“Aquel que no desee colaborar conmigo, con su gobierno” y que incumpla el artículo 34 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcal, será cesado de sus funciones, advirtió la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al confirmar el despido de Enrique Escobar Cortez, líder de uno de los dos grupos que se disputan la dirigencia del Sindicato de Trabajadores 7 de Mayo. La mandataria además anticipó que emprenderá “otras acciones contundentes” al respecto.
Así respondió en torno a esta medida aplicada hacia uno de los principales protagonistas de las protestas de burócratas y docentes contra el nuevo esquema de salud implementado por la actual administración estatal, con el argumento de un intento de privatización del servicio médico por parte de las autoridades, a lo cual la mandataria atribuyó la generación “de mucha desinformación”.
Entrevistada durante su gira por Tlaxco, declaró a reporteros que ante este tipo de escenarios se realizarán las bajas que sean necesarias a quien viole la legislación, pues reiteró que se ha ponderado el diálogo y la voluntad política.
Incluso, hizo alusión a una de las activistas involucradas en la protesta y quien acudió a uno de los nuevos módulos médicos para mostrar que a una persona no le era surtida una receta; sin embargo, “lo que no dice es que exigían un medicamento que era de Estados Unidos y que antes se le daba, pero era un gasto excesivo que además no estaba certificado por los organismos nacionales”.
Abundó que lo que su gobierno ha hecho al cambiar el modelo del servicio de salud (al subrogarlo para que una empresa privada lo brinde a través de módulos), “es poner orden” para solventar pagos, sin permitir que las y los burócratas reciban “menos de lo que tenían, al contrario, dar mucho más”.
Comentó que el pasado 14 de este mes sostuvo una plática con Enrique Escobar y fue la última vez que hablaron, después de 15 o más reuniones que ha tenido el secretario de Gobierno (Sergio González Hernández) y todo el equipo, “para hacerles ver que no había pretextos, porque todo es mucho mejor que antes”.
Añadió que en ese encuentro ella se comprometió a conservar todos los especialistas médicos que había y que incluso pidió que si había un caso especial se lo hicieran llegar para que fuera atendido de manera personal.
“Les puse una persona que está ya en servicio las 24 horas… para que cualquier caso que tuvieran de alguna manera atorado, alguna petición, estuviéramos muy al pendiente… le ofrecía que si tenían otros hospitales nos hicieran saber los nombres para que también se hablara con la empresa… también me comprometí a reforzar toda la atención personalizada”, expuso.
Sin embargo –citó–, la Ley de Servidores Públicos del Estado, en el artículo 34, establece que una persona con esta función “tiene que comportarse como un verdadero servidor público, tiene que ir en torno al respeto, a no incitar a compañeros, a no provocar y a varias cosas”.
Enfatizó que con base en esta disposición, “de manera totalmente legal” y también en función de la ley laboral, pues son las dos “que hoy amparan al gobierno”, se tomó la decisión del cese de Escobar, la cual “no es arbitraria… aquí, son solamente personas que han afectado”.
Por tanto, recalcó que va a continuar con esta medida hacia “aquel que no desea colaborar conmigo, con su gobierno, y que lejos de ayudarnos desorienta a los compañeros y se incita de manera inclusive política, porque pudimos ver fotografías de eventos recientes en donde los compañeros están en otro tipo de situaciones, en donde ya se torna esto político, cuando nosotros no hemos metido la política en ningún momento, todo ha sido con respeto”.
Dio lectura al referido artículo 34 que puntualiza que ningún servidor público puede ser cesado sin causa justificada, pero entre las justificadas se incluye la comisión de actos de violencia, amagos, injurias, malos tratos en contra de sus compañeros, mala información, ya sea dentro o fuera de sus horas de labor.
En este caso –precisó–, “vamos a seguir actuando en consecuencia, todos los procedimientos son con base en pruebas sólidas, a que también sean respetados los derechos de los trabajadores”, y que quienes cumplan no serán acreedores a una sanción, “pero aquellos que inciten a la violencia y sobre todo en momentos tan decisivos para la vida del estado, pues no lo podemos permitir”.
Agregó que “vienen también otras acciones contundentes, todavía, precisamente por situaciones en donde ya se afecta a terceros”, de ahí que insistió en que esta actuación del gobierno “es totalmente conforme a la total legalidad”.
A la pregunta de si hay temor de que las protestas “arruinen” la celebración del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023 que está a punto de iniciar, respondió que “aquel que atente contra el estado, el gobierno tiene que defender, no podemos permitir que nada ni nadie afecte contra el desarrollo, la economía y la paz social”.
Comentó que quizá nunca se vuelva a repetir que Tlaxcala tenga una oportunidad como esta “para brillar en el mundo”, por lo que es su obligación “velar porque haya tranquilidad”.
Aunque no aclaró si serán emprendidas acciones penales contra Enrique Escobar, la gobernadora contestó que la posibilidad del despido ya se había comentado en las pláticas. “Hubo avisos previos de que esto” podría suceder, pero a pesar de la voluntad política del gobierno, la actuación de la parte inconforme “es algo político, sí, obviamente, algo que quiere dañar al estado y eso no lo podemos permitir”.