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El gobierno federal revisa la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres (AVGM), vinculada al delito de trata de mujeres y niñas con fines de exploración sexual en Tlaxcala, estado emblemático de esta problemática en algunas regiones, aseveró Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG).
El funcionario estuvo en Tlaxcala para inaugurar el foro “Estrategias para la garantía de los derechos humanos en materia de trata de personas”, efectuado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), como parte de los trabajos para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos en torno a este flagelo.
Posterior a la inauguración y en entrevista con reporteros, Encinas Rodríguez señaló que la alerta de género es uno de los temas “que seguramente” se van a debatir este día, pues en las mesas de trabajo participa Candelaria Ochoa, responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Respondió que se revisa la declaratoria de la AVGM en Tlaxcala, donde hay una particularidad con el tema de la trata de mujeres y niñas, pero que no es exclusivo de esta entidad; sin embargo, la especificidad de ser considerada como cuna de tratantes “sí la vamos a atender de manera muy puntual”, ya que por este señalamiento el estado es emblemático en algunas de sus regiones.
Apuntó que lo importante es desmantelar a las bandas de proxenetas, ya que es “difícil hablar de erradicación, pero sí de una disminución significativa”, así como el cumplimiento de la reparación del daño en forma integral.
“Ustedes van a ver una acción muy enérgica del gobierno federal, fundamentalmente orientada a atender los grupos delictivos, no solamente los asociados al narcomenudeo, sino en general, a los de mayor impacto social como este, el de la trata”.
En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se van a fortalecer los recursos, particularmente para lo relativo a la violencia a la mujer, y también se estudia si se canalizarán recursos federales a Tlaxcala, ya que lo primordial es la coordinación y la acción institucional, puntualizó.
En el acto inaugural, refirió que este problema requiere de la suma de todos los sectores, ya que es uno de los delitos multifactoriales que más agreden a la sociedad, pues el tráfico y la trata de personas hoy se coloca a nivel internacional en el primer lugar, “no solo por el gravísimo impacto social, sino por las implicaciones económicas y sociales”.
Remarcó que este ilícito ataca a mujeres, niñas, niños y hombres, por lo que requiere de toda la energía y fuerza del Estado para combatirla, sobre todo ante un incremento significativo del fenómeno migratorio, pues respecto de 2018, en este año se ha duplicado la cifra de población en tránsito en el país.
Pero precisó que no solo se trata de personas adultas, ya que emigran familias y jóvenes, así como niños y niñas de una edad “muy temprana” que significan alrededor de 40 por ciento de esa totalidad, y “donde el número de los no acompañados representa un porcentaje muy significativo”, además de una vulnerabilidad mayor.
De ahí que en días próximos en Oaxaca será instalada la comisión para atender el problema de trata en población migrante, pues será uno de los enfoques de las acciones que el gobierno desarrollará en este tema, así como los de pornografía y prostitución.
“A esta forma –añadió- a la que hoy le llaman la nueva modalidad de esclavitud moderna, aunque lo ha sido siempre porque la trata implica la subordinación y el control de una persona contra su voluntad en actividades ilícitas”.
Realzó que en esta discusión hacia la construcción del programa de Derechos Humanos se realiza en todas las entidades para recoger aportaciones de la academia y la sociedad civil, a fin de que se traduzcan en políticas y acciones públicas, incluidas las de carácter legal.
La trata es un tema “focalizado en algunas ciudades o destinos turísticos, lo cierto es que lo tenemos extendido en todo el territorio, lo cual implica un enorme esfuerzo institucional”, por lo que es necesario encontrar una ruta para enfrentar este flagelo, acentuó.
Por su parte, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, sin precisar cifras, repasó acciones emprendidas en torno a la igualdad de género y combate a la trata de personas, entre ellas, el protocolo unificado en casos de violencia, particularmente para inhibir la re victimización de mujeres, y la puesta en marcha de una campaña para sensibilizar a la población, además de la ejecución de operativos que han derivado en consignaciones y sentencias condenatorias, y el recate de víctimas.
