Al tiempo de reprochar “las acciones cosméticas” y de riesgo para limpiar el río Atoyac-Zahuapan, el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. exigió al Congreso local retirar la propuesta de establecer el concepto de consumo “mínimo vital” del agua, ya que implicaría reducir el acceso al vital líquido.
En el contexto de la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al estado para dar el banderazo de salida al saneamiento de este cauce, esta organización emitió un pronunciamiento, pues consideró que “con indignación vemos y denunciamos que se instrumentó un operativo de aparente limpieza” en la comunidad de Villalta, municipio de Tepetitla.
Apuntó que desde hace 15 días, “a marchas forzadas”, en un tramo del río se recolectaron residuos, se retiró flora y se emparejaron caminos, por lo que llamó “cosméticas” a estas acciones.
Pero recriminó que en esos trabajos se haya utilizado una retroexcavadora y extraído lodos tóxicos, “exponiendo a la población a todo ese material”.
Añadió que previo al arribo de Sheinbaum Pardo, “se abrió una compuerta río más arriba, donde no hay descargas industriales”, ello, con el objetivo de disolver y arrastrar contaminantes generados por las industrias, “aparentando que no es tan grave la situación y que casi no hay olores tóxicos ni contaminación grave, como en realidad se vive cotidianamente”.
Por tanto, denunció que en la Cuenca del Alto Atoyac “continuamos viviendo una devastación socioambiental, con fuertes impactos en la salud y la vida de quienes aquí habitamos”, como resultado “de un desvío de poder del Estado que, contrario a representar y garantizar los derechos de la ciudadanía, durante más de medio siglo ha favorecido la industrialización”, agudizada por los tratados de Libre Comercio.
Derivado de estos acuerdos, actualmente están asentadas más de 22 mil industrias “que hacen uso del agua como un recurso de producción, la venden como una mercancía y la contaminan con sustancias tóxicas” a través de sus procesos de producción.
Expuso que el investigador Omar Arellano Aguilar ha demostrado que en el Atoyac-Zahuapan existen 104 contaminantes tóxicos, de los cuales solo 22 se encuentran actualmente normados (NOM-001-SEMARNAT-2021) y agregó que más de 60 por ciento de las descargas de aguas residuales rebasan los límites máximos permitidos de toxicidad.
El CFJG abundó que la Cuenca del Alto Atoyac es considerada una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), debido a “la debilidad institucional” que no garantiza ni respeta los derechos humanos, “como ha ocurrido con la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos).
Al respecto, remarcó que a ocho años de la emisión de la recomendación 10/2017, ese organismo “ha dado por cumplidas las recomendaciones” dirigidas a dependencias federales del sector ambiental.
“Sin embargo, las comunidades afectadas, constatamos en el territorio que la recomendación no ha sido cumplida” y que la situación de contaminación e impactos en la salud, “sigue presente y agravándose”, como se ha documentado en el Primer informe estratégico. Cuenca del alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): región de emergencia sanitaria y ambiental; problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral.
Reiteró que a nivel estatal se impulsan acciones que carecen de una perspectiva para la garantía del derecho humano al agua y su saneamiento, como las realizadas en el Congreso local desde 2023, mediante una serie de iniciativas.
Criticó que el pasado 11 de febrero de 2025, la diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona presentó la iniciativa para reformar el artículo 26 de la Constitución Política del estado, a fin de establecer el concepto de “mínimo vital”, que implica “el riesgo de reducir el acceso al agua a un estándar de litros”, sin considerar que hay familias que requieren un volumen mayor para producir alimentos. “Un derecho humano nunca debe llevarse a su mínima expresión sino a su vivencia plena”.
Asimismo, anotó que el Plan Nacional Hídrico (PNH) de Sheinbaum Pardo, prevé la restauración de los tres ríos más contaminados, pero no desde una perspectiva de cuenca, sino a través de plantas de tratamiento que “no resuelven el problema principal”, hasta en tanto las empresas que son fuentes de contaminación, “sigan usando a los arroyos y ríos como drenajes y se estimule su expansión”.
Reiteró que en los últimos meses, los gobiernos municipales de Tepetitla, Ixtacuixtla, Zacatelco y Papalotla han realizado jornadas de limpieza, en las que han convocado a la población, respaldadas por instituciones del sector ambiental federal y estatal, poniendo en riesgo la salud de las personas al exponerlas a contaminantes contenidos en el río, “lo cual muestra la falta de capacidad técnica y poca sensibilidad”, de ahí que requirió dejar de hacer esta acción.
Frente a la devastación en el Atoyac-Zahuapan exigió que la CNDH reconozca que la contaminación y su impacto en la salud “siguen presentes y en aumento”, y por tanto no hay un cumplimiento real de la Recomendación 10/2017, sino una aguda violación a los derechos humanos.
Recalcó que el plan integral de saneamiento debe tomar como base los estudios ya existentes en el Primer Informe Estratégico del entonces Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), desde una perspectiva de cuenca y con inclusión de las comunidades afectadas y de las y científicos que han realizado investigaciones al respecto.
Pidió que el Congreso del estado retire la iniciativa de concepto de “mínimo vital” y establezca el derecho humano al agua, como lo indica la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Desca) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Exigimos que se garantice que ninguna industria se conecte a los drenajes municipales”, subrayó. Mientras que a la presidenta de la República le solicitó “que mire más allá de lo que el estado falsamente quiere mostrarle y asuma la posición de saneamiento real”.
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