Pese a que en materia política esta administración municipal 2017-2021, ha sido la más violenta para las síndicas tlaxcaltecas, porque han tenido que realizar su trabajo a ciegas y en medio de carencias, ya preparan una entrega adecuada de bienes y del inventario, aseveró Evelyn Chargoy Amao.
La también presidenta de la Asociación de Síndicos Unidos del Estado de Tlaxcala, conformada por alrededor de 46 integrantes, lamentó que los alcaldes interpretan el artículo 42 de la Ley Municipal del estado “muy a su manera, a modo de ellos”.
Esta disposición establece que entre las facultades y obligaciones del síndico, está la de vigilar la recepción de ingresos y su aplicación, así como analizar, revisar y validar la cuenta pública y, vigilar su entrega al Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Sin embargo, “el transcurso de esta administración ha sido muy difícil para el gremio, pues ha sido la más violenta políticamente hablando; a las síndicas no se les dota de recursos técnicos para trabajar, como un lugar, un contador y un arquitecto para checar las obras”.
Algunas deben “navegar a ciegas” y, por tanto, se niegan a firmar la cuenta pública, porque no hay manera de comprobar que lo plasmado en los estados financieros sea cierto, pues carecen de comprobación, apuntó.
Señaló que esta situación deriva en violencia hacia estas servidoras públicas, por parte del presidente municipal y del tesorero, porque los resultados de la revisión del uso de recursos no son a favor de ellos, de ahí que desde un inicio de la administración fue necesario exponer lo que sucede en los ayuntamientos.
Se han realizado ruedas de prensa, solicitado el acompañamiento de abogados y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y se han efectuado reuniones de trabajo para buscar estrategias que permitan mejorar las condiciones, indicó.
Destacó que una de las acciones condujo a la elaboración de una propuesta de reforma al artículo 42, presentada a la diputada María del Rayo Netzáhuatl, quien la impulsó.
“Se avanzó un poquito, pero no fue un gran éxito; siguen muchas cosas pendientes”, como la creación de un glosario que establezca con precisión cuál es la ayuda que la sindicatura requiere para efectuar su trabajo adecuadamente, resaltó.
Mencionó que los primeros casos de agresión en contra de síndicas en esta administración, se registraron en Quilehtla, Ixtenco y Huactzinco; posteriormente en Totolac, en los que las afectadas han tenido que contratar abogados para su defensa.
Recordó que en municipios como Ixtenco y Totolac la modalidad de agresión fue a través del no reconocimiento del cargo que ostentan. Añadió que hay quienes han recurrido a procesos legales y de protección de derechos humanos.
“Estos asuntos se encuentran muy a la vista, pero hay otros más, incluidos los de síndicos varones. Hay algunos en los que las compañeras han tenido que llegar a acuerdos con los presidentes municipales para solucionar las diferencias internamente”.
Consideró que solo 50 por ciento de 60 alcaldes ha mostrado disposición de apoyar el trabajo de la sindicatura. “Ellos tienen la atención de escucharlas y de acordar cómo laborar sin fracturar. Pero aún es muy alto el porcentaje de no cooperación”.
El ser mayoría en número, pues en el estado hay 54 síndicas y solo seis síndicos, ha servido para presionar en el respeto a derechos laborales y al género femenino, “pero yo creo es todo, estamos viviendo momentos de violencia en general y hay un despertar de las mujeres en todos los sentidos, incluso en el sometimiento profesional”.
“Queremos hacer nuestro trabajo de síndicos como debe de ser, verdaderamente ser fiscales de nuestro municipio, guardadores de los bienes. En situaciones en que el presidente va con la idea de que es todo poderoso y que puede hacer lo que quiera, ha provocado todos esos problemas”, acentuó.
Realzó que las diversas herramientas implementadas a favor de la población femenina, como el principio de paridad de género e igualdad sustantiva, “son todo un coctel que ha sacado al hombre de su zona de confort, de creer que es quien manda y punto”.
En materia legislativa se ha progresado, particularmente en el reconocimiento de la violencia política por razón de género, por lo que ahora “ya tenemos los ojos bien puestos; vamos a recibir un curso sobre este tema y el electoral, porque hay algunas que aspiran a contender en los próximos meses”, abundó.
Tanto en la administración pasada –citó–, en la que las síndicas también se agruparon encabezadas por Katy Valenzuela, como en esta, “estamos dejando un precedente de que no nos dejamos, que nos defendemos, que hacemos que el foco nos ilumine y que, en un momento dado, nos inconformamos, denunciamos y avanzamos en el respeto”.
Ante la culminación de las administraciones municipales en agosto del año próximo, estas servidoras públicas esquivan los obstáculos y las limitaciones para preparar la entrega de toda la información al gobierno siguiente.
“Todas las síndicas con las cuales se ha abordado el tema del trabajo que se realiza en la antesala del cierre, hay coincidencia en que su labor está centrada en dejar al municipio en buenas condiciones”, sostuvo.
Por tanto –afirmó–, se encuentran concentradas en la desincorporación de autos y de bienes inmuebles y en elaborar un inventario correcto, así como los permisos de pozos de aguas nacionales, “estamos muy enlazadas para entregar todo al día”.
“Por ejemplo, cuando yo recibí en Panotla, no encontraba ni las patrullas, ni esto ni aquello ni lo otro, por la misma situación de violencia que la síndica sufrió, no pudo hacer su trabajo adecuadamente; ahora hemos hecho lo mejor que hemos podido”.
En cuanto a una rendición de cuentas adecuada, ya será cuestión de cada una, de si va a firmar o si va a revisar, pero el riesgo es muy grande como para no hacerlo, expresó.
Evelyn Chargoy Amao confió “en que las administraciones que vengan siempre vayan mejorando, mejorando, para que lleguemos al punto de hacer un trabajo perfecto, en función de la legislación estatal”, a fin de procurar y defender los intereses municipales y dar aviso de posibles irregularidades en el manejo de la hacienda pública.