que la población en la capital y en varios municipios ha salido ya a protestar por esa ley aprobada y a exigir que el Congreso estatal no actúe a sus espaldas y sin considerar su realidad y la de su territorio.
Y el caso es que aquí, en Tlaxcala, según hemos podido leer en la propuesta que se nos envió, a solicitud expresa por oficio, el Congreso estatal puede estar cayendo en la tentación de aprobar una ley que por la que no cumple con su obligación de ceñirse a la Constitución y a la legislación internacional. Y no sólo eso, sino que se está trabajando sobre un texto basado en el mismo de la ley aprobada en Querétaro, por lo que se explica que se establezcan condiciones que la harán de muy difícil aplicación, pues nada o muy poco tienen que ver con la realidad de Tlaxcala.
Luego de un primer aborde al texto de la propuesta para Tlaxcala, preocupa que sólo considere el derecho al agua y al saneamiento de manera nominal y que más bien, aunque explícitamente se haya eliminado el apartado de “Concesiones” al copiar la ley de Querétaro, se oriente en su totalidad al manejo de ambos como bienes o recursos de alto valor económico y se deje entrever varias veces la posibilidad de su privatización. La ciudadanía tendrá que hacer ver al Congreso estatal que debe cumplir a cabalidad con su obligación de legislar conforme a los derechos humanos, con respeto a la realidad de las mayorías en nuestro territorio, con transparencia y más bien fortaleciendo el ejercicio del derecho al agua y al saneamiento por parte de las mismas comunidades, a través de los Comités Comunitarios, de manera que no se destruya la soberanía de las comunidades sobre el uso y la administración del agua en sus propios territorios.
*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.