Citó las reformas legislativas y la operación del Consejo Estatal contra la Trata de Personas. Reiteró su compromiso y sensibilidad respecto de este problema, al que afirmó que no evade ni minimiza.
A su vez, Luis González Plascencia, rector de la UAT, asentó que esta institución trabaja en la puesta en marcha de una serie de líneas de generación y aplicación del conocimiento en materia de derechos humanos, en las que la trata laboral y sexual de personas, la desaparición forzada y atención a víctimas constituyen ejes de articulación estratégica.
En entrevista con medios de comunicación, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, informó que durante 2018 y lo que va de 2019 la Línea Nacional contra la Trata ha recibido cuatro mil 496 llamadas, de las cuales alrededor de 800, que representan 17.79 por ciento del total, se refieren a “probables casos“ en Tlaxcala.
De esa cantidad relativa a esta entidad, 27 se convirtieron en reportes, además, este Consejo giró 11 oficios a autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “para pedir su apoyo” en la investigación de igual número de casos.
Detalló que esta organización civil administra la línea telefónica 018005533000 y que en los últimos seis años ha registrado llamadas de víctimas o de testimonios de trata. A esto se ha incorporado el “Chat de confianza” en WhatsApp (en el número 5555335533), que ha permitido conocer denuncias contra organizaciones establecidas en Colombia, pero que operan a lo largo de Centroamérica, con vínculos en México y Estados Unidos.
De esta forma se ha detectado la gravedad del problema, pues se han recibido llamadas de 16 entidades del país, de enero a la fecha, con mil 792 reportes y de estos 38 se han corroborado como casos de trata, es decir, se judicializaron.
Expuso que el bajo número de asuntos que se vinculan a un proceso judicial se debe a que las personas desconocen que son víctimas de este delito, pues creen que sus victimarios les han ofrecido una oportunidad de salir de su condición de marginación y pobreza. Las estrategias principales para convencer a esta población vulnerable es la oferta amorosa, laboral y de estudios.
Explicó que 85 por ciento de las llamadas tienen que ver con formas de explotación sexual; nueve por ciento con trabajos o servicios forzado, y tres por ciento con utilización de menores de 18 años en actividades delictivas, al igual que con explotación laboral. Pero insistió en la importancia de difundir el tema de trata en jornaleros agrícolas que reciben las principales corrientes migratorias y promover una campaña seria. Agregó que las mujeres representan 72 por ciento de personas afectadas.
Alertó que se debe revisar la capacidad de la reforma al sistema penal para sancionar a este ilícito, pues las organizaciones criminales modifican su forma de operar. Abundó que 85 por ciento de todas las denuncias recibidas en Estados Unidos son de personas nacidas en México o que han pasado por este territorio.
Por otra parte, Alejandro Encinas refirió que la mañana de este martes sostuvo un encuentro con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, para hablar sobre diversos temas de la entidad y que le refrendó el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador “para estar muy cerca del estado”.
Luego, en la entrevista con reporteros, sobre el problema de las barreras de cemento colocadas a costados de las vías del tren en Apizaco, en las inmediaciones al albergue para migrantes “La Sagrada Familia”, sostuvo que Gobernación atiende este asunto y que “de ninguna manera puede establecerse este tipo de obstáculos”. Aseguró que este caso es revisado y que la SG ha platicado con encargados de esa casa “y –subrayó- vamos a resolver esa situación”.
Afirmó que está convencido de que hay un derecho a migrar, a la movilidad humana, lo cual se debe “garantizar” con una migración ordenada, regulada y segura, y que todas aquellas personas que ingresan a México y que cumplen disposiciones de la ley en la materia, también se tienen que respetar sus derechos humanos, al igual que las que entran de manera irregular, cuyo flujo ha bajado cerca de 36 por ciento.
Encinas Rodríguez recordó que México tiene alrededor de 40 mil solicitudes de refugio en este momento, cifra que supera los tres años anteriores.