Pedro Aquino Alvarado, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), confirmó que existe una iniciativa para que el convenio por disposición final de basura, entre municipios y gobierno estatal, se amplíe a 20 años, en lugar de solamente uno, como ha sucedido desde hace casi cuatro décadas.
En los últimos días, algunos alcaldes dieron a conocer que eran presionados por parte de esta dependencia para que firmaran una carta en la que asumirían el compromiso de “colaborar” con el gobierno del estado, a efecto de “solucionar” el problema de los rellenos sanitarios.
Al respecto, en entrevista colectiva, Aquino Alvarado refirió que “a lo mejor ha habido últimamente alguna información no muy precisa”, pero lo “único que está ocurriendo, es que lo que se firma cada año, para esta ocasión se solicita que sea por un periodo más amplio”, a fin de que el gobierno estatal realice las inversiones que prevé hacer en esta materia.
Aseguró que este servicio “no se le está cediendo al estado”, pues desde hace varias décadas, “históricamente”, el gobierno de Tlaxcala se hace cargo de la disposición final de residuos, “pero los municipios mantienen sus obligaciones constitucionales de limpieza pública, de la recolección y de los traslados hasta nuestros sitios de disposición final”.
La nueva iniciativa consiste prácticamente en lo mismo, aunque “los municipios tienen la obligación constitucional de la disposición de sus residuos y de tratarlos, en los últimos 40 años no se han hecho cargo de eso, no hay manera que lo hagan”, siempre lo ha asumido el gobierno estatal, por eso se firma un convenio anual en el que se establece que carecen de capacidad financiera, logística y de personal para hacerlo y lo delegan al estado.
“Nosotros lo hacemos y año con año hacemos la retención de los recursos para financiar el pago de los derechos que vienen en el Código Financiero. Esta vez, lo único que se está pidiendo es que sea por más tiempo”, que es mayor al de la administración municipal actual, por lo que tiene que ser autorizado por el Congreso local.
Por ello, en este momento las y los alcaldes realizan una valoración, a través de sus cabildos, “de que efectivamente” no tienen capacidad porque son inversiones de cientos de millones, para la construcción y operación de rellenos, además porque la normatividad restringe la ubicación de este tipo de sitios en determinadas áreas.
De ahí que -resaltó-, en zonas como la sur del estado, que es conurbada o con paso de cuerpos de aguas nacionales, la ley no permite que haya ese tipo de depósitos de basura.
Insistió: “Básicamente, los municipios nos dicen, no tenemos la capacidad ni podemos cumplir con la norma para hacerlo directamente, que el estado se haga cargo de la disposición como lo ha hecho durante casi 40 años; ellos harán la solicitud al Congreso y será el que en su caso lo apruebe”.
De ser avalada esta propuesta, el convenio tendría una duración de hasta 20 años, ya que “no podemos transitar hacia un nuevo modelo y gestionar una inversión, si nosotros (gobierno estatal) no estamos a cargo de un servicio”, apuntó.
Aquino Alvarado subrayó que el importe que los municipios pagan cada año al estado por la disposición de residuos es variable, pues se encuentra en función del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual está establecida en 0.25 por metro cúbico, en el Código Financiero.
Abundó que los sitios de disposición final que fueron creados antes de esta norma, no consideran el peso de la basura, por lo que la idea es que con el nuevo modelo de gestión de residuos, “se dé cumplimiento” y ya sea incluido, por tanto, el pago ya no será por metro cúbico sino por tonelada como ocurre en todo el país.
Anotó que todos los municipios que tengan un centro de población superior a los cinco mil habitantes, no tienen capacidad de instalación de un relleno en su territorio, a excepción que dispongan de una superficie amplia y fuera de la cabecera, por ejemplo, Tlaxco; sin embargo, financieramente ninguno de los 60 tiene suficiencia presupuestal, ya que se trata de obras con un monto de inversión de al menos 300 millones de pesos.
El funcionario sostuvo que por el momento no se ha planteado que los municipios pretendan contratar a empresas privadas para la recolección, aunque remarcó que están en libertad de hacerlo.
